Muchos vieron en la nueva norma un filón para hacer negocio, aunque no previeron las condiciones de la ayuda
Hace una década, cuando todavía no se hablaba de Ley de Dependencia y los niveles de desempleo empezaban a recuperarse después de varios annus horibilis, nada parecía indicar que fuese el momento preciso para arriesgarse a crear un negocio basado en la asistencia a domicilio.
Algunos de los que lo asumieron entonces han conseguido llegar a los umbrales del segundo decenio del siglo XXI con éxito.
Pero las cosas han cambiado demasiado desde entonces, quizá esas oportunidades ya existían entonces, sólo que ahora se han descubierto totalmente: el envejecimiento progresivo de la población, la incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento de la esperanza de vida son los principales condicionantes que obligan a las familias a delegar el cuidado de sus mayores en otras personas.
La iniciativa privada apenas encuentra resquicios en esta norma para lucrarse.
Los casos de ancianos y enfermos que precisan atención completa deben pasar el examen de la Junta de Andalucía.
Es la institución la que dirime la prestación, ya sea económica o en servicios.
Si se dictamina la ayuda en servicios, son los propios ayuntamientos los que la acometen a través de sus programas de asistencia.
En el caso contrario, es el cuidador o familiar el que recibe la paga por atender al paciente, por lo que las empresas privadas quedan al margen de este negocio.
Fuente: lavozdigital.es cadiz
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