Madrid y C.Valenciana acumulan 50% reclamaciones sobre ley de Dependencia
La Comunitat Valenciana y Madrid concentran más del 50 por ciento de las quejas que llegan al Defensor del Pueblo sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Así se desprende del informe del Defensor del Pueblo de 2008, cuyo titular, Enrique Múgica, ha presentado hoy en el Parlamento, y que señala que todavía hay "un considerable número de ciudadanos que, aún teniendo una gran dependencia, no han conseguido ver reconocido su derecho".
Respecto a la labor de la Generalitat en este tema, Múgica critica que la Conselleria de Bienestar Social no contestó solicitudes de valoración y dejó en suspenso la tramitación de la misma, "cuando, de una primera valoración" deducía que les correspondía un grado moderado de dependencia, y por lo tanto no le era de aplicación la ley.
En estos casos, se dejaba en suspenso la valoración, sin comunicárselo al interesado hasta el último trimestre del año anterior al de implantación del grado moderado, que estaba establecido para 2014.
Múgica señala que "aún comprendiendo las dificultades de gestión que el elevado número de solicitudes ha originado para las administraciones públicas implicadas, no puede compartir el criterio expuesto", ya que la administración pública tiene la "obligación" de dictar resolución expresa sobre cualquier solicitud que formulen.
Asimismo recuerda que no se puede optar por "resolver expresamente o dejar de hacerlo aplicando la figura del silencio administrativo".
El mayor volumen de quejas se refiere a la "demora en la valoración y posterior aprobación del programa individual de atención", indica y considera "significativo" el número de interesados que han fallecido a lo largo de este proceso y cuyos descendientes podrán "ver o no reconocidos sus derechos".
El informe señala que la aplicación de esta ley y las "lagunas detectadas" en ella, fue una de las cuestiones que centró en encuentro anual celebrado entre el Defensor del Pueblo y los comisionados parlamentarios de las comunidades autónomas, y en que se busca la coordinación de estos organismos.
En este encuentro se citó, entre las dificultades surgidas, el desarrollo normativo de la ley y la aplicación que en cada comunidad autónoma debe realizarse de la misma, la falta de una evaluación sobre la aplicación de la norma, y la "falta de concordancia entre los datos facilitados por las administraciones autonómicas y los publicados por el IMSERSO.
El defensor también destaca que algunas administraciones han tenido que "crear y alimentar aplicaciones informáticas paralelas par conocer el estado de tramitación de los expedientes, ya que el sistema no ofrece los listados necesarios, y los que sí están instalados tienen numerosos errores.
La falta de operatividad en el sistema establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para "suministrar datos económicos de los beneficiarios", ha sido otros de los aspectos denunciados por el Defensor, que también ha apuntado que algunas comunidades autónomas ven "insuficiente" la financiación que reciben.
Fuente: EFE, Valencia
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