Dependencia en la pendiente
Las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar se han reducido en un 15%
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia nació ambiciosa y con el apoyo
de los principales grupos políticos. Entró en vigor en 2007, cuando aún
no se hablaba de crisis, y fue recibida como un cuarto pilar del Estado
del Bienestar (junto con la sanidad, la educación y las pensiones).
El
nuevo marco establecido por la ley 39/2006, de 14 de diciembre, sentó
las bases del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD), del que forman parte, con fecha 1 de octubre de 2012, 968.635
personas beneficiarias de ayudas y prestaciones en toda España, 53.052
en Castilla-La Mancha y 14.214 en la provincia de Albacete.
Las cifras nacionales de cobertura del SAAD, hoy por hoy,
se ajustan bastante a las que se avanzaron coincidiendo con la puesta
en marcha de la ley, que apuntaban a la existencia de algo más de un
millón de personas con dependencia grave o severa en todo el territorio
nacional.
Sin embargo, el SAAD ha comenzado a flaquear, presa de las
estrecheces económicas.
Las asociaciones sociosanitarias con usuarios
afectados señalan que cada vez se están demorando más las nuevas
valoraciones, se han restringido las cuantías de las prestaciones y se
están llevando a cabo revisiones de oficio con el propósito, según los
más pesimistas, de reducir o eliminar ayudas.
La gota que ha colmado el vaso en la Región ha sido el
proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes regionales el 22 de
octubre pasado, según el cual se abonarán hasta 40 euros por la
solicitud de revisión del grado de dependencia, y 35 euros por la
emisión del certificado de idoneidad como cuidador no profesional de
personas en situación de dependencia.
Sobre este asunto, los Servicios Periféricos de la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales puntualizan que la medida «no
se encuentra en vigor en la actualidad».
Además, indican que la tasa se
aplicará en los casos de «aquellas personas que de forma privada
soliciten de la Administración una reevaluación de su situación de
dependencia», y que el proyecto de ley «contempla exenciones para
quienes tengan menor renta o no puedan hacerse cargo de estas
circunstancias».
Asociaciones de Albacete como Amiab o la Unión
Democrática de Pensionistas (UDP) han mostrado su rechazo a que se cobre
por estos servicios.
La presidenta de Amiab, Encarnación Rodríguez,
explicó que el colectivo que atiende el SAAD «tiene muchos problemas de
integración laboral», por lo que cualquier nuevo requerimiento económico
«supone poner las cosas más cuesta arriba para estas personas».
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio
Echániz, explicó que con este gravamen el Gobierno regional «quiere
disuadir del mal uso que se está haciendo de determinados servicios
técnicos».
«Se penalizará económicamente con el cobro del coste de una
nueva valoración que, según se ha comprobado de forma reiterada, en un
alto porcentaje no genera nuevos derechos para los interesados y sí, en
cambio, supone una notoria carga de trabajo y un perjuicio para atender
otras necesidades en esta misma área».
La Junta también ha dejado claro
que las valoraciones requeridas por la propia Administración, que muchos
usuarios están conociendo por carta, «no generarán gasto alguno para
los beneficiarios».
Para la portavoz de Bienestar Social del Grupo
Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Matilde
Valentín, el sistema de atención a la dependencia se encuentra, sin
embargo, «en caída libre».
Ponía el siguiente dato sobre la mesa: en
mayo de 2011 se atendía a 27.672 personas en la Región con grado III
(máximo grado de dependencia y mayor coste de atención), que suponían el
33,09% del total.
En octubre de 2012 (última fecha recogida por los
informes del Imserso), esta cifra es de 21.489 personas, un 25,10%.
«¿Qué ocurre? ¿Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para
que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste? ¿O
se está dejando de atender a quienes más lo necesitan?», se preguntó
Valentín.
Un punto de inflexión se ha producido este verano con el
acuerdo adoptado el 10 de julio por el Consejo Territorial para la
mejora del SAAD.
La resolución establece una nueva estructura en la
clasificación de la situación de dependencia, con una única división en
tres grados (inicialmente cada grado llevaba aparejado varios niveles).
Asimismo, se dispone la revisión de la prestación económica para
cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no
profesionales, adoptándose, como «medida de ahorro», la reducción en un
15% de las cuantías máximas.
La presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzhéimer y Otras Demencias Seniles (AFA) de Albacete, Aurora Ortiz,
señaló que, «al bajar el nivel de baremación es más difícil alcanzar un
grado de dependencia y que otorguen una ayuda, porque el filtro que se
aplica es mucho mayor».
Eso implica, para los enfermos de alzhéimer, que
«quienes estén al principio de su enfermedad, con un deterioro leve,
van a tener complicado disponer de una prestación».
«Es aventurado opinar sobre lo que ocurrirá en el futuro,
pero las familias van a tener que cambiar el chip», dijo Ortiz.
También
Raquel Pérez, trabajadora social de AFA, indicó que con los cambios que
se han introducido en julio «va a haber más gente que no tenga
solicitada la ley, mientras que antes todo el mundo la pedía».
Tiempo de espera
Los que soliciten amparo en el SAAD -mediante el
formulario de Internet o personándose directamente en la sede de los
Servicios Sociales de la Junta en el paseo Simón Abril , o en el Centro
de Valoración de la Dependencia junto a la residencia Núñez de Balboa-
deben saber que el tiempo máximo de espera hasta que se valore al
beneficiario «prácticamente se ha duplicado», según indicaron desde AFA.
Los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de Albacete informaron, sobre este punto, que se tarda, de
media, de cinco a siete meses.
Para empezar a cobrar se tendrá en cuenta, además, la
fecha de la resolución del reconocimiento de las prestaciones o, en su
caso, «desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación
de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de
reconocimiento de la prestación, salvo cuando se trate de la prestación
económica de cuidados en el entorno familiar, que quedarán sujetas a un
plazo máximo suspensivo de dos años».
La Junta señala que en la provincia de Albacete hay
26.792 personas valoradas.
Dentro de este conjunto están incluidas las
personas con grado III (gran dependencia); grado II (dependencia
severa), grado I (dependencia moderada) y también quienes no han
obtenido grado de dependencia.
Como beneficiarios de servicios
(teleasistencia, ayuda a domicilio, atención residencial o centros de
día, entre ellos) o de prestaciones económicas se contabilizan, en la
provincia, 14.214 beneficiarios.
Según los Servicios Periféricos de la Consejería en
Albacete, «en líneas generales no puede apreciarse un descenso
significativo en el número de beneficiarios con respecto a años
anteriores».
Estas fuentes apuntan a que hay en Albacete 7.379
beneficiarios de servicios y 6.835 con prestaciones económicas, de las
cuales 6.528 son cuidadores.
«Los datos estadísticos del mes de octubre
en la provincia nos arrojan un importe que asciende a 2,2 millones de
euros entre distintos tipos de prestaciones económicas», puntualizaron.
En cuanto a dictámenes pendientes en la provincia, hay
ahora mismo 253, articulándose desde los Servicios Periféricos de la
Consejería «los medios necesarios para su disminución».
El Gobierno
central ha dicho que no se plantea derogar la Ley de Dependencia, pero
apuesta por primar la gestión privada y hacer sostenible el sistema en
un momento en que «toca priorizar».
Fuente : laverdad.es/albacete
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