Crecen las asignaciones para que el dependiente pague el servicio fuera del sistema público
Algunos ven en ello un paso hacia la privatización
Las aseguradoras quieren participar
Oficina de coordinación de la dependencia de la Comunidad de Madrid.
Privatizar.
La palabra de la polémica, las pancartas y las
manifestaciones; la que unos conjuran y otros enarbolan, ha llegado al
sistema de la dependencia.
No alcanza aún el eco conseguido en la
sanidad pública, pero no son pocos los que alertan de que se está
desvirtuando el espíritu de un sistema que nació público y universal.
Los que avisan de ello empezaron a ver las orejas al lobo en algunas
declaraciones de los actuales responsables gubernamentales, como las del
secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, hace
unos meses, recogidas por la agencia Efe: “Queremos derivar gran parte
de la actividad hacia el sector empresarial porque es lo sensato, hay
muchas empresas que se dedican a ello, es un sector maduro que hace un
magnífico trabajo”. Se trataba, repetía entonces, de hacer “sostenible”
el sistema.
El sector empresarial siempre ha estado presente en este ámbito.
Servicios como los de residencias geriátricas, centros de día o ayuda a
domicilio son ofrecidos por empresas privadas, aunque lo paga el Estado y
el propio beneficiario.
Y no hay mucho que objetar a ello, casi nadie
niega que esta colaboración público-privada es adecuada.
La propia
redacción de la ley recoge que los cuidados en casa solo se pagarían de
forma excepcional, cuando los servicios profesionales no estuvieran al
alcance.
A pesar de ello, en los pocos años que lleva el sistema en
marcha, desde 2007, se han concedido más pagas para los cuidadores
familiares que prestaciones para abonar estos servicios fuera del hogar.
El Gobierno actual se propuso revertir esa situación. ¿Se refería a eso
Moreno con aquella frase en Sevilla?
Parece claro que sí, pero el
resultado, dice la oposición, está muy lejos del deseado. “Lo que ahora
nos están ofreciendo es un cheque-servicio, y todo el mundo sabe lo que
significa eso, privatizar el sistema”, dice la consejera asturiana de
Bienestar Social, Esther Díaz.
El cheque-servicio, que tantas veces se ha intentado implantar en el
sistema educativo, consiste en dar un dinero a los padres para que
ellos, supuestamente, elijan el colegio que deseen.
Los críticos
sostienen que, a la larga, sucede exactamente lo contrario: es el
colegio el que elige a los padres y alumnos que desea.
El
cheque-servicio equivaldría en dependencia a la llamada Prestación
Económica Vinculada al Servicio, una ayuda, de las ocho que se conceden,
que no había tenido demasiado desarrollo hasta ahora.
Se trata de dar
un dinero para que el dependiente pague por un servicio, una plaza de
residencia, un centro de día o un cuidador profesional.
Solo
Extremadura, Castilla y León y Aragón, por ese orden, tienen un
porcentaje estimable de estas prestaciones.
Pero es la única que crece
en estos momentos.
En los datos estadísticos que acaba de hacer públicos
el Gobierno, correspondientes a diciembre, todas bajan, excepto esa.
A pesar de que la ley tampoco da carácter prioritario a esta ayuda y
establece que únicamente se concederá cuando no sea posible el servicio
público.
“En Asturias se hizo mucho esfuerzo por tener residencias y centros
de día públicos; hay, pues, oferta, pero primar esta ayuda aboca a los
centros privados allí donde no haya oferta pública.
Pero para pagar
estas plazas no les alcanzará con el dinero que les dan [el
cheque-servicio], así que, el que pueda completar el resto de lo que
cuesta una plaza de residencia, por ejemplo, pues lo tendrá que poner de
su bolsillo y el que no, se tendrá que ir a la beneficencia”, dice la
consejera asturiana.
Son dos los peligros que los expertos ven en este cheque: la creación
de un sistema dual, donde los que puedan pagar serán bien recibidos en
geriátricos con dotaciones (con podología, fisioterapia, peluquería...) y
los centros públicos se quedarán para aquellos que no tengan nada que
sumar a ese cheque, que tampoco es tan alto, pues puede rondar entre los
500 y los 700 euros.
