La falta de actualización de las bases de datos de
dependientes entre los distintos niveles de las administraciones
-autonómica y central- provocó que casi 30.000 beneficiarios pudieran
seguir cobrando su ayuda después de haber fallecido.
Así lo pone de
manifiesto un informe preliminar del Tribunal de Cuentas conocido este
miércoles que analiza la gestión económica de la aplicación de la ley de
Dependencia entre 2007 y 2011.
El documento deja claro la total
descoordinación y errática gestión de las ayudas a la dependencia por
parte de los organismos públicos.
En su análisis demoledor el Tribunal de Cuentas denuncia
que 29.169 personas se encontraban «indebidamente incluidas en la
aplicación informática SISAAD como beneficiarias del sistema después de
haber fallecido».
El documento denuncia que la omisión de la información
se debió a la «falta de comunicación de estos decesos por parte de las
comunidades autónomas» a la aplicación informática.
Esta falta de
actualización de la base de datos provocó que el Estado a través del
Imserso -el organismo encargado de gestionar las ayudas de dependencia-
siguiera abonando a los Gobiernos regionales el porcentaje
correspondiente de la prestación.
Sin embargo, eso no significa que la familia de los
beneficiarios fallecidos recibieran el dinero.
De hecho, como el propio
informe denuncia, es posible que las comunidades sí que dejaran de
abonarles la prestación al ser informados del deceso.
Por eso el informe
concluye que se produjo una «financiación indebida de estas
comunidades», ya que el dinero nunca llegó a su destinatario final (ya
fallecido).
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas también tira de las
orejas al Gobierno central al recordarle que es el Imserso el
responsable de la «administración», «mantenimiento» y «actualización» de
la aplicación informática.
Una vez detectado el problema, el Imserso ha
logrado recuperar más de 140 millones de euros de ayudas concedidas a
las comunidades autónomas indebidamente.
Entre las comunidades con más
beneficiarios fallecidos se encuentran Andalucía (4.194), Castilla y
León (4.105) o País Vasco (3.444).
Fuente : ideal.es
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