BARREDA AMENAZA CON LLEVAR AL GOBIERNO A LOS TRIBUNALES

Barreda amenaza con llevar al Gobierno a los tribunales por la ley de dependencia

El PSOE contradice a Bono y asegura que el Estado autonómico es un modelo de éxito y no una «ocurrencia»

La vicepresidenta y consejera de Economía de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, anunció ayer que el Gobierno regional del socialista José María Barreda «no descarta» ir a los tribunales si no le «satisface» la respuesta por parte del Ejecutivo central respecto a sus peticiones de revisión del sistema de financiación, especialmente, en lo relacionado con la sanidad y la aplicación de la ley de dependencia.

Araújo se refirió, así, a las palabras del consejero de Salud, Fernando Lamata, quien había asegurado que el Gobierno central debe 200 millones a Castilla-La Mancha por la aplicación de la ley de dependencia.

La «número dos» de Barreda explicó que el Ejecutivo regional ha transmitido al Ministerio de Economía que no comparte «parte» del modelo de financiación, ya que la ley de dependencia le supone a la comunidad un punto del déficit y destinar a su aplicación un tercio del producto interior bruto (PIB) de la región, mientras que la financiación del Estado no llega a un tercio del gasto del desarrollo de la ley.

Por otra parte, el secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, rebatió ayer al presidente del Congreso, José Bono, por afirmar que el «café para todos» en el Estado autonómico fue un «error» que hay que corregir.

El «número tres» de Ferraz aseguró que es un modelo de «éxito» que surge de la Constitución y que, por tanto, no es una «ocurrencia».

Iglesias comentó que el modelo español lo comparten otros países europeos, por lo que no es «ni extraño ni exclusivo ni estrambótico». «Hacer un análisis en este momento de todos los pasos que se dieron está muy bien para los historiadores, pero nosotros lo defendemos», añadió.

El «número dos» socialista, José Blanco, también discrepó de Bono al avisar de que el empeño de evitar duplicidades en el Estado autonómico no implica quitar competencias, porque también puede haber esas duplicidades en la Administración central. También la Junta andaluza cargó contra el presidente del Congreso.

El PSOE, los grupos nacionalistas y las minorías de la izquierda rechazaron en el Congreso una proposición de ley del PP para fijar techos de gasto a las comunidades y ayuntamientos. Los populares pedirán ahora en el Senado que el Gobierno reduzca a la mitad el personal eventual de Estado.

Por último, la Generalitat catalana ha encargado un estudio del coste de la decisiones «desleales» de Zapatero.

Fuente : lne.es