Bienestar Social tirará de la red municipal de servicios sociales, la que gestionan los ayuntamientos, para desatascar la gestión de la Ley de la Dependencia en Asturias.
Así lo anunció ayer en la Junta General del Principado la consejera Noemí Martín, quien explicó que se reforzará con 30 personas la plantilla de los servicios sociales municipales y se incorporarán otras 25 personas al equipo de la propia consejería: 15 para reforzar los equipos territoriales y 10 para mecanizar datos.
La respuesta de Martín coincide con la idea la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que, tal y como adelantó EL COMERCIO, planteó al Principado «utilizar los servicios sociales municipales para acabar con el atasco», cifrado en más de 6.000 personas con derecho a recibir prestación que aún no la tienen. En la propuesta de la asociación se aseguraba que, de ceder la gestión a la red gijonesa «el atasco se acabaría».
«PER encubierto»
La otra crítica de la asociación fue al «exceso de pagas a familiares» que concede el Principado, calificada ayer en la Junta por la diputada del PP, Inmaculada González, como «un PER encubierto», en relación al Plan de Empleo Rural andaluz que se resume en subsidios. González fue la que obligó, con su interpelación, a que Martín diera explicaciones en el parlamento, tras saberse que 3.800 personas fallecieron a la espera de las ayudas de la ley.
Fuente: elcomerciodigital.com 19 de junio
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