La reforma de la Dependencia abocará a muchos a la beneficencia, según un informe
Un estudio de la Procuraduría del Principado, en el que participan varias asociaciones, dice que peligra la asistencia a mayores y discapacitados
Por la izquierda, Manuel
Francisco Menéndez, Mónica Oviedo, Dolores San Martín, Francisco García,
M.ª Antonia Fernández Felgueroso y Yowana Cuervo.
Las últimas reformas aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy sobre la ley de Dependencia causarán un retroceso en la atención a mayores y discapacitados «de dimensiones históricas» y puede obligar a algunos, sobre todo a aquellos que no tengan familias que los acojan, a depender de «prácticas asistenciales y de beneficencia».
Así lo manifestó, ayer, la Procuradora General del Principado de Asturias, María Antonia Fernández Felgueroso, en la presentación de un informe sobre la ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
El texto ha sido elaborado en colaboración con varias asociaciones, algunas de ellas representadas en su presentación pública, que llevan cinco años trabajando en comisión sobre la ley, formulando recomendaciones para su mejora: Cermi, Once, Fesopras, Aspace, Aspaym, Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA), y Pensionistas y Jubilados de CC OO y UGT. Ayer, todas ellas coincidían en que la ley «ha recibido una estocada de muerte», en palabras de Manuel Francisco Menéndez (UGT).
La clave, según coincidieron en subrayar, es el recorte drástico de dinero y de servicios. Entre 800 y 1.000 euros menos en los presupuestos estatales, lo que significa que a Asturias llegarán 11 millones menos.
Y eso se traduce en la eliminación de los niveles de discapacidad, con los que se singularizaba la distinta intensidad de los respectivos grados de dependencia; la supresión del carácter retroactivo de determinadas prestaciones y el aplazamiento de dos años para el acceso efectivo al cobro de las mismas; la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores -el 85% son mujeres- y la disminución de la cantidad que cobran como tales; y la eliminación de la compatibilidad entre servicios.
«Las comunidades autónomas que quieran seguir apostando por la ley, tendrán que hacer un esfuerzo inversor adicional muy difícil en la actual coyuntura económica», afirmó Fernández Felgueroso.
Dolores San Martín, de la Federación de Mayores, puso un ejemplo práctico que indica los daños que causan de estos recortes.
«Ayer mismo, un matrimonio octogenario que vive sólo en su casa y que tenía cien horas de ayuda a domicilio, recibió la comunicación de que sólo tendrá 24 horas en días alternos. La situación es gravísima».
En Asturias, el 54% de los 17.500 beneficiados por la ley de dependencia son mayores de 80 años.
En lo que respecta a los dependientes afectados por algún tipo de discapacidad física o psíquica, sus representantes coincidieron en destacar que el principal defecto de la ley fue que nació sin memoria económica.
«Se aprobó con la unanimidad de todos los grupos pero sin financiación, y el Estado tiene la obligación de vigilar por los más débiles. Creemos que está herida de muerte», aseguró Javier Rubio, de Aspaym.
«Los recortes se saltan los derechos constitucionales y se ceban en los más desfavorecidos y en los que pagan los impuestos», apuntó Francisco García Alonso, de CC OO.
La presidenta del CERMI, Mónica Oviedo, lamentó que una ley que había reconocido un derecho subjetivo y que tanto costó que incluyera también a los discapacitados, «quede vacía de contenido».
El informe sobre la ley, redactado por los servicios jurídicos de la institución y que se enviará a la Consejería de Bienestar Social y se incluirá en el informe anual que la Procuradora presenta todos los años en la Junta General, pretende ser, según sus responsables, «una reflexión desde la experiencia cotidiana en el que se concluyen una serie de consecuencias tan preocupantes como la vulneración tácita del derecho que tienen las personas dependientes a recibir la necesaria atención pública, así como la generación de graves situaciones de desprotección social y en todo caso el directo e inminente deterioro de la atención efectiva a la dependencia».
«Nuestra obligación es seguir luchando. Esperemos que alguna vez llegue el rescate a las familias y a las personas», dijo María Antonia Fernández Felgueroso.
Fuente : lne.es/sociedad
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