Más de 2.800 ilicitanos, a la espera de recibir ayudas de la Ley
Un total de 2.826 personas aún no han percibido en Elche las prestaciones reconocidas por la Ley de Dependencia, a las que se suman los 1.018 dependientes que murieron en el municipio a la espera de la resolución de la Generalitat desde 2007.
Así lo ha asegurado hoy a EFE la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche, Vicenta Pérez, quien ha calificado de "vergonzoso" y "deplorable" que la Administración autonómica "todavía no haya resuelto los casos de los grandes dependientes -grado tres-, cuando la Ley entró en vigor en enero de 2007".
Pérez ha precisado que la localidad ilicitana cuenta con 826 dependientes con el Programa Individualizado de Atención (PIA) tramitado y a la espera de la "resolución definitiva" por parte de la Conselleria de Bienestar Social, aprobación que "daría lugar al pago" de las ayudas.
De éstos, 204 continúan pendientes de resolución desde 2007; 193, desde 2008; 329, desde 2009, y 100, desde 2010, todos ellos con una dependencia reconocida por la Conselleria de grado tres y dos.
Según Pérez, "a estas 826 personas se suman otras 2.000 que todavía no cuentan con el PIA y, por lo tanto, se encuentran en diferentes trámites administrativos".
Respecto a los dependientes que ya perciben las ayudas, ha señalado que son un total de 1.007.
Por ello, ha solicitado a la Generalitat que "cumpla con el plazo de seis meses exigido por la Ley para la tramitación y resolución de las solicitudes".
Un requerimiento que "ratificó de nuevo" el Consejo Territorial de la Dependencia -dependiente del Gobierno central- en julio de 2010, por el que "todas las comunidades autónomas quedaban obligadas a resolver las solicitudes en un plazo de seis meses desde la fecha de presentación de las mismas", según la concejala.
Pérez ha demandado también al Consell el "reconocimiento" de los efectos retroactivos en la Comunitat, ya que, según ha denunciado, "los dependientes comienzan a percibir la ayuda desde la fecha de resolución del PIA, y no desde el momento en que presentaron la solicitud".
Sobre la puesta en funcionamiento por parte del consistorio ilicitano de la oficina de asesoramiento jurídico a los dependientes en julio de 2008, la edil ha concretado que un total de mil personas han sido atendidas.
Por su parte, la abogada y responsable de esta oficina, Pilar Peña, se ha referido a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que la Generalitat de Catalunya "deberá hacer frente al pago de los retrasos en la Ley de Dependencia desde el 1 de enero de 2007", momento de la entrada en vigor de la normativa.
"Esta sentencia va a permitir que el resto de comunidades autónomas traten de acogerse a la misma por la vía del recurso de casación por unificación de doctrina en los casos en los que se haya presentado recurso", según Peña, para quien la resolución es "una muy buena noticia".
Fuente : abc.es
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