GALICIA ADELANTA AL GOBIERNO CON UNA LEY DE TECHO DE GASTO

Galicia adelanta al Gobierno con una ley de techo de gasto

La Xunta se desmarca con una norma para “evitar el despilfarro en las épocas de bonanza”, según apunta la consejera de Hacienda de Galicia.

Poner coto al gasto de las comunidades se ha convertido en el nuevo caballo de batalla del Gobierno ante las embestidas de rigor que le exige Bruselas.

José Luis Rodríguez Zapatero prometió hace una semana a sus socios del euro lanzar en septiembre una norma de estabilidad presupuestaria más contundente con la capacidad de endeudamiento de las comunidades.

Al margen de este propósito, todavía por concretar, Galicia ha dado un paso al frente y será la primera autonomía en poner un corsé legal a sus cuentas.

“La regla de disciplina es vital en épocas de crecimiento. El techo al gasto es una garantía de la salud financiera”, asevera Marta Fernández Currás, consejera de Hacienda de la Xunta. En una entrevista con EXPANSIÓN, argumenta que el objetivo del anteproyecto de ley gallego busca acomodar el crecimiento del gasto al del PIB nominal, siempre que el avance de la economía supere el 2,5%.

De esta manera, todos los ingresos extra generados en las épocas de bonanza “no se destinarán a elevar el gasto, sino a amortizar la deuda”.

Esta norma, pionera hasta el momento, mejora el principio de prudencia que debería regir la gestión de las cuentas públicas, ya que, como expresa Currás, “evita el despilfarro en épocas de crecimiento”.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria vigente desde 2006 obliga a cerrar en superávit cuando el ciclo económico es positivo de manera que esos excedentes puedan financiar las recaídas de ingresos y el déficit que sobrevienen en los ciclos de recesión.

El problema es que durante el boom económico de la última década, la burbuja de ingresos fiscales fue tan fuerte que las Administraciones podían cerrar sus cuentas en positivo y, a la vez, disparar el gasto (por encima del PIB nominal).

Gasto corriente

“Ese crecimiento del gasto no financiero se ha consolidado como gasto corriente, en una estructura administrativa difícil de desmontar ahora”, añade Fernández Currás. Especialmente, añade, en 2008 y 2009.

En esos dos ejercicios, el Gobierno realizó una previsión de ingresos tributarios de las comunidades autónomas muy por encima de la realidad. La liquidación definitiva del sistema (dos años después) ha dejado un agujero de 25.000 millones de euros (la diferencia entre lo que el Estado adelantó a las comunidades y lo que finalmente se ha recaudado).

Por ley, ese dinero debe ser devuelto a las arcas de la Administración central (se amplió el plazo de dos a cinco años). El problema, en cambio, es que esos recursos “extra” lejos de fomentar la disciplina impulsaron la carrera del gasto autonómica.

Fernández Currás explica que “si en la época de crecimiento entre 2004 y 2008 se hubiera aplicado la ley que planteamos ahora, la Xunta hubiera ahorrado 2.000 millones de euros. Sorprende cómo durante cuatro años los ingresos fueron superiores al PIB nominal y nadie hiciera nada”.

La consejera gallega ve más fisuras en la actual Ley de estabilidad. Ésta permite un déficit adicional de 0,75 puntos del PIB para inversiones productivas en las comunidades. “Durante años, esas inversiones podrían haberse financiado con ahorro bruto, en vez de déficit.

De esta manera, el histórico de endeudamiento sería más bajo”. Por lo tanto, tendrían un mayor colchón para demandar ahora financiación externa a los mercados de capitales.

Fernández Currás cree que, al margen de las medidas que tome cada comunidad, “es necesario llegar a un consenso como país”. “Hay muchos culpables”, admite, pero demanda del Estado un liderazgo para coordinar una respuesta común. Y exige “discriminar entre las comunidades que cumplen de las que no”. Galicia, de hecho, ha cumplido el techo de déficit en los dos últimos años.

300.000 euros al día menos en fármacos

Fernández Currás cree que su comunidad ha abierto “un debate jurídico muy importante con el catálogo de medicamentos”. En pleno debate sobre la sostenibilidad de la Sanidad, el Estado ha llevado a los tribunales esta iniciativa gallega por presunta invasión de competencias.

“¿Por qué inventamos una refriega en algo que el ciudadano sí siente y entiende? Galicia ahorra 300.000 euros diarios en medicamentos y no hemos dejado de abastecer fármacos”, explica la consejera gallega. En su opinión, es necesario abrir “una reflexión obligada” sobre servicios que prestan las comunidades, cuya regulación básica recae en el Estado.

Por ejemplo, en toda la estructura de servicios que despliega la ley de Dependencia. “Los recursos son los que son. Es necesaria más lealtad institucional”, asevera

Fuente : expansion.com