Los dependientes eligen los servicios profesionales
Los cuidadores familiares sólo absorben el 47% de las ayudas
Los trámites duran 10 meses
Frente a las prestaciones económicas, servicios.
El desarrollo de la ley de dependencia en Asturias ha consolidado el trabajo de los profesionales públicos o acreditados por encima del apoyo económico que se presta a los cuidadores familiares.
El año pasado el 52,2% de los dependientes incluidos en el sistema de prestaciones optaron por acogerse a alguna de las modalidades profesionales de atención que ofrece la Administración asturiana, mientras que el 47,8% restante recibieron una compensación económica para ayudar a un cuidador familiar.
Así lo reveló la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, que realizó una valoración del grado de aplicación de la ley de dependencia en Asturias y que señaló que esta tendencia concuerda con la filosofía con la que se aprobó la normativa, extender la red de servicios públicos.
Los plazos Martín confirmó muchos de los datos adelantados por LA VOZ esta misma semana y aportó alguno más. Por ejemplo, que el tiempo medio de espera para entrar en el sistema desde que se presenta la solicitud es de 10 meses. Martín se muestra satisfecha por el trabajo realizado en los últimos meses y por la agilización de todos los trámites, aunque admitió que 10 meses todavía es un plazo muy largo.
A fecha 31 de enero de 2010 se registraron 33.749 solicitudes y se realizaron 28.492 dictámenes, de los que 17.766 fueron de asturianos con derechos a recibir prestaciones. En la actualidad, ya las están recibiendo 14.751, tal y como adelantó LA VOZ.
Pero esa cifra se disparará en 2011. La consejera señaló que el Gobierno espera terminar este ejercicio con un total de 23.000 beneficiarios atendidos. Esto supone la incorporación de las personas a las que ya se les ha reconocido el derecho pero aún no perciben ninguna prestación (más de 3.000), además de las nuevas peticiones y de la entrada en vigor del derecho para las personas reconocidas con el grado I y nivel 2 (más de 2.700), es decir de la extensión de la ley a personas con menos nivel de dependencia, ya que la entrada en vigor de la normativa es progresivo y establecía un calendario que concluirá en 2014. En total, en sólo 12 meses, el Principado calcula que habrá 8.500 usuarios más.
Para hacer frente a este paulatino crecimiento de la bolsa de beneficiarios, el Gobierno asturiano incrementa el presupuesto destinado a la dependencia, pasando de los 253 millones de euros de 2010 (a falta de la liquidación definitiva del ejercicio) a los 263,3 previstos para 2011. Pero además Martín explica estos 263 millones para dependencia se han aprobado como crédito ampliable para poder cubrir las necesidades que puedan ir apareciendo a lo largo de todo el año.
Martín defendió el trabajo realizado en los últimos meses y lo comparó incluso con lo sucedido en otras comunidades autónomas. Aunque es cierto que todavía hay 3.015 asturianos pendientes del plan individual de atención, es decir con el derecho reconocido pero sin prestación, la consejera indicó que esta cifra es justo la mitad de la que había hace un año y medio y que es nueve puntos mejor que la media nacional. También recordó que se han valorado el 84,4% de las solicitudes presentadas y que el 83% de las que fueron valoradas de forma positiva ya han sido atendidas.
Los recursos
Todo esto ha sido posible por el crecimiento de la red pública. La red de centros y servicios públicos de atención a las personas mayores, con discapacidad y dependientes en Asturias cuenta con un total de 17.450 plazas, de las que 5.169 son plazas residenciales, 4.000 son en centro de día y 8.285 son de servicios domiciliarios, entre la ayuda a domicilio y la tele asistencia.
Este entramado no sólo sirve para atender a las personas con dependencia. Más de 11.000 asturianos están recibiendo apoyo de los servicios públicos sin ser beneficiarios de la ley, bien porque no lo han solicitado o porque su grado y nivel de dependencia aún no está en vigor.
El objetivo para este año 2011 es “seguir mejorando los procedimientos y reduciendo los plazos, pero sobre todo garantizar el cumplimiento de la ley y la consolidación de la red pública de servicios”, adelantó Noemí Martín, que insistió en el gran avance social que ha supuesto esta normativa.
Fuente : lavozdeasturias.es/asturias
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