Por decirlo en palabras llanas: los ricos a lo
privado y los pobres a lo público.
Para calcular el copago del usuario en las ayudas que se reciben por
dependencia se tiene en cuenta la renta y el patrimonio únicamente del
beneficiario.
Pero si en lugar de conceder una plaza de residencia dan un cheque
con dinero, en el que ya se tiene en cuenta ese copago, las familias,
los hijos, podrán verse obligadas a aportar de su bolsillo para
completar lo que falte para la residencia del anciano. Las que puedan,
claro.
A menos que se haya sido previsor y ahorrador y se haya contratado un
seguro de dependencia.
Desde 2007 empezaron a aparecer tímidamente,
aunque no acaban de despegar.
Apenas 26.000 personas los han contratado
entre los 100 millones de pólizas que existen de todo tipo.
“Están
estancadas, en el último año han crecido un 7,25%, pero con una cifra
tan pequeña eso no significa mucho”, dicen en la patronal de las
aseguradoras, Unespa.
“Lo que buscan las aseguradoras no es cambiar un sistema público por
uno de seguros privados, sino complementar lo que ya paga el ciudadano”,
asegura el director del área de seguros privados de Unespa, Luis Miguel
Ávalos.
En España, dice Ávalos, “no hay mucha experiencia con estos
seguros, que son muy especializados, y se necesita que el Gobierno
proponga incentivos fiscales para hacerlos atractivos.
Y no los están
incentivando, ni jurídica ni fiscalmente. Dicen que lo tendrán en
cuenta, pero que no es el momento”.
Ávalos cree que solo de esta forma
se consolidaría el sistema.
El problema, dicen, es que no hay
desgravaciones fiscales por dependencia cuando ya se ha llegado al tope
con otros seguros, por ejemplo, uno de vida o de jubilación.
¿Pero tiene la población española para seguros? “Normalmente los que
contratan estas pólizas son los que ya tienen alguna otra, de vida, por
ejemplo.
A los que les preocupa que puedan ser un problema para
terceros.
Nuestro segmento es la clase media”, reconoce Ávalos.
“Aquellos dependientes a los que el Estado les paga todo porque no les
llega tampoco tendrían capacidad para asumir un seguro”, admite.
A pesar de ello, explica que no son caros. Los hay de dos tipos, unos
tienen una prima mensual muy barata, apenas el precio de salir a comer
un día a un restaurante, dice Ávalos.
El problema de estos es que si
llegada una edad uno no se ha convertido en dependiente lo pierde todo, o
como dicen las aseguradoras, “no acumulas un ahorro”.
El segundo, el de
la prima más cara, sí constituye un ahorro para la jubilación aunque no
se haya caído en la dependencia. “La capacidad de los españoles es
limitada, pero todo es cuestión de prioridades”, dice Ávalos.
La prioridad de José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma
por la Ley de la Dependencia de Castilla-La Mancha, es atender a sus
hijos, con gran dependencia ambos.
Se acercó a una de estas aseguradoras
para ver qué le ofrecían. “Yo hice como que el seguro era para mí.
Lo
primero que me dijeron es que el sistema de dependencia no era
sostenible, que no había dinero público para atenderlo, lo mismo que
dicen aquí los políticos, y que si a los 85 años yo no había tenido
problemas el seguro se extinguía.
Además, no vale para gente que ya esté
reconocido dependiente.
Buscan gente sana”, lamenta.
El mensaje sobre la no sostenibilidad del sistema al que se refiere
Gómez-Ocaña también es criticado por políticos en las filas socialistas.
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero,
cree que el Gobierno “está lanzando dudas sobre la credibilidad del
sistema y sobre el uso que dan los ciudadanos a las prestaciones.
Igual
que se ha hecho con los medicamentos, que se acusó a los mayores de
defraudar con sus recetas, se hace ahora con la dependencia, filtrando
el informe del Tribunal de Cuentas para decir que las familias estaban
cobrando lo que no les correspondía”.
El secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno,
también lanzó mensajes de fraude al criticar las ayudas que se conceden a
las mujeres que cuidan a los ancianos en casa.
“Venden la libre
elección del ciudadano cuando hablan del cheque-servicio, pero cuando
esos mismo ciudadanos eligen libremente la prestación económica para
cuidar en casa les penalizan”, dice María Jesús Montero.
Estas ayudas
han caído un 15% en el mejor de los casos, en algunas comunidades mucho
más.
“Claro que se está privatizando la ley. El Estado se ha ido
retirando de la financiación y las comunidades se verán abocadas a
ofrecer el cheque-servicio. Eso ya no te obliga a hacer una oferta
pública de centros. Bastará con la privada”, añade Montero.
Los mensajes son importantes.
Pablo Cobo, al que algunos llaman padre
de la Ley de Dependencia aunque él prefiere decir con modestia que
participó activamente en su redacción, trabaja hoy como director de la
revista de la Fundación Caser (Caser es un grupo de seguros con 70 años
de experiencia), de la que es vicepresidenta Amparo Valcarce, que fue
secretaria de Estado con Zapatero y responsable de esta misma ley.
Cobo
opina que los servicios sociales “nunca han sido públicos en el ámbito
institucional, la gestión siempre ha sido muy privada, tampoco hay que
rasgarse las vestiduras en ese sentido”.
Critica que hayan “disminuido
los presupuestos drásticamente”, pero sobre los seguros privados afirma
que “ya se contemplaban en la ley para garantizar al ciudadano que pueda
hacer frente al copago, como en el sistema francés”.
Reconoce que si se
generaliza la prestación vinculada al servicio, [el cheque] “se cede al
ámbito privado la gestión de los servicios públicos, pero no es un
drama, es una forma de hacer”.
Es, a su juicio, una fórmula que compensa
una parte del gasto público en lugar de que lo cubra todo la
Administración.
El director de la Fundación Caser, Juan Sitges, niega en redondo que
la ley se esté privatizando.
“Son opiniones infundadas, solo se baraja
complementar lo público con fórmulas del sector privado.
Es como las
pensiones, a las que tenemos derecho, pero donde también hay cabida para
productos privados”, defiende.
¿Podrá todo el mundo suscribir un
seguro? “No se trata de tener más o menos [dinero] sino de pensar desde
que se es joven en planificar.
Si ahorráramos todos desde los 25 años
tendríamos una ayuda complementaria”.
Reconoce, sin embargo, que las
hipotecas no dejan mucho margen de ahorro a los españoles.
“Las familias con menos renta se verán afectadas si deben completar
sus pagos mediante seguros privados porque no podrán pagar estos
servicios”, dice Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la
Universidad Pompeu Fabra.
“El sistema público de dependencia estuvo
subfinanciado desde el principio”, dice, y “esta situación ha empeorado
de una manera muy acentuada en los años de crisis debido a los recortes
de gasto en estos servicios, que han sido particularmente acentuados en
este último año”.
Navarro no tiene duda.
“Sí, hay signos claros de que los partidos
conservadores y los de sensibilidad liberal que gobiernan España y
varias comunidades, están intentando privatizar los servicios públicos
del Estado del bienestar, incluyendo los de dependencia. Y eso incluye
tanto la privatización de la financiación como la privatización de la
gestión”, añade.
“Las aseguradoras están detrás del pastel de la dependencia desde que
se redactaba la ley.
Trataban de incluirlo en la redacción a través de
la patronal de empresarios (CEOE) o de las propias aseguradoras haciendo
lobby.
Ya antes de redactarse la ley, la CEOE en las mesas de
negociación defendía una financiación mediante aseguramiento privado”,
explica una de las responsables de UGT, Almudena Fontecha, que fue
protagonista de aquel proceso.
“La privatización siempre forma parte de
la ideología del PP, pero lo que ocurre ahora es más grave,
sencillamente se está quitando el derecho a los ciudadanos, cada vez hay
menos usuarios, es como si en la Sanidad se sacara a un 25% de los
enfermos sin más”.
Fuente : sociedad.elpais.com/sociedad
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