«Nos hacen falta 14 millones para el salario social y la Ley de Dependencia»
La consejera de Bienestar Social aplaza al próximo año 11,8 millones en inversiones y ayudas y asegura que los recortes «no afectan a la calidad»
La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Paloma Menéndez, admitió ayer en la Junta General del Principado que en su gabinete «hacen falta 14 millones para garantizar el pago del salario social y la Ley de la Dependencia», ya que «como suele ser habitual, el crédito presupuestado deberá ser ampliado por las necesidades adicionales en el mes de diciembre», explicó Menéndez sin precisar de dónde procederá ese montante. De los 14 millones, seis corresponden al salario social y ocho a la Ley de la Dependencia.
Además, en la comparecencia ante la Comisión de Bienestar Social, la consejera precisó qué partidas se verán afectadas por el recorte de 11,8 millones sobre el gasto presupuestado para este año. Gran parte de dicha cantidad será «reprogramada», en palabras de Menéndez, «y trasladada al presupuesto de 2012». En este sentido, incidió a lo largo de su intervención en que los recortes «no afectarán a la calidad del servicio» y que tampoco «nadie que tenga derecho a recibir una ayuda se quedará sin ella».
Las cifras levantaron críticas entre los tres grupos de la oposición, que coincidieron en señalar que los recortes afectan «directamente a las prestaciones sociales básicas». La diputada de IU Noemí Martín afirmó con rotundidad: «Ustedes no tienen recursos para garantizar los pagos del salario social y la dependencia, porque además de retener 11,8 millones, ahora necesitan 14 más».
En este sentido, la diputada socialista Clara Costales comentó que le «cuesta entender» que se produzcan recortes en la consejería «cuando tiene necesidades adicionales de financiación».
3,9 millones del ahorro proceden de la «reprogramación» de inversiones en los Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) que «traslada a 2012» las obras previstas en Gijón, Cudillero, Langreo, Oviedo (Aramo y Naranco), Salas y Cangas del Narcea. Martín criticó duramente esta decisión ya que las obras en proceso de adjudicación «o se paralizan o se anulan», lo que llevó a una discusión en términos jurídicos con la consejera, quien aseguró que «jurídicamente se pueden demorar los procesos», aunque prometió «estudiar la cuestión más a fondo».
Desde Foro Asturias se quiso hacer hincapié en que «se pospone el pago, no se paraliza», apuntó Esther Landa, ya que Menéndez eludió en todo momento utilizar otro verbo que no fuera «reprogramar».
«La tijera» en Oviedo
El PP criticó que «la tijera» de la consejería se cierne con especial intensidad sobre Oviedo, ya que dos de las residencias que se «reprogramarán» pertenecen al municipio, y también se desplaza una partida de 1,3 millones para la construcción de viviendas de protección en Prado de la Vega. Una situación que, para Carlos Galcerán, «trata de ahogar al ayuntamiento» y «huele a venganza». Otra de las partidas afectadas por las medidas de ahorro es la concesión de ayudas públicas para la adquisición o el alquiler de viviendas (1,6 millones, que serán trasladados al presupuesto de 2012).
Con esta medida, las solicitudes que se reciban durante el tercer trimestre del año se tramitarán con normalidad, pero no recibirán el dinero hasta 2012. Esta decisión llamó la atención de la diputada de IU: «Nunca sobró presupuesto de las ayudas a vivienda; de hecho, se estaba tramitando su aumento en la anterior legislatura», subrayó Martín.
La cooperación al desarrollo enfrentará un recorte de 792.000 euros, por lo que se suspenderán proyectos de cooperación directa. El resto del ahorro se llevará a cabo con la «reprogramación de inversiones de corporaciones locales», el ahorro en convenios no desarrollados, así como conferencias, publicaciones, documentales y demás «gastos superfluos», según Menéndez.
Respecto a las políticas para discapacitados que aplicará el Principado, la consejera solo concretó que tendrá el plan de acción integral en el primer semestre de 2012.
En cuanto a las subvenciones que todavía quedan por repartir en 2011, Menéndez dio cifras por valor de más de 3.000 millones de euros. Desde el comité de representación de las personas con discapacidad (Cermi) se criticó que la consejera «continúe sin concretar» las fechas en las que se abonarán los pagos que adeuda a asociaciones y ayuntamientos
Fuente : elcomercio.es
Me parece que, como bien se refleja en este blog, no es un problema exclusivo del Principado de Asturias sino de toda España. La Ley de Dependencia no se diseñó ni se aplicó bien y ahora lo pagan los dependientes que buscan una residencia en Asturias o en otros lugares de España.
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