Un 23% de los dependientes está en lista de espera para recibir ayuda
El Gobierno destaca que la cifra
cayó un 6% en 2012, pero la oposición asegura que se debe a los cambios
de baremos y a los fallecimientos
El 30 de noviembre de 2006 el Congreso de los Diputados
aprobó la ley de Dependencia, bautizada como el «cuarto pilar» del
Estado de bienestar tras la sanidad, la educación y las pensiones.
Sin
embargo, seis años después las expectativas generadas chocan con una
dura realidad: miles de personas en lista de espera para recibir su
prestación y recortes debidos a la crisis económica.
Según datos del
Imserso (organismo que gestiona las aportaciones de la dependencia),
230.209 personas están aguardando recibir la ayuda, es decir, el 23% de
los dependientes permanece en lista de espera.
Esta cifra se ha reducido
en el último año un 6%. El Gobierno considera un éxito de su política
esa disminución en tan solo un año y lo achaca a las medidas aprobadas
en esta materia, que, en su opinión, han agilizado las ayudas entre los
grandes dependientes.
Sin embargo, colectivos de solicitantes aseguran
que la reducción se debe a la expulsión de los beneficiarios más
moderados del sistema por los cambios de baremos y al fallecimientos de
otros muchos durante la espera.
«La ley de Dependencia en estos seis años ha tenido un
desarrollo un poco deslavazado», explica el director del Imserso, César
Antón.
«Tuvo una puesta en marcha precipitada con normativa cambiante,
con efectos muy dispares entre comunidades. Había que poner orden, dar
más transparencia y simplificar», asegura.
En España, a 1 de diciembre
de 2012, solicitaron una ayuda a la dependencia 1.639.990 personas, de
las que se valoraron el 93,82%.
En total fueron designadas como
beneficiarias con derecho a prestación 1.272.846 personas. Sin embargo,
un 17% de ellas tiene un nivel de dependencia moderada cuya ayuda se
retrasa hasta 2015, según marca la ley.
Por tanto, hay 1.001.152
beneficiarios con derecho a prestación en la actualidad. De ellos
reciben la ayuda 770.949 (el 77%), lo que supone un aumento respecto al
71% de 2011. Por tanto, la lista de espera se ha reducido de un 29% a un
23%.
Sin embargo, la situación es bastante dispar según las
regiones de España, ya que la gestión y gran parte de la financiación
depende de las comunidades autónomas. Por ejemplo, Castilla y León, La
Rioja, Cantabria o el País Vasco están por debajo de la media española,
mientras que Canarias o la Comunidad Valenciana ocupan los últimos
puestos.
Para Antón, la reducción de las listas de espera se debe a
una serie de mejoras enfocadas en la simplificación de los trámites y
la ordenación de la normativa.
«Las medidas empezaron a tener efectos en
agosto.
Pero hay ciertos indicadores que señalan que vamos en la senda
correcta», asevera.
Entre las medidas para agilizar la concesión de las
ayudas a los beneficiarios, Antón destaca haberse centrado en los
grandes dependientes, los denominados como grado III, que representan el
45,69% de los beneficiarios con ayudas.
Los dependientes de grado II
suponen el 48,26% y los dependientes moderados, de grado I, son el
6,05%. «Si se hubiese seguido en la senda de los años anteriores, la ley
de Dependencia habría sido insostenible», concluye.
«Falacias»
Pero no todos comparten ese optimismo.
El presidente de
la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José
Manuel Ramírez, considera «falaces» los datos del Ministerio.
«Los
dependientes moderados estaban en la lista de espera pero han sido
expulsados», afirma. Y es que bajo el objetivo de simplificar, el
Ejecutivo eliminó algunas subdivisiones en los grados de dependencia.
Desde las asociaciones en defensa de la dependencia denuncian que con
ese cambio muchos casos pasaron a contemplarse como moderados y, por
tanto, retrasadas las ayudas hasta 2015.
También recuerda que el 54% de los grandes dependientes
son mayores de 80 años, por lo que en muchos casos fallecen en el
proceso de espera para recibir la prestación, que puede prolongarse
hasta dos años.
Y es que en el Real Decreto 20/2012 aprobado por el
Gobierno de Rajoy en julio se establece que el derecho de acceso a las
prestaciones se generará «desde el transcurso del plazo de seis meses
desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado resolución
expresa».
Sin embargo, contempla una excepción cuando el beneficiario
esté siendo atendido por un cuidador familiar, donde la ejecución de las
ayudas se podrá prorrogar hasta dos años.
«Es la medida más desalmada»,
asegura Ramírez. Y es que un 44% de los dependientes son atendidos por
familiares.
Una situación agravada después de que fuesen precisamente
las ayudas a los cuidadores familiares las que se redujeron un 15%. Este
recorte afectó a 450.000 de estos cuidadores.
El decreto de julio supuso la «demolición controlada de
la propia ley», explica Ramírez, que pone como ejemplo el pago de las
cuotas a la seguridad social de los cuidadores familiares.
El Ministerio
se encargaba de abonar esas cotizaciones, pero con el decreto dejó de
hacerlo. De esta forma se ha dejado sin cotización a la Seguridad Social
en el convenio especial a 146.000 cuidadores.
El Gobierno alega que la
ley solo protege los derechos de los dependientes y no de sus
cuidadores. Además, insiste en que la legislación contemplaba esa opción
como excepcional.
Sin embargo, otros ven detrás una intencionalidad
política.
«No es que no haya dinero. No hay voluntad política. No
hay intención de consolidar el sistema», asegura Ana Sánchez, secretaria
de políticas sociales de UGT.
«El Gobierno ha convertido la dependencia
en beneficencia», asegura Sánchez.
La oposición también ha criticado en
reiteradas ocasiones la política del PP. «Desde la llegada de Rajoy a
la Moncloa, se ha producido el desmantelamiento total de la ley de
Dependencia», ha denunciado la secretaria de Política Social del PSOE,
Trinidad Jiménez.
Fuente . laverdad.es/murcia
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