Servicios sociales en la picota
La Junta disminuye un 19,9% su aportación al plan concertado, que se suma al recorte de la partida estatal en un 40% ·
UGT alerta de la pérdida de programas y empleo · Ayuntamiento y Diputación, a la espera
Temen que el recorte recogido en los presupuestos autonómicos para determinadas partidas sociales provoque cambios (a peor) en su funcionamiento diario.
El reajuste presupuestario para hacer frente a una caída de ingresos y el aumento de los gastos financieros (pago de deuda) se ha traducido en un descenso del 17,4% de los recursos destinados a la seguridad, protección y promoción social dentro del proyecto de cuentas de la Junta de Andalucía (cuyo descenso conjunto es del 4,1%).
Y dentro de ese montante global, bajan partidas como las transferencias a las corporaciones locales en materia de servicios sociales, el denominado plan concertado para el que la Consejería de Salud y Bienestar Social reserva 34 millones de euros para toda la comunidad autónoma, un 19,9% menos que el año anterior.
El recorte se suma al ya practicado por el Gobierno central, de un 40%, por lo que el plan concertado se ve doblemente resentido. Frente a ello, la Junta asegura que la partida global de transferencia autonómica a los ayuntamientos (incluyendo todos los programas) se mantiene, pero UGT y los trabajadores sociales alertan de la pérdida de calidad del servicio.
Los servicios sociales comunitarios son una suerte de médico de familia de la atención social, el primer escalón de la Administración al que llegan aquellos ciudadanos que necesitan ayuda.
Orientan, atienden y derivan, gestionan los programas de intervención comunitaria para múltiples colectivos, organizan la cooperación social sobre los mayores o tramitan las ayudas económicas complementarias. Como muestra, el pasado año sólo los servicios sociales del Ayuntamiento de Huelva tramitaron 13.352 expedientes, con los que calcula que atendió a 40.000 personas.
La financiación procede del plan concertado, un acuerdo Gobierno-Junta-ayuntamientos para sufragar los gastos.
En sus inicios, cada administración aportaba un tercio al plan, pero ese porcentaje fue disminuyendo a lo largo de los años hasta que en 2012, según los datos del Consistorio onubense, la parte local fue del 82%, mientras que el resto lo financiaron Junta y Gobierno central.
Andalucía reservó en los presupuestos de 2012 más de 42,4 millones de euros para los planes concertados; el Gobierno aportó sólo 9, denunciaba recientemente la Junta. Para este año la situación es aún peor: la Consejería aportará 34 millones y el Gobierno, 5,5. La aportación autonómica baja ese 20% y el montante estatal ha caído un 67% en dos años (en 2012 era 17 millones de euros).
En total, los servicios sociales comunitarios quedarán con un presupuesto no municipal de 39,5 millones de euros (12 menos que en 2012). Una cifra que preocupa a todos los implicados: corporaciones, trabajadores y sindicatos, como UGT, que lanzaba la voz de alarma ante la disminución de determinadas partidas que, a su juicio, repercutirán en un empeoramiento de las prestaciones, pero también en la pérdida de empleo.
No sólo disminuye la partida del plan concertado; el programa de Bienestar Social ve reducido su presupuesto en un 33,67%, quedando en 67 millones de euros.
Según un estudio realizado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga sobre el proyecto de presupuestos para 2013, ahí se incluye la reducción de transferencias para minorías étnicas (68,7%), el plan integral para la comunidad gitana (-68,3%) o la atención a migrantes y sus familias (-44,31%).
También bajan las transferencias para los programas de atención a la infancia y algo que preocupa especialmente a las corporaciones, desaparecen los 20,8 millones destinados en 2012 a una partida de refuerzo de los servicios sociales comunitarios.
También hay subidas (el servicio de ayuda a domicilio) y nuevas incorporaciones, como el plan extraordinario de acción social de 60 millones de euros, que gestionarán los ayuntamientos pero del que se desconocen las condiciones, ¿absorberá las prestaciones reducidas en otros capítulos?
Con estas cifras sobre la mesa, la Junta de Andalucía insistía ayer en que, en conjunto, las partidas destinadas a las corporaciones locales se mantienen. Según el presupuesto presentado por Salud y Bienestar Social, la inversión contemplada en los presupuestos andaluces para los ayuntamientos en el capítulo de servicios y prestaciones con carácter finalista es de 415 millones de euros "la misma que en 2012".
"El principal objetivo de estos presupuestos es el mantenimiento de los servicios públicos, a pesar de que la comunidad autónoma andaluza ha dejado de recibir más del 70% de las transferencias finalistas del Gobierno central", señalan fuentes autonómicas.
Sin embargo, las dudas existen.
Desde el Ayuntamiento de Huelva, la concejal de Servicios Sociales, Pilar Miranda, aseguraba que "aún no sabemos nada de los presupuestos, por lo que es pronto para pronunciarse, pero esperamos que no haya recortes, porque ahora el refuerzo de los servicios sociales es más necesario que nunca, cualquier descenso afectaría y mucho".
Miranda recuerda