CANARIAS - SE GASTA EN DEPENDENCIA 4 VECES MÁS QUE EL ESTADO

Canarias gasta en dependencia 4 veces más que el Estado

Inés Rojas denuncia que el Ministerio de Sanidad solo aporta 22 millones de los 97 que se invierten en la Comunidad Autónoma para cumplir la normativa

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, afirmó ayer en comisión parlamentaria que el reparto de los fondos estatales de la ley de dependencia es "injusto y manifiestamente mejorable", en respuesta a la pregunta sobre su opinión acerca de la penalización impuesta por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a Canarias por su retraso a la atención a las personas dependientes. De hecho, según sus datos, Canarias recibe del Estado "solo 22 millones de euros del total de 97 que gasta en dependencia".

Rojas señaló que el Gobierno de Canarias no entiende que haya habido "penalización" por algún tipo de retraso en la apli cación de la ley de dependencia, sino que el decremento de los fondos estatales en cuanto al nivel para Canarias es fruto de un reparto que, desde su punto de vista, es "injusto y ma nifiestamente mejorable".

La consejera asegura que el problema de la financiación de la ley de dependencia "es profundo", y que "radica no sólo en su insuficiencia, sino en su incoherencia y sobre todo, en su falta de garantía". Por ello, mostró su desacuerdo con el actual sistema de financiación de la ley para la promoción de la autonomía personas y atención a las personas dependientes, que las restantes Comunidades autónomas también rechazan, según aseguró.

Para la responsable del área, el núcleo principal de la falta de consenso entre las comunidades y el Ministerio tiene que ver con la insuficiencia financiera, ya que la ley estipula que el Estado debe colaborar con el 50% del gasto, pero "no se tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el estipulado por el Sistema Estatal de la Dependencia", indicó la consejera.

Prestaciones

Por ello, explicó que algunas comunidades están apostando por las prestaciones económicas, que la ley establece como una excepción, "ya que en ese apar tado el Estado sí que aporta el 50%", añadió Rojas. Además, la consejera agregó que, en todo caso, esta financiación solo está garantizada hasta el año 2015, momento en el que deberá estar implantado todo el sistema.

Aparte de esta insuficiencia financiera, Rojas añadió que existen otros indicadores que perjudican a Canarias, como puede ser el de la garantía financiera, otro de los que ha motivado, en su opinión, que al Archipiélago se le reduzca la financiación.

Rojas recuerda que el presupuesto estatal para la aplicación de la ley se establecen anualmente y según convenio, unos indicadores de reparto.

Todos, a excepción de la insularidad, "nos perjudican", insistió. De hecho, entre ellos no se incluye, por ejemplo, la lejanía, y, sin embargo, sí la superficie que, además, es terrestre, sin olvidar otros como la dispersión, que tampoco resulta favorable para las Islas.

En consecuencia, asegura que este cambio en los parámetros "ha perjudicado a Canarias y esperamos que el Estado pueda recapacitar al respecto", afirmó la consejera, quien reconoce, sin embargo, que las comunidades autónomas "tenemos que acatar la ley, una ley estatal, y la tenemos que cumplir y aplicar. Son los legisladores quienes deben cambiarla". Por eso, a través de sendas mociones interpuestas por los grupos parlamentarios en el Congreso, se pretende analizar la ley para "reformarla y que contemple de una vez el coste real de los servicios", sentenció.

Condiciones

Para conocer mejor los condicionantes del reparto, la consejera explicó que el Estado garantiza una financiación mínima a través de lo que ha dado en llamar el nivel mínimo. Esa financiación global se estipula en los Presupuestos Generales del Estado año a año y se reparte entre las Comunidades autónomas según el número de personas dependientes, su grado y nivel, "no al coste real de los servicios, sino al número de personas dependientes", matiza.

Por una persona gran dependiente grado 3 nivel II, es decir, el mayor grado de dependencia, el Estado ingresa a la Comunidad autónoma por el nivel mínimo de protección la cantidad de 266,57 euros, como lo estipula en el Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, "cuando una plaza para un gran dependiente cuesta en Canarias alrededor de 2.500 euros".

"Después está el nivel acordado, con el que Canarias no está de acuerdo y por el que Canarias ha ingresado unos siete millones de euros. En total, recibimos del Estado 22 millones de euros, cuando el presupuesto para Dependencia de esta Comunidad asciende a 97 millones", indicó Rojas.

En este sentido, opina que las Comunidades autónomas "están otorgando prestaciones económicas, en vez de los servicios, que son mucho más caros. Pero eso es pervertir la ley", advierte

Fuente : laopinion.es