Crecen un 26% las prestaciones y los beneficiarios de la Ley de la Dependencia en 2010
La Junta concede a 4.000 familias más que en 2009 el llamado 'Salario Social' y prevé que la retirada de los 426 euros "incida" en esta cifra
Las prestaciones y las personas beneficiarias del Sistema de Atención a la Dependencia aumentaron en un 26 por ciento el pasado año con respecto a 2009, según el balance anual presentado este lunes por la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, quien ha relacionado esta cifra con el "gran compromiso adquirido" por la Junta de Andalucía en el desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su implantación y a la que ha destinado en 2010 "más de 2,5 millones de euros diarios".
En rueda de prensa, la consejera ha especificado que durante el pasado año se incorporaron al sistema 38.000 personas en situación de gran dependencia o dependencia severa y se concedieron más de 50.000 prestaciones. De ellas, un 45 por ciento fueron ayudas económicas, y el 55 por ciento restante, estancias diurnas, plazas de residencia, ayudas a domicilio o teleasistencia.
Pese a que Navarro considera que el número de ayudas económicas concedidas en Andalucía sigue siendo "muy alta" y que, por tanto, su Departamento tendrá que seguir esforzándose por concienciar a las familias de que "no discutan" el diagnóstico y las recomendaciones de los trabajadores sociales sobre la mejor prestación que el dependiente necesita, ha señalado que "ninguna otra comunidad autónoma presenta cifras por debajo del 50 por ciento".
Aún así, ha reconocido que "no es fácil" lograr que las familias aboguen por las prestaciones sociales frente a las económicas y que, ejemplo de ello, son los 6.000 recursos de alzada que éstas han presentado desde la puesta en marcha de la Ley frente a la Administración por entender que, en el caso de sus familiares dependientes, lo más beneficioso eran las ayudas de carácter monetario. Sin embargo, tal y como recuerda la consejera, la Ley de la Dependencia permite opinar y elegir a las familias, así que para que siempre primara el criterio de los trabajadores sociales "habría que cambiar la ley", ha advertido.
En total, y desde la implantación de la mencionada norma en 2007, en la comunidad se han beneficiado unas 183.000 personas de más de 249.400 prestaciones gracias al "importante esfuerzo" realizado por la Junta de Andalucía en esta materia. Según Navarro, además, la Administración pública que dirige seguirá defendiendo los derechos de los dependientes en 2011 y garantizando que reciben "todas y cada una de las prestaciones a las que tienen derecho".
Para ello, la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social cuenta con un presupuesto para este año de 1.829 millones de euros (80 millones más que en 2009), del que destinará a la financiación de la Dependencia una inversión inicial de 849,2 millones de euros, es decir, un 7,5 por ciento más que en 2010.
Tal aumento presupuestario del capítulo destinado a la Dependencia responde, asimismo, a la incorporación al Sistema de 40.000 dependientes moderados desde el pasado 1 de enero. La consejera ha informado de que estas personas ya tienen reconocido este derecho en Andalucía y, por tanto, recibirán una o varias de las prestaciones que contempla la Ley para este 'Grado I nivel 2', que van desde el servicio de promoción de la autonomía personal hasta ayudas económicas de entre 180 a 300 euros, pasando por la teleasistencia o las estancias en centros de día.
PREVISIÓN DE AUMENTO EN 2011 DEL SALARIO SOCIAL
Otro de los programas de Igualdad más solicitados en 2010 ha sido el de Solidaridad, también conocido como 'Salario Social'. A este apartado, Andalucía ha tenido que destinar 1,7 millones más que en 2009, hasta alcanzar la cifra de 64 millones (se previeron 40 al inicio de 2010) con los que se han atendido a 29.000 unidades familiares, 4.000 más que el año anterior.
Navarro ha recordado que Andalucía es una de las seis comunidades que tiene reconocido por Ley esta ayuda y que, por tanto, el presupuesto destinado a ello "siempre es abierto" porque "todo aquel que haga la solicitud y cumpla los requisitos, tiene derecho a recibirla".
El Salario Social oscila entre los 386 y los 624 euros, dependiendo del número de miembros que conformen la unidad familiar en situación de emergencia. Estas cantidades, según ha comparado la consejera, suponen un 29 por ciento más que las concedidas en Murcia, un cinco por ciento más que en Madrid, y un uno por ciento más que en Valencia.
Sobre la posible repercusión que la retirada de la ayuda de los 426 euros a los desempleados a partir de febrero podría tener en esta otra prestación económica, Navarro advirtió de que "seguro que tendrá incidencia". "Será una cuestión a evaluar a partir de febrero, pero evidentemente, si no hubiera ningún otro tipo de ayudas a nivel estatal y desaparecen los 426 euros, claro que tiene que haber una incidencia, sin duda ninguna", ha puntualizado.
Pese a que la consejera no quiso aventurar ninguna cifra ni ningún posible porcentaje de aumento de familias que se acojan al Salario Social a partir de febrero, sí que garantizó que las solicitudes "serán atendidas". Sobre todo, según manifestó a lo largo de toda la comparecencia de prensa, porque la intención de la Junta de Andalucía es la de seguir apostando por las políticas sociales, incluso en tiempos de crisis.
