Servicios Sociales: Cambios en la Ley de Dependencia frente a los cuidados familiares
La crisis obliga a poner en marcha programas no previstos,
como el de apoyo contra los desahucios, en un año en el que se unifican
los precios y el acceso a los Servicios Sociales
Los cambios en la aplicación de la Ley de Dependencia y
la firme apuesta de la Junta por los servicios profesionales frente a
los cuidados familiares marcaron 2012 en el ámbito de los Servicios
Sociales.
El 1 de agosto entró en vigor el nuevo Real Decreto Ley que
regula este derecho aprobado por el Gobierno central, que estableció una
reducción del 15 por ciento de las prestaciones económicas para los
cuidadores familiares, a la que se sumó una rebaja del 15 por ciento
acordada por la Junta para esta misma cuestión, paralela a un 20 por
ciento de incremento de las cuantías para financiar las prestaciones
profesionales, tanto residenciales como a domicilio.
Esto supuso que más de 25.000 castellanos y leoneses que recibían
de media 380 euros por cuidar a un familiar dependiente pasaron a cobrar
un 30 por ciento menos de media, aunque la cuantía final depende del
grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario (con
más de 60.000 personas con derecho a estas ayudas que ya las están
recibiendo).
Por otra parte, dos de las principales novedades de este año en el ámbito de los Servicios Sociales fueron la creación de un servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio y la integración de los Bancos de Alimentos en la red de recursos contra la exclusión social, dos proyectos no incluidos en la agenda de la Consejería de Familia al comienzo de la legislatura y que tratan de responder a los graves problemas generados por la crisis económica.
Por otra parte, dos de las principales novedades de este año en el ámbito de los Servicios Sociales fueron la creación de un servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio y la integración de los Bancos de Alimentos en la red de recursos contra la exclusión social, dos proyectos no incluidos en la agenda de la Consejería de Familia al comienzo de la legislatura y que tratan de responder a los graves problemas generados por la crisis económica.
Puesto en marcha el 1
de noviembre, en su primer mes de funcionamiento más de 300 castellanos
y leoneses ya habían pedido ayuda al servicio de apoyo contra los
desahucios, en el que además de la Junta y las entidades locales, están
implicados Cáritas, los colegios profesionales de Abogados y
Registradores de la Propiedad, y diez entidades financieras.
Por lo que respecta a los Bancos de Alimentos, sus responsables
acordaron con la Junta aunar recursos con el objetivo de llegar un mayor
número de núcleos de población y familias, y elaborar un mapa de
distribución de alimentos con una base de datos compartida entre esas
entidades, la Gerencia Regional, los ayuntamientos de más de 20.000
habitantes, las diputaciones, Cáritas y Cruz Roja, que contemplará las
unidades de reparto y de consumo con la idea de mejorar esa distribución
de productos básicos.
Precios públicos
Además, el 1 de marzo entró en vigor el Decreto de Precios Públicos
en Servicios Sociales que estableció el acceso unificado a una
residencia, un centro de día u otros servicios, tanto públicos como
concertados, siguiendo los mismos criterios de valoración para mayores,
personas con discapacidad o dependientes.
Desde entonces, a todos ellos
se les aplica el mismo cálculo de su capacidad económica teniendo en
cuenta su renta y patrimonio personal para fijar cuánto deben pagar, en
lugar del coste fijo que se abonaba antes.
Asimismo, este año comenzó a
implantarse en la Comunidad el nuevo modelo de residencias para mayores
multiservicio.
Otra de las novedades de este año fue la integración de todos los servicios de envejecimiento activo bajo la marca Club de los 60, cuya tarjeta será la llave que dé acceso a todos los servicios de este ámbito que se ofertan en Castilla y León por parte de todas las administraciones y entidades privadas para mejorar el bienestar, la calidad de vida y la autonomía personal de los mayores.
En esta área, la
Consejería está además elaborando un mapa del envejecimiento activo,
que servirá como base para el diseño de un Programa Integral de
Envejecimiento Activo.
Igualdad de oportunidades
En el ámbito de la discapacidad, se aprobó de forma inicial el
proyecto de ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, que se encuentra en estos momentos en el trámite
legislativo.
Además, la Junta acordó en junio realizar reservas en los
contratos de la Administración autonómica para los centros especiales de
empleo de personas con discapacidad, que a partir del próximo año se
incrementarán notablemente porque Familia quieren convertir todos los
centros ocupacionales actuales en centros especiales de empleo.
En cuanto a la igualdad entre los dos sexos, se encuentra en fase
de alegaciones el borrador del primer Plan para la Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de
Castilla y León 2013-2018, que por primera vez aborda la desigualdad
entre los dos sexos y los malos tratos de forma conjunta con un enfoque
integral, desde la prevención y la sensibilización hasta la atención a
las víctimas.
Respecto a estas últimas, está pendiente la elaboración de
un registro unificado con todas las víctimas de la Comunidad, con el
que se quiere mejorar la atención que reciben.
Fuente : salamanca24horas.com
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