El presidente de la Asociación empresarial de residencias y servicios a personas dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, ha abogado hoy por orientar parte de la inversión pública del Estado al sector asistencial, para fomentar la creación de empleo y riqueza.
Giménez ha señalado en un comunicado que el sector de la dependencia ha alcanzado el reconocimiento de "interés especial" en todos los ámbitos empresariales y comerciales, pero "parece que las Administraciones públicas han decidido orientar sus inversiones a otros sectores con menor incidencia en la calidad de vida y el retorno económico directo al ciudadano".
Ha recordado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, ha defendido recientemente que este sector debe ser tenido en cuenta como generador de empleo y de riqueza y ha abogado por la necesidad de adecuar los precios de concertación a los servicios que se prestan.
Para Giménez, el respaldo de la CEOE supone el reconocimiento de que este sector ha adquirido "la madurez y el peso específico necesario para equipararse con sectores con más tradición empresarial en España", y ha destacado que ese crecimiento incide directamente en otros sectores como la alimentación, la construcción o la tecnología.
Como ejemplo, ha explicado que el sector de tecnología sanitaria, que agrupa a más de 1.700 empresas, cerró el ejercicio de 2008 con una facturación cercana a los 6.000 millones de euros, un 8% más que el año anterior.
Además, ha indicado que, a pesar de la crisis económica, la actividad internacional y el desarrollo de proyectos de I+D+i han mantenido la tendencia de crecimiento de este sector, en el que desarrollan su actividad más de 30.000 profesionales.
Por otra parte, el presidente de Aerte ha respaldado la solicitud de la CEOE a la Administración pública para que culmine el desarrollo y reglamento de la Ley, definiendo un marco estable basado en criterios de calidad, equidad en el acceso y sostenibilidad económica.
También ha abogado por un sistema único que defina los modelos de atención y por dar prioridad a las prestaciones de servicios frente a las económicas, "para que la figura del cuidador informal no se convierta en norma".
Fuente : adn.es/valencia 21 de junio
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