La interminable espera de la dependencia
José Antonio Romero, un vendedor de cupones de la ONCE jubilado de
Sevilla, apunta en sus agendas todas y cada una de las gestiones que ha
debido hacer relacionadas con su hijo en los últimos meses.
Y no han
sido pocas.
Decenas.
«Mire, este día es el último que fui a preguntar
por los papeles de la Dependencia y me dijeron que están a punto de venir a valorarlo. Me lo han dicho ya varias veces, pero aquí no viene nadie».
Hoy domingo se cumple un año y un mes, 396 días, desde que José
Antonio Romero, de 65 años, presentó la solicitud para que su hijo
mayor, que se llama igual que él, recibiera las ayudas previstas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, regulado en una ley aprobada en 2006, por el Gobierno que presidía el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta familia se encuentra en la situación denunciada recientemente
por el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, en una dura
resolución, de la que ya informó EL MUNDO de Andalucía, en la que acusa a
la Junta de paralizar la Ley de Dependencia, ya que, aunque acepta
nuevas solicitudes, luego las guarda en un cajón y «nunca llegan a resolverse».
La familia de Sevilla que lleva más de un año en espera necesita
urgentemente la ayuda.
José Antonio Romero Jiménez, de 39 años, es otra
persona desde el 21 de septiembre de 2011, cuando se cayó en el piso en el que reside con sus padres.
Sufrió un derrame cerebral y el chico al que le gustaba el campo y trabajaba de albañil se convirtió en lo que la ley denomina «gran dependiente»
porque «necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la
vida diaria, por su pérdida total de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial» también «necesita el apoyo indispensable y
continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para
su autonomía personal».
Son los dependientes con una discapacidad severa y fueron los
primeros en recibir las prestaciones de la ley. La definición entera de
«gran dependiente» es aplicable a José Antonio Jiménez.
No puede andar, tampoco controla esfínteres ni de día ni de noche y es agresivo con sus familiares. Su grado de minusvalía está fijado en el 80 por ciento, aunque su padre cree que debe ser mayor.
«Siempre estamos al menos dos personas con él. De día y de noche
porque es imprevisible», explica su padre. Para bañarlo, acostarlo o
moverlo.
Han contratado a una joven para que les ayude a cuidarlo, pero
no es suficiente. José Antonio y su mujer, Rosario Jiménez, de 61 años, ya no pueden más.
Él arrastra una cojera, provocada por la polio que sufrió cuando era niño.
Y cada día que pasa se encuentra peor.
«El médico le dice que tiene que andar, pero aquí estamos día y noche.
Enclaustrados y amargaditos vivos», afirma su mujer.
Ella tampoco anda bien.
Sufre ataques de epilepsia, aunque hace meses que no ha tenido uno.
La vivienda en la que residen no está adaptada.
La silla de ruedas
apenas cabe por el pasillo.
La han cambiado por una silla giratoria sin
brazos, mucho más estrecha.
Se preguntan desolados qué hay que hacer con su hijo. «¿Lo dejamos
tirado en una cuneta? ¿Tendré que plantarme en el Parlamento con él para
que me escuchen los políticos?», clama el padre.
Inicio del procedimiento
Esta familia ha hecho innumerables gestiones para recibir la ayuda de
la Administración.
La carta que comunica el «inicio del procedimiento»
informa de que la solicitud entró el 27 de diciembre de 2011 y que en un
«plazo máximo» de tres meses habría una resolución. Pero no hay respuesta.
Nadie acude a valorar a José Antonio y sus padres se encuentran
atados de pies y manos.
Sin la valoración prevista en la Ley de
Dependencia no se puede acceder a ningún tipo de recurso.
Ni a una ayuda económica, ni a un centro de día, ni a teleasistencia...
Todo debe pasar previamente por el programa individual de atención
(PIA) previsto en la ley.
Lo que ellos demandan es un centro donde pueda
acudir durante el día y luego regrese a casa.
¿Hasta cuándo durará la
espera?
Fuente : elmundo.es/elmundo
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