No en vano, Andalucía tiene para 2011 unos presupuestos que, en el capítulo general de inversión social, son un 6,47 por ciento superiores a los de Comunidad de Madrid y un 5,5 por ciento superiores a los de Galicia, ha ejemplificado la consejera.
"Madrid y Galicia son, junto a la Comunidad Valenciana, las que encabezan el mayor recorte en gasto social para este año mientras que en Andalucía, se sigue aumentando en un uno por ciento la subida del presupuesto total de esta Consejería de Igualdad", ha recalcado. En términos 'per cápita', en la comunidad andaluza se gastan 2.266 euros anuales, un "10 por ciento más que en Valencia, y un 12 por ciento más que en Madrid".
MÁS PROGRAMAS
Navarro también ha presentado en este balance de 2010 datos sobre otros servicios de la Consejería que dirige. Así, ha destacado que en materia de atención a las personas mayores y las discapacitadas se concedieron durante el pasado año un total de 69.700 plazas de residencia y estancia diurna, de las cuales, 48.800 fueron financiadas por la Administración (un 68% más que en 2009) y 5.000 fueron de nueva creación.
Asimismo, Navarro ha resaltado el "importante esfuerzo" realizado por la Junta para facilitar algo tan cotidiano como estacionar un coche al colectivo de personas con discapacidad o movilidad reducida. En 2010, se modificaron las bases de la Tarjeta de Aparcamiento para que Andalucía fuera "pionera" en ampliar sus beneficios a las personas con discapacidad visual y a los familiares de menores de tres años. Esta es la razón por la que el número de tarjetas expedidas ha aumentado en un 28 por ciento (de las 37.557 tarjetas, 8.270 son nuevas) con respecto a 2009.
En cuanto a la prevención de las drogodependencias y adicciones, los diferentes programas que lleva a cabo la Junta llegaron el año pasado a más de 400.000 alumnos y a 300.000 universitarios. Este aumento en las actividades de sensibilización parece haber tenido su reflejo en la atención a estas dependencias en los 129 centros de la Junta, que han registrado un descenso de en torno a un cinco por ciento. Aunque aún son datos provisionales, Navarro ha indicado que se han tratado a 20.240 personas (en su mayoría jóvenes de unos 25 años de media), de las cuales, 5.794 tenían dependencia al alcohol, otras 4.443 a la cocaína y 3.934 a la heroína. Por su parte, los tratamientos por adicción al cannabis aumentaron en un 19 por ciento respecto a 2009 y en 2010 se han incorporado a estos centros un total de seis personas para recibir tratamiento contra la adicción a las nuevas tecnologías.
Fuente : europapress.es/andalucia
Interpretaciones interesadas
ResponderEliminarPUEDE que algunos políticos no tengan memoria, pero los andaluces no olvidan cuantas veces sus necesidades han pasado a segundo plano mientras que la Junta de Andalucía maniobra sin pudor a favor de intereses electorales.
Para la consecución de sus objetivos partidistas el PSOE, no ha dudado en emplear incluso la Ley de Dependencia, cuestión que al afectar a la calidad de vida de muchas personas, debería permanecer al margen de las disputas políticas.
En el año 2007, recién entrada en vigor la Ley de Dependencia y en plena campaña electoral, los gobiernos de Zapatero y del entonces presidente Chaves, actuaron de modo irresponsable, empleando la mencionada Ley para dar el máximo número de altas a beneficiarios, en el menor plazo posible, sin tener en cuenta que la ley no estaba desarrollada y la carencia de recursos económicos y humanos de los Ayuntamientos.
Los socialistas crearon un conflicto artificial con los ayuntamientos gobernados por el PP, a los que sistemáticamente se les acusó de falta de lealtad institucional.
Pasadas las elecciones, cuando ya no necesitaron generar polémica, se acabaron las prisas y las críticas por la presunta mala gestión de los ayuntamientos.
Por aquellas fechas el objetivo del PSOE eran las ayudas económicas, que no sólo no son el mejor recurso para promover y garantizar la autonomía personal y en consecuencia una mayor calidad de vida, sino que la propia Ley en su artículo 14.4 define como "recurso excepcional".
Hace unos días, la consejera de igualdad, reconocía que del total de las ayudas en Andalucía, el 45% son económicas, justificando haber aplicado la excepcionalidad como generalidad en una interpretación a su conveniencia, afirmando que "no se puede establecer en muchas ocasiones la prestación más idónea" por que la Ley permite a las familias decidir sobre la prestación que debe recibir el beneficiario. Sin embargo y paralelamente a estas declaraciones desde las distintas delegaciones provinciales, se están haciendo de oficio revisiones constantes de aquellas prestaciones que dieron en 2007, cambiando unilateralmente de prestación económica a servicio.
Claro que la prioridad de hoy es la creación de empleo y las altas en la seguridad social.
Resulta impresentable que los cálculos e intereses partidistas puedan llegar a anteponerse a la atención de las personas dependientes.
La prioridad de la Junta de Andalucía debería ser resolver los problemas de los ciudadanos, trabajar desde el rigor y garantizar la prestación más adecuada para el bienestar de los mayores y enfermos. Pero para que la Junta funcione así será necesario un cambio de gobierno.
En ello seguimos trabajando.
Fuente : elalmeria.es/article/opinion