1.067 dependientes fallecidos cobran la ayuda por un error de gestión
La falta de actualización de una
base de datos lleva a pagar 140 millones a unas 30.000 personas en toda
España, según el Tribunal de Cuentas
La falta de actualización de las bases de datos de
dependientes entre los distintos niveles de las administraciones
–autonómica y central– provocó que casi 30.000 beneficiarios pudieran
seguir cobrando su ayuda después de haber fallecido, 1.067 de ellos en
Asturias.
Así lo pone de manifiesto un informe preliminar del Tribunal
de Cuentas conocido ayer que analiza la gestión económica de la
aplicación de la ley de Dependencia entre 2007 y 2011.
El documento deja
claro la total descoordinación y errática gestión de las ayudas a la
dependencia por parte de los organismos públicos.
En su análisis demoledor, el Tribunal de Cuentas denuncia
que 29.169 personas se encontraban «indebidamente incluidas en la
aplicación informática SISAAD como beneficiarias del sistema después de
haber fallecido».
El documento denuncia que la omisión de la información
se debió a la «falta de comunicación de estos decesos por parte de las
comunidades autónomas» a la aplicación informática.
Esta falta de
actualización de la base de datos provocó que el Estado a través del
Imserso –el organismo encargado de gestionar las ayudas de dependencia–
siguiera abonando a los Gobiernos regionales el porcentaje
correspondiente de la prestación.
Sin embargo, eso no significa que la familia de los
beneficiarios fallecidos recibieran el dinero. De hecho, como el propio
informe denuncia, es posible que las comunidades sí que dejaran de
abonarles la prestación al ser informados del deceso.
Por eso el informe
concluye que se produjo una «financiación indebida de estas
comunidades», ya que el dinero nunca llegó a su destinatario final (ya
fallecido).
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas también tira de las
orejas al Gobierno central al recordarle que es el Imserso el
responsable de la «administración», «mantenimiento» y «actualización» de
la aplicación informática.
Una vez detectado el problema, el Imserso ha
logrado recuperar más de 140 millones de euros de ayudas concedidas a
las comunidades autónomas indebidamente.
Entre las comunidades con más
beneficiarios fallecidos se encuentran Andalucía (4.194), Castilla y
León (4.105) o País Vasco (3.444).
«Lo importante es que hemos puesto en marcha que la
información de los ministerios se traspase directamente a las
comunidades», explicó la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Consejo
Territorial de Dependencia.
Hacía referencia al acuerdo de mínimos
adoptado entre Gobierno y comunidades para dotar al sistema de
dependencia de datos más homogéneos y fiables.
Mucho más crítico se mostró el consejero de Sanidad de
Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, quien acusó al anterior
Gobierno socialista de la mala gestión.
«El informe pone en evidencia no
solo elementos de mala gestión, sino de falta de coordinación en las
prestaciones», aseguró.
Además el informe del Tribunal de Cuentas, que
se encuentra en fase de alegaciones, también critica las listas de
espera, las diferencias en las prestaciones de las comunidades y
defiende los servicios profesionales sobre los familiares.
Los problemas de coordinación en el desarrollo de la
normativa aprobada en 2006 ha sido una de las críticas constantes de los
responsables del PP contra la ley.
En ello ha basado el Gobierno la
defensa de los cambios aprobados en varios decretos y que ayer fueron
ratificados en el Consejo Territorial.
Entre ellos la unificación de los
servicios, las cuantías máximas de las prestaciones entre las
comunidades.
También se aprobó un catálogo de referencia de servicios
sociales común.
«Buscamos la fórmulas para agilizar la normativa y
priorizar la ayuda a grandes dependientes», aseguró Mato.
De hecho, uno
de los objetivos del Gobierno es potenciar en cinco años los cuidados
profesionales frente a los familiares, una ayuda que el PP cree
excepcional.
Pero la financiación sigue siendo el gran escollo y la
principal queja de todas las comunidades.
Las regiones gobernadas por el
PSOE criticaron las propuestas del ministerio, que en su opinión,
siguen la senda de «desmantelamiento del sistema de bienestar», según
expresó la consejera asturiana, Esther Díaz, y que buscan la
privatización de los servicios a través de la profesionalización de los
cuidadores.
Fuente : elcomercio.es
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