CÓMO "NO" SE APLICA LA LEY DE DEPENDENCIA

Cómo (no) se aplica la ley de dependencia

 

PUBLICÓ hace unos días este periódico el informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre lo que está pasando aquí, no en Madrid, con las prestaciones de la ley de dependencia a que tienen derecho nuestros mayores. 

 

Y lo que está pasando es lo que ya se sabía en la calle: que el gobierno de la Junta de Andalucía ha dejado de dispensarlas mediante el perverso procedimiento de no resolver los expedientes.

Pero lo más grave es que, siendo obligada y óptima la ocasión para hacer sangre (en sentido político, claro), tampoco la oposición en el Parlamento andaluz haya dicho nada significativo al respecto (¿es que acaso pasa lo mismo en las comunidades gobernadas por el Partido Popular?). 

 

El informe trae causa en el elevadísimo e inusual número quejas de dependientes que, tras los trámites de rigor, de por sí desmesuradamente dilatados (sólo quienes los padecen saben cuánto tiempo duran), están a la espera de sus prestaciones (más de un año llevan), sin recibir el reconocimiento de las mismas (el último trámite) por parte de la Junta (¿no decían que las autonomías eran precisamente para acercar el gobierno al ciudadano?).

Pues bien, el informe del Defensor concluye que todo obedece a un plan preconcebido de "prolongar de manera indefinida" la tramitación, "de forma tal que… nunca llega a resolverse". 

 

Tengo que reconocer que me ha sorprendido tan valiente y demoledor informe: que desde una institución pública se ponga de manifiesto la realidad real de Andalucía y, sobre todo, que se haga precisamente en una de esas fibras sensibles a las que con tanta insistencia y jactancia recurre la propaganda oficial del régimen: esos derechos sociales de que alardea a boca llena y de los que, frente a reales o ficticios recortes que denuncia que realizan otros gobiernos, el de la Junta se autoproclama su máximo adalid.

No obstante, hay un par de ideas que escapan del informe. 

 

La primera va en clave política, de decencia o dignidad política: si una autoridad o cargo público justifica su condición y sueldo en la gestión y resolución de los asuntos que le encargan las leyes, en especial, los que de verdad importan a los ciudadanos (y la dependencia es, sin duda, uno de la máxima relevancia, social e individual); si se descubre que ese cargo, de una manera sistemática y deliberada, no resuelve los expedientes, que hace dejación de funciones -pero cobrando indefectiblemente el sueldo-; si se descubre, en definitiva, que es incapaz de gestionar las prestaciones que la ley le encomienda (por lo que sea: porque le falte el dinero -el informe minimiza esta excusa- o porque el que tenga se lo gaste en otras cosas -sus prioridades, las suyas-); 

 

si todo esto sucede así, creo que la dimisión o cese del responsable último de la Dependencia en Andalucía (no sé si el Presidente de la Junta, la consejera de Bienestar Social o el titular -como lo llama su web- de la Agencia de Dependencia) es lo mínimo que se puede esperar y exigir: que deje paso a otra persona (del mismo, de otro o de ningún partido, porque no es de esta política de lo que hablo) que seguro que, con el dinero disponible (el mismo que tienen otras comunidades en las que, en cambio, no sucede esto), consigue satisfacer las prestaciones, aunque para ello tenga que prescindir de gastar en, qué digo, subvenciones de cooperación exterior.

Y la segunda idea va en clave ya de Código Penal, que dice que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público". 

 

¿Acaso no es una decisión arbitraria e injusta la de guardar en un cajón y no resolver los expedientes? 

 

No estoy seguro de que el comportamiento del autor de tan vergonzoso y siniestro plan para negar las prestaciones a los dependientes (¿quién lo ha urdido? ¿quién ha dado la orden de ejecutarlo? ¡que dé la cara, por favor!) esté comprendido en la definición del delito de prevaricación. 

 

Pero si no lo está, poco le falta y, desde luego, de justicia sería que estuviera, máxime porque sus víctimas, personas de edad y sin posibilidad real de defensa, fallecen las más esperando esas prestaciones que, con vulneración y desprecio absoluto de la ley, el Gobierno andaluz les está sustrayendo. 

 

De infame manera, además.

 

 Fuente  :   diariodecadiz.es/article/opinion