Sólo un 65% de afectados solicita en Jerez las ayudas por dependencia
El PP denuncia la "lentitud" en las concesiones y que la Junta ha valorado menos de la mitad de los 10.000 casos de jerezanos · Critican que en la ciudad se han perdido casi 300 plazas para mayores.
El PP presentó ayer en Jerez un resumen del estudio que ha realizado sobre la implantación de la Ley de Dependencia en la provincia de Cádiz. En primer lugar, la presidenta del partido, María José García-Pelayo, recordó que en la ciudad alrededor de diez mil jerezanos pueden acceder a este tipo de ayudas aprobadas en 2006, aunque "sólo las han solicitado un 65% (6.495), según nos ha confirmado la consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro".
A juicio de la popular, lo más "grave" es que de estos datos sólo "el 50 por ciento (4.866 casos) ha sido valorados por la Administración autonómica en cuanto a niveles y grados de dependencia. Una preocupación doble porque hasta 2015, los 10.000 dependientes jerezanos no van a ser totalmente beneficiados por las ayudas que contempla la Ley, porque se aplica escalonadamente y en Jerez el retraso es importante porque muchas personas están esperando la valoración y la percepción de las ayudas".
La concejal popular Isabel Paredes, responsable de este análisis, hizo balance también de la situación actual y criticó la falta de infraestructuras y el déficit en los equipamientos sociales. Así, señaló que en la provincia "decrecen las plazas residenciales.
Actualmente nos encontramos con un índice de cobertura del 2.7 por debajo del 3.5 de la media española". Incluso, llamó la atención sobre la importante pérdida de plazas para mayores en ciudades como La Línea, con 72 plazas menos que hace cuatro años, y Jerez que ha perdido en este mismo periodo "un total de 270 plazas debido al cierre del albergue San Álvaro, la marcha de las Hermanitas de los Pobres y por las obras, que aún no han empezado, en la residencia de La Granja".
A la vez que explicó que el tiempo de espera en la asignación de plaza, debido a la escasez de las mismas, "puede superar los dos años. Incluso, los casos de emergencia social pueden superar el año de espera sin garantía de que la plaza se pueda asignar en la localidad de la residencia".Isabel Paredes señaló que el recurso que más concede la Junta es el económico (en un 43 por ciento de los casos). "Si tenemos en cuenta que en el 85 por ciento de las familias con algún miembro dependiente es una mujer quien presta los cuidados, se las está condenando a permanecer en el hogar. Además, por poco dinero tienen a una personas sin cualificar realizando el trabajo de un profesional, pese a que la prestación económica aparece en la Ley como reservada para casos excepcionales".
De este modo, la concejal popular considera que se trata de un "gravísimo fraude al sistema y a la ley al convertir en habitual lo que debería ser una excepcionalidad. Por otra parte, hay que señalar que el precio de una residencia por plaza es de 1.500 euros frente a la paga económica que oscila entre 300 y 600 euros".
Al mismo tiempo, Paredes denunció que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social está vulnerando los plazos de 3 meses, "ya el reconocimiento de la situación de dependencia está tardando una media de un año".Así las cosas, desde el PP consideraron ayer necesario que se pongan en marcha mecanismos y medios para la agilización de los plazos de tramitación y para aumentar las infraestructuras existentes.
De hecho, Paredes hizo hincapié en la necesidad de elaborar un mapa de equipamientos socio-sanitarios con el que "estableces las necesidades que hay y las infraestructuras con las que se cuentan para establecer un plan de actuación". Por último, la responsable popular criticó que han desaparecidos las ayudas para la promoción de la autonomía y desde 2005 no existen ayudas específicas para mayores de 65 años, por eso pidió "mecanismos de coordinación entre los social y lo sanitario que contribuya a mejorar la calidad de vida" de este segmento de la población.
Fuente: diariodejerez.es - 24 de junio
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