«La Ley de Dependencia vende a las familias dinero más que atención y ha hecho tambalear los Servicios Sociales»
La responsable de la política de familia, discapacitados y mayores afirma que en esta legislatura de crisis «los derechos sociales están garantizados»
Milagros Marcos Ortega.Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades
Los más débiles de la sociedad -los niños, las mujeres maltratadas, los mayores o los discapacitados-, su calidad de vida, sus posibilidades de recuperación, de inserción o adaptación dependen, en plena crisis económica, de una gestión, la de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que ha de sortear las dificultades económicas propias y de financiación estatal para dar respuesta a necesidades que, de ninguna manera, pueden esperar.
Milagros Marcos Ortega es la nueva máxima responsable de este departamento, puesto al que esta palentina accede desde la Gerencia de Servicios Sociales por lo que conoce bien el terreno para gestionar en una legislatura que estrena Ley de Servicios Sociales.
-El discurso de investidura del presidente Herrera repasa violencia doméstica, conciliación de la vida laboral y familiar... y no Servicios Sociales como sí hiciera, en cambio, con detalle en el de la anterior Legislatura. ¿Tiene algún significado?
-Más bien al contrario, ha dejado claro el blindaje de los servicios sociales, la educación y la sanidad. Juventud, mujer, servicios sociales, todo ello se engloba bajo políticas sociales y estará blindado. Otra cosa es que, en un discurso, no se pueda entrar al detalle de todo.
-Entonces no se van a repetir los recortes.
-No los ha habido. En 2011 se tuvieron que reducir por el descenso de los ingresos del Estado; pero en Servicios Sociales creció un 7%.
-Los presupuestos de la Gerencia de Servicios Sociales se mantuvieron; pero hubo un recorte medio del 10% en los fondos que sostienen las asociaciones...
-Hay un cambio de modelo de gestión. Ahora el ciudadano elige el servicio, la prestación, ya no son subvenciones sino ayudas vinculadas para el beneficiario, garantías de recursos. Es una nueva organización. En plazas residenciales ha aumentado el presupuesto para conciertos. En todas las áreas se hacen esfuerzos de contención de gasto y damos prioridad a la atención directa y optimizamos recursos para dar respuesta a las necesidades. Los derechos sociales están garantizados.
-Sin recortes.
-No habrá recortes ni en residencias de mayores ni en discapacitados. No obstante, estamos ahora elaborando presupuestos, pero garantizamos la atención directa y los derechos recogidos en la nueva ley. Además, no hay presupuestos estatales y no conocer los ingresos crea una situación especialmente complicada. Si ya con ellos luego nos reclaman.
-¿Sigue habiendo problemas de retraso en el pago del Gobierno central de las ayudas al dependiente?
-El Estado liquida a meses vencidos; pero el problema grave son las deficiencias con las cuantías que corresponden a los casos más severos. 70 euros por nivel mínimo. Por ejemplo, una plaza residencial, si el Estado pone el 20%, el usuario un porcentaje bajo porque no tiene, está claro quien pone el dinero. La ley se está evaluando ahora y exigimos aportaciones acordes con el coste de los servicios.
-Cinco años de Ley de Dependencia, los primeros llenos de discrepancias y con falta de desarrollo de la normativa. ¿Cuál es ahora su balance?
-Hay dos escenarios, el nacional y el de Castilla y León, claramente diferenciados. Respecto al papel del Gobierno central hay todavía pendientes trabajos muy serios que se deben promover desde el Consejo Interterritorial como la cartera de servicios, la promoción de la autonomía y la atención temprana. Ya en 2010 tendría que haberse creado el grupo de trabajo para aspectos tales como la revisión del baremo, hay otros no en marcha como los documentos de acreditación, el libro blanco, el envejecimiento activo. Hay grandes retrasos, problemas con el modelo de financiación, el modelo se tambalea. En paralelo, la Junta da respuesta a las personas dependientes con criterios establecidos con los agentes sociales y del sector de los propios afectados para establecer criterios del cálculo de las aportaciones, de los modelos de atención temprana. Cumplimos plazos y con los servicios pese a las dificultades.
-¿No hay discrepancias, incongruencias, doble sistema? ¿Cómo se ha integrado la Ley de Dependencia en los Servicios Sociales tradicionales?
-Los Servicios Sociales han integrado la Ley de Dependencia. Intentamos que la puerta de acceso sea única. Si la ley no hubiera sido tan acelerada... La unificación de criterios es un objetivo de esta legislatura, logramos poner de acuerdo con la atención a domicilio a 24 corporaciones locales, ahora trabajaremos también en unificar.
-Como el usuario decide, hay familias que evitan llevar a su mayor a una residencia, los dejan en casa y cobran la ayuda de la Dependencia. ¿No atenta esto contra la filosofía de los propios servicios sociales?
-La Ley de Dependencia vende dinero a las familias más que servicios para el dependiente. Esto ha hecho que se tambaleen los servicios sociales. Hay plazas vacantes en las residencias, en toda España. La ley es dinero en lugar de servicios prestados en domicilios o en centros.
-Incluso, sobre todo con la crisis, sacan a sus mayores de la residencia y piden ayuda económica.
-Aquí no permitimos que se haga eso; pero como el usuario elige puede evitar escoger esa opción. Hacemos seguimientos de las prestaciones a domicilio y tenemos una alta cobertura de plazas residenciales que nos ayuda a evitar estas situaciones. Castilla y León apuesta por el servicio aunque nos resulte mucho más caro.
-No se ha avanzado en evitar que el discapacitado tenga que reclamar ayudas en dos ventanillas diferentes, la de minusvalía y la de dependencia.
-Castilla y León no puede obviar los baremos estatales ni sus criterios y hace ya dos años que, en el marco del Consejo Interterritorial, se estableció la necesidad de crear un grupo de trabajo para su revisión. Otra cosa es que nosotros pasamos al mismo tiempo todos los baremos para que el ciudadano no tenga que hacer varias visitas, aplicamos los dos al mismo tiempo y el informe social también se hace en paralelo para valorar la minusvalía y el grado de dependencia, ojalá hubiera un único baremo. Trabajamos en unificar los procesos lo máximo posible, en un sistema unificado por un equipo que pueda valorar todos los aspectos.
-En el caso reciente, de una joven con las piernas amputadas y un bebé, la familia denunciaba que no se les había informado de la vía de la Ley de Dependencia y que no tienen ninguna ayuda. De hecho, el caso está en el juzgado.
-De todo se les informó en el mismo momento que lo requirieron, los informes así lo recogen. Se les ha ofertado todo tipo de recursos y opciones, pero la evaluación de su grado de minusvalía debe hacerse cuando acabe la rehabilitación. No vamos a incumplir un baremo estatal. Se puso en duda el trabajo de los profesionales pese a que les informaron de todas las opciones al momento.
-Algunas asociaciones de familiares y afectados reclaman que el Decreto de precios públicos en el que se trabaja recoja la pluridiscapacidad, porque una plaza de una persona con parálisis cerebral es más cara que la de alguien con lesión medular.
-La norma que regule los precios públicos estará consensuada con agentes sociales y asociaciones.
-Algunos ayuntamientos cobran directamente la ayuda económica por la plaza residencial de un dependiente y, en otros municipios, lo recibe el usuario. ¿No debería la Junta ejercer algún control o unificar criterios?
-La Ley de Dependencia establece que las prestaciones serán servicios y, si faltan, ayuda vinculada para contratarlos. Las aportaciones llegan de las administraciones públicas y se le descontará al usuario la financiación pública que reciba. Si está en una residencia de titularidad y gestión pública, ya lo tiene reconocido directamente, si es vinculada, la Junta transfiere el dinero que llega del Estado a la Corporación local que está prestando servicio, no tiene por qué llegar al usuario, ya le costea una parte llegando al ayuntamiento.
-Las diputaciones tienen problemas económicos con sus residencias, ¿se plantea la consejería algún cambio, asumirlas?
-La Ley de Pacto Local establece que tienen esas competencias. Hay un problema derivado de la situación económica, pero no puede derivar en una crisis de competencias o social.
-Los criterios de acceso son diferentes, solo a los centros de las diputaciones puede acceder un mayor válido que por soledad no quiera quedarse en casa.
-Otra cosa será homogeneizar los criterios de acceso.
-Con la Dependencia, un mayor que solo tenga la edad como factor discapacitante ya no podrá tener plaza residencial de la Junta.
-La tendencia en estos casos es a dar apoyo en sus domicilios; pero con los informes sociales y en el marco de los Servicios Sociales, se pueden atender estas situaciones.
-¿Modificarán la normativa que exige determinado personal a las residencias?
-Mediante decreto reduciremos la exigencia de tener médico en residencias pequeñas rurales. La tendencia es evolucionar hacia centros multiservicios, al modelo europeo de unidad de convivencia, que por ejemplo la cafetería esté abierta a la calle, lo hace más rentable y más integrado, más sostenible. Además, se abrirá aún más a estancias nocturnas o temporales, dará más flexibilidad de servicio, se integra en el entorno y se abre a la población.
-¿No delega en exceso la Junta la responsabilidad social en las asociaciones de afectados?
-En otra época se delegaban competencias en las asociaciones. Ahora, son derechos de los ciudadanos, ofrecen un servicio y el usuario lo elige y percibe la ayuda vinculada para costearlo. El afectado decide qué y dónde lo quiere, nosotros garantizamos intensidad del servicio y calidad.
Fuente : elnortedecastilla.es
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