Los desistimientos de las ayudas suponen el 0,9% de los expedientes valorados y suelen producirse cuando se asigna la Ayuda a Domicilio o no se aprueba la paga al cuidador.
La asignación de los recursos y servicios que conforman el catálogo de la Ley de Dependencia no convence a quienes solicitan ayuda para atender a un familiar con problemas de autonomía. Sin embargo, los cordobeses que rechazan los Planes Individualizados de Atención (PIA) que elaboran los trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios una vez que han valorado la situación de una persona dependiente siguen siendo una minoría a día de hoy.
Y es que, según los datos facilitados a este semanario por la delegación provincial de Igualdad y Bienestar Social, solamente el 0,91 por ciento de los más de 12.000 PIAs que han sido aprobados en la provincia desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007 figuran como desistimientos en la estadística de la Administración autonómica.
¿Contentos o resignados?
A priori, este dato podría interpretarse en dos sentidos completamente antagónicos: como una prueba del elevado grado de conformidad de la población con la asignación de recursos que lleva a cabo la la Junta de Andalucía o, por el contrario, como una evidencia de la resignación de las familias a la hora de aceptar cualquier tipo de ayuda, aunque no sea la más adecuada para el dependiente, con tal de lograr aliviar la carga que soportan los cuidadores.
Los profesionales del sector reconocen que los desistimientos y rechazos -concepto que se aplica a la no aceptación el PIA una vez que ha sido resuelto por Igualdad y Bienestar Social- no son frecuentes, aunque matizan que muchas familias obvian ambas opciones debido a que “supone solicitar la reapertura del expediente” y una mayor dilación de los trámites, apunta José Mª Romero, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Córdoba.
Residencias de mayores y Ayuda a Domicilio son los servicios que con más frecuencia rechazan los familiares de dependientes. Suele ocurrir que “las familias no aceptan una plaza en una residencia si ello supone el traslado del dependiente a otra localidad”, ya que la Junta puede adjudicar una plaza en cualquier municipio siempre que no trascienda el ámbito provincial, aclara este trabajador social. No obstante, los profesionales aseguran que “últimamente se están produciendo rechazos de Ayuda a Domicilio”, uno de los servicios que parece convencer menos a las familias.
En otras ocasiones, lo que ocurre es que los allegados de los dependientes sólo están interesados en obtener la prestación económica destinada a los cuidadores, un recurso que la Ley de Dependencia contempla como excepcional cuando no se disponga de otros recursos. “Muchas familias aceptan un servicio y luego ponen la excusa de que no les satisface para poder obtener así la prestación económica”, sostiene Romero, quien recuerda que “los servicios de la Ley de Dependencia no pueden darse a la carta, porque la familia no puede elegirlos libremente”.
Las revisiones se eternizan
Al margen de estas situaciones, los familiares advierten de los problemas que surgen al solicitar una revisión de expediente cuando empeora el estado de salud de la persona dependiente.
Fuente: lacalledecordoba.com
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