A 1 de junio habían fallecido el 13,5% de los 28.223 demandantes, la tasa más alta del país, sólo superada por la comunidad balear, que roza el 14%
Bienestar prepara un 'plan de choque' para desbloquear más de 6.000 casos
Asturias lidera la lista más negra de la dependencia. El Principado es la región con mayor porcentaje de personas que fallecieron mientras esperaban la llegada de las ayudas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Tal y como adelantó EL COMERCIO, del listado real de 28.223 asturianos que, entre el 23 de abril de 2007 y el 1 de junio de 2009, presentaron su solicitud para ser considerados dependientes, se han caído 3.800. Es decir, el 13,5% de los solicitantes han muerto antes de disfrutar de unas prestaciones surgidas para que su discapacidad o falta de autonomía no fuera sinónimo de dependencia de un familiar.
Así se desprende de la revisión de los datos realizada por el organismo encargado de gestionar en el país el Sistema de Atención a la Dependencia: el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Tras revisar, una a una, todas las peticiones presentadas en España, el Imserso publicó el 1 de junio unas cifras tan reales como duras: 99.183 españoles fallecieron en espera de la ley.
La comparativa nacional señala al Principado como una de la región con más problemas, ya que su tasa de fallecidos supera en tres puntos la media del país (10,3%) y la cifra total de asturianos que quedaron sin prestación ronda el 4% del conjunto de España.
Con ese 13,5% de nombres caídos de la relación, la asturiana es la región que lidera la tasa de mortalidad, ya que sólo la supera la comunidad balear, que roza al 14%, pero que tiene menos solicitantes netos. En el Norte, únicamente se le aproxima Galicia, con un 13%, mientras que el País Vasco protagoniza la cara de la moneda: sólo dejó sin respuesta al 8% de sus 68.403 solicitantes.
«Descentralizar la gestión»
La relación de cifras 'negras' en Asturias no se limita sólo a los fallecidos, sino que también suma 4.742 personas que han presentado su solicitud, pero que no tienen aún dictamen de grado y nivel de dependencia, así como 6.081 que, aunque ya saben a qué tienen derecho, aún no han recibido la prestación que conlleva. De hecho, la mayoría lleva un año a la espera.
Ese atasco es, precisamente, lo que acarrea mayores críticas a la gestión de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, tanto por el único partido en la oposición, el PP, como por los colectivos de afectados, entre ellos la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas, y por el ente que reúne a más expertos en la materia: la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El presidente de esta última, José Manuel Ramírez, explica que «la tasa de muertos, con ser elevada, tampoco es para poner el grito en el cielo, ya que estamos hablando de un colectivo mayor, con problemas de salud, que tiene un porcentaje de mortalidad que oscila entre el 10 y el 13%».
Sin embargo, lo que no considera «normal» es que «haya tal atasco en la gestión», por lo que, la pasada semana, instó al Principado a «descentralizar la gestión», puesto que entiende que los problemas vienen «porque no ha utilizado la red municipal de servicios sociales para tramitar esta ley». De hecho, aseguró que «si dejara a la Fundación Municipal de Servicios Sociales tramitar las peticiones gijonesas, el atasco acabaría. Es clave utilizar esa red».
55 nuevos empleos
Dicho y hecho, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, anunció el jueves durante el pleno de la Junta General del Principado que, dentro de un «plan de choque» para descongestionar la gestión consistente en contratar a 55 personas, de las que 30 «reforzarán la plantilla de los servicios sociales municipales».
Las otras 25, como ya publicó EL COMERCIO, se incorporarán a los equipos territoriales, los que gestionan la ley en todo el territorio asturiano, de los cuales 15 estarán sobre el terreno y 10 se dedicarán a mecanizar los datos, tanto las peticiones, como las valoraciones y las notificaciones.
El objetivo es, según explicó Martín, que en seis meses «se acabe con los retrasos», para que Asturias empiece a cumplir la ley. Esto es, que en el plazo de tres meses, o cuatro según el decreto aprobado por el Gobierno regional, la persona que se considere dependiente reciba la prestación a la que tenga derecho.
Hospitales llenos
Pero mientras se lleva a cabo el plan y no, expertos y usuarios coinciden en que la ley «ha generado gran frustración» entre los posibles beneficiarios, hasta el punto de que la Confederación de Personas con Discapacidad (Cocemfe) pide que «se pare y se revise la ley»
Porque, aunque el problema no único en Asturias, ya que ocurre lo mismo en todo el país, todos coinciden en un problema que señala el PP, que es que «en Asturias hubo un parón, debido al cambio en las consejerías», recuerda la diputada Inmaculada González, en referencia a que desde 2007 han estado al frente del departamento desde Laura González, la que la puso en marcha, las socialistas Pilar Rodríguez (hoy directora del Imserso) y Teresa Ordiz, hasta la actual, Noemí Martín.
A eso suma «la falta de financiación», que lleva al Principado a pagar 8 de cada 10 euros que cuesta esta ley, y a «centrar la ayuda en la paga al cuidador familiar», a la que González cree que «hay que poner freno, porque es un subsidio con el que callar bocas, pero no resolver nada.».
En eso coincide con la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas, que preside el asturiano Vicente Sanz, quien, además, señala otro problema «se está llegando a la sanitarización de la persona dependiente, puesto que el familiar cuidador no puede atenderle como necesita y se multiplican las visitas a hospitales y centros de salud».
Fuente: elcomerciodigital.com 21 de junio
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