ASTURIAS PAGA CARA LA ATENCIÓN SOCIAL

Asturias paga cara la atención social

Las leyes de la Dependencia y del Salario Social han costado 1.300 millones desde 2007

Asturias paga la atención social. Y muy cara.

Hasta superar los 1.300 millones de euros de desembolso en esta legislatura. Cifra a la que se debe añadir la mayor parte del montante manejado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

Ésta llegó en 2011 a la cifra récord de un presupuesto superior a los 421 millones de euros.

Y no sólo le resulta especialmente costosa a Asturias la atención social porque la región lidere las estadísticas españolas en cuanto a habitantes mayores de 65 años -2 de cada 10 asturianos ya peinan canas-, o en lo que a personas con discapacidad se refiere, ya que con 140.931 afectados no hay otra comunidad del país con más alto porcentaje de habitantes con discapacidad: el 13%.

Tampoco influye en la carestía el hecho de que en los últimos años se hayan puesto en marcha dos leyes que convierten en obligatoria la atención a los que menos tienen, ya sea recursos -garantizados con la asturiana Ley del Salario Social, desde 2005-, ya autonomía, con la estatal Ley de la Dependencia, que entró en vigor en abril de 2007.

Si Asturias paga cara la atención social no es por esa combinación de lastres demográficos -a los que hay que sumar la más baja tasa de natalidad del país- y entrada en vigor de leyes ambiciosas, sino porque es el Principado el que aborda, casi en solitario, el coste que requiere.

De los presupuestos regionales han salido los 123 millones destinados, desde 2007, al salario social. Como los casi 1.200 millones a los que, en el mismo periodo, obligó la entrada en vigor la Ley de la Dependencia. En ese mismo periodo, el Estado ha aportado 116 millones de euros.

A tal punto ha llegado el esfuerzo regional que 2 de cada 10 euros necesarios para cumplir con esta última norma -llamada a ser histórica, pero marcada por los atascos y los retrasos- salen de las arcas regionales.

Y lo hacen aunque la tercera parte del coste debería aportarla el Ministerio de Sanidad y Política Social.

Sin embargo, los fuegos artificiales que acompañaron al nacimiento de esta ley, con la que se daba un paso de gigante en la atención a las personas con dependencia, imposibilitadas para realizar hasta las tareas más básicas de la vida diaria, pronto se desvanecieron en el aire.

La crisis económica global, que germinó en 2008 y explotó en todo su esplendor al año siguiente, obligó a recortar gastos, proceso que el Estado ejecutó sin tener demasiado en cuenta que había una ley que cumplir.

Como ejemplo práctico de que al Principado la atención social le resulta cara es lo ocurrido en 2009, año en el que mientras cada asturiano aportó 93 euros al año para la Ley de la Dependencia, los madrileños se limitaron a poner sobre la mesa 49.

266,5 euros de 1.927

Y es que las cuentas no salen desde el momento en el que el Gobierno central decide que su máxima aportación por cada persona dependiente serán 266,57 euros al mes. Una novena parte de lo que, realmente, cuesta atender a esa persona, ya que sólo el coste oficial de una plaza residencial se eleva a 1.927 euros mensuales. El real supera, según todos los expertos, los 2.000.

La situación se agrava porque el coste se mantiene si la persona con dependencia tiene un grado inferior-por ejemplo un grado II, nivel 2-, pero, en ese caso, la aportación estatal disminuye. No llega a los 71 euros mensuales.

Estos desfases entre el gasto real y la aportación estatal son el origen de las sombras que cubren a la Ley de la Dependencia, con casi 4 de cada 100 asturianos solicitándola en los últimos cuatro años, pero de la que, a 1 de abril, según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sólo se beneficiaban realmente 15.047.

Casi 6.000 más esperan a llegar a un acuerdo con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para poder disfrutar de su derecho.

La sombra de los retrasos se agranda ahora con la amenaza del copago, una decisión que vuelve a colocar a Asturias entre las regiones que primero ponen en aplicación la ley. Ya lo hizo el 23 de abril de 2007 y, desde el 1 de enero pasado, es una de las pocas comunidades españolas que ha decidido cobrar a los usuarios de los servicios de dependencia, discapacidad y mayores.

La medida no ha gustado a familiares y usuarios, hasta el punto de que aún hoy nadie sabe qué va a pagar ni cuándo, porque Bienestar ha aceptado el reto de reformar un decreto que entró en vigor con el año y que computaba como ingresos la pensión de orfandad, la paga de hijo a cargo o, por ejemplo, obliga a una joven perceptora de una pensión de 339 euros mensuales a pagar un total de 285 por ocupar una residencia para discapacitados.

Asalariados de por vida

Por su parte, la del Salario Social también es una ley con claroscuros. Si bien su puesta en marcha ha sido reconocida por todos los colectivos que trabajan con personas en riesgo de exclusión como «imprescindible», lo cierto es que la falta de desarrollo normativo la ha convertido en una paga casi eterna con 30.000 nóminas desde 2007.

Nacida para erradicar la pobreza extrema, en la que se encuentran quienes no llegan a los 300 euros de ingresos mensuales, la Ley del Salario Social ha supuesto la ayuda para muchas personas expulsadas de por vida del mercado laboral, ya sea por edad o por estado de salud.

Sin embargo, la prestación acumula también retrasos, de hasta siete meses, y carece del denominado Plan Individual de Atención, el que vincula esa paga a un compromiso formativo o laboral. Su coste, como el de la dependencia, también sale de las arcas regionales.

Acaba ahora una legislatura marcada por el coste social y por dos maneras de entenderlo. Bienestar comenzó siendo gestionada por el PSOE y, desde diciembre de 2008, lo es por IU, su socio en el Gobierno regional.

No obstante, los recortes parecen indicar que la gestión real la marca la Consejería de Economía.

Fuente : elcomercio.es