Un informe eleva a 41.224 las ayudas a la dependencia a beneficiarios fallecidos
El Tribunal de Cuentas halla 1.363
duplicaciones, 40 en Asturias, y 3.115 personas que reciben más de lo
permitido, 104 en el Principado
El Tribunal de Cuentas ha confirmado y puesto cifras a la
pésima gestión de la ley de Dependencia.
La absoluta descoordinación
entre las distintas administraciones (autonómica y central) tuvo su
principal reflejo en la falta de actualización de la base de datos de
dependientes y supuso un importante perjuicio al erario público.
El
Tribunal, en un informe preliminar que fiscaliza los aspectos económicos
de la normativa entre los años 2007 y 2011, enumera las principales
negligencias:
«Se ha detectado información no actualizada, existencia de
beneficiarios fallecidos, duplicidades, DNI incorrectos, falta de
homogeneización de datos entre las comunidades autónomas y retraso en la
comunicación de la información».
En su análisis, el organismo descubrió
que hasta 41.224 dependientes fallecidos todavía permanecían en los
registros como beneficiarios de ayudas.
Otros 1.363 expedientes estaban
duplicados, 40 de ellos en Asturias, y 3.115 personas recibían una
prestación superior al máximo permitido, 104 de ellas, en el Principado.
Todos estos defectos tuvieron un coste superior a los 175 millones de
euros para el Estado.
El informe critica la «falta de comunicación» de los
decesos por parte de los Gobiernos regionales provocando «la obtención
de una financiación indebida».
Y es que el Estado, a través del Imserso ,
continuaba pagando a las comunidades su parte correspondiente a la
prestación, si bien Asturias ya ha precisado que en ningún caso dichas
ayudas llegaron a las familias de los fallecidos y que ese dinero se
devolvió en las liquidaciones anuales.
El ministerio de Ana Mato reconoció durante el último
Consejo Interterritorial de Dependencia de enero la existencia de 30.000
dependientes fallecidos registrados.
Sin embargo, el número que desvela
el Tribunal de Cuentas es superior.
El total hasta el 30 de abril de
2011 ascendía a 41.224 personas.
El Imserso dio de baja a 29.169
personas a instancias del Tribunal y logró recuperar 140 millones de
euros por las «liquidaciones indebidamente efectuadas».
Pero además, el
Tribunal detectó otras 12.055 personas por las que el Imserso «seguía
pagando indebidamente a las comunidades autónomas» 29 millones de euros,
aún por recuperar.
Asturias, fiscalizada
En el informe, el Tribunal de Cuentas fiscalizó en
profundidad a Asturias, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Madrid y Canarias.
En esas seis regiones se encontraron pagos indebidos
del Imserso por 220 millones, debido a 35.437 expedientes computados
como dependientes con prestaciones, aunque en la base de datos de las
comunidades no estaban registrados.
Las propias comunidades autónomas
dejaron de percibir 70 millones por el caso contrario, es decir,
dependientes que figuraban en los sistemas de las autonomías, pero no
del Estado.
Fuente : elcomercio.es
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