domingo, 24 de abril de 2011

ASTURIAS - LA DEPENDENCIA, UNA LEY "LOW-COST"

Sólo 15.047 de los más de 40.000 asturianos que solicitaron ayuda desde 2007 la reciben.

La mayoría son pagas al cuidador familiar


BALANCE OFICIAL

44.617
Cifra de asturianos que solicitaron ayudas a la dependencia desde el 23 de abril de 2007.

20.880
Cifra de asturianos que, a 1 de abril, tenían derecho a recibir una ayuda a la dependencia.

5.803
Cifra de asturianos que, a 1 de abril, tenían derecho a una ayuda, pero no la recibían.

11.813
Beneficiarios de más de 65 años. Hasta 64 años, 2.898. Menores sólo hay 40.

7.701
Cifra de beneficiarios que optaron por pagar a un familiar para que les cuide en casa.



Cumple cuatro años, pero es una ley geriátrica.
Nació para promocionar la autonomía personal, pero se ha centrado en la dependencia.
Se gestó como el motor de los servicios especializados, pero se ha convertido en un mero reparto de pagas a cuidadores familiares.
Se la suponía dotada de millones de euros, pero ha resultado 'low-cost'.

Es la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia.
Es la Ley de la Dependencia y este sábado, día 23, celebra su cuarto aniversario.

Ese día, pero de 2007, Asturias era la primera comunidad autónoma en poner en marcha real una ley que, de forma oficial, había entrado en vigor el 1 de enero. Las expectativas de los colectivos de discapacidad eran enormes, ya que la norma se presentó como la clave para convertir en derecho de obligado cumplimiento una atención que, hasta ese momento, era fruto del esfuerzo de las familias y la voluntad de las instituciones.

Decía (y dice) la ley que las personas con dependencia, en cualquiera de sus tres grados, accederían de forma escalonada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un sistema equiparado al sanitario y al educativo. Es decir, que los servicios serían universales, la autonomía sería la prioridad y los beneficiarios no pagarían más de un tercio del coste de la atención.

Por no hablar de que multiplicaría los puestos de trabajo dentro de la atención especializada: ayuda a domicilio, centros de día y residencias. Sin olvidar al asistente personal. De hecho, en la norma se dice claramente que la paga para que un familiar cuide del dependiente será algo «excepcional».

Con esa tarjeta de presentación, 44.617 asturianos, 4 de cada 100 habitantes del Principado, solicitaron ser valorados. Sin embargo, la mosca tras la oreja que tenían muchos de los aspirantes -la ley se ponía en marcha con cuatro meses de retraso- pronto se confirmó.

Las previsiones hablaban de que en Asturias había 6.000 grandes dependientes. En cuatro años son 10.525 los que ya tienen ese certificado, a los que se suman otros 7.241 con dependencia severa. Es decir, los que entrarían en el SAAD.

Cuatro años después, los servicios son, realmente, lo «excepcional». En Asturias hay 7.701 familiares que cobran por atender, en su casa, a un pariente con dependencia. De acuerdo a los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), la media recibe entre 477 y 287 euros al mes, una cantidad muy lejana de los 733 que, de media, debe pagar el Principado a los que optan por un servicio.

Falta de financiación


Porque si el colapso en la atención fue la primera señala de alarma, la falta de financiación de la ley fue rápidamente protagonista. Desde el Principado, como otras comunidades, se acusó al Estado de no aportar lo que debe, ya que es Asturias la que soporta 8 de cada 10 euros que supone la atención a las personas dependientes. En estos cuatro años, la inversión regional superó los 1.200 millones. La estatal no llegó a 130.

Mientras las administraciones se pelean, los beneficiarios son llamados a pagar. A ellos se les recuerda que la ley decía (y dice) que deben aportar la tercera parte de los servicios y, aunque el Principado reconoce que de los 2.000 euros que cuesta una plaza residencial para un gran dependiente, el Estado sólo aporta 260, al usuario le reclama el 84% de sus ingresos.

Por ese motivo, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales -el 'pepito grillo' de la ley, el ente que la evalúa cada semestre- se califica a la norma de «low-cost», porque las comunidades, entre ellas Asturias, «han apostado por las pagas a familiares, que son mucho más económicas y, cuando dan servicios, no nos dicen con qué intensidad lo hacen». Es decir, que salvo a los usuarios de residencias, casi 3.400, de los demás no se sabe «cuántas horas de ayuda a domicilio reciben, pero sabemos que la media es de dos al día, algo absolutamente insuficiente», asegura el presidente de la entidad, José Manuel Ramírez.

«Una ley que no se cumple»

El resumen de estos cuatro años es que estamos ante una ley «que no se cumple». El Principado mantiene a «5.803 asturianos en el limbo», en referencia a los que ya tienen derecho a una prestación, pero aún no la reciben.

Tampoco se respetan los plazos, fijados en seis meses, pero hoy aún se tarda más de un año en obtener respuesta y, sobre todo, «está cundiendo la desesperanza entre los beneficiarios», lamenta Ramírez quien destaca que, incluso, «el Principado es de las comunidades que mejor se están portando».

El 23 de abril, la Ley de la Dependencia cumple años en Asturias. Pero no habrá celebración.

Fuente : elcomercio.es

1 comentario:

  1. 4 años de Ley de Dependencia con desigualdades en su aplicación

    La Ley de Dependencia cumple cuatro años.

    Se aprobó con gran consenso, pero no en todas las comunidades autónomas se ha desarrollado con las mismas garantías.

    Sus pilares son tres: la financiación, la universalidad de los servicios y los tiempos de tramitación.

    La norma se pensó para ser financiada a partes iguales entre comunidades, gobierno y beneficiarios, pero no ocurre así en todas las autonomías.

    Las Administraciones no contaron con tanta demanda, así que las cifras no cuadran. Por ejemplo, el año pasado el gobierno gastó en su aplicación 5 millones y medio de euros, millón y medio más que en 2009. Comunidades como Cataluña a recortar gastos.

    En Asturias, dos de cada cien personas son dependientes. En cifras redondas, 26.700 reciben alguna atención o prestación social de la red pública.

    De ellos, poco más de la mitad, 15.000, están bajo la protección de la Ley de la Dependencia.

    El resto o no han tramitado la solicitud o están siendo evaluados o su grado y nivel de dependencia aún no están en vigor.

    De todas formas, no están desantendidos, ya que perciben ayudas del sistema público, tal y como ha resaltado Noemí Martín, consejera de Bienestar Social y Vivienda. Para Martín esta Ley de Dependencia supone "un salto nuevo en los derechos del ciudadano".

    Según datos de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, desde 2007, 44.617 personas han solicitado ser evaluados, aunque 7.000 no lo han conseguido aún. 23.905 tienen reconocido el derecho, y de ellos, 18.904 ya se benefician de las prestaciones que les garantiza la Ley.

    En todo este tiempo, el gobierno asturiano ha invertido más de 1.100 millones de euros en atención a las personas en situación de dependencia.

    La consejera de Bienestar Social ha destacado que el Principado sigue "haciendo esfuerzos para reducir los plazos de tramitación que están por encima de los 6 meses".

    Este año entra en vigor el derecho para las personas con grado I y nivel 2. En los primeros meses, 3.000 personas ya han sido valoradas. La Consejería espera que en diciembre haya 8.500 nuevos beneficiarios.

    Fuente : rtpa.es/asturias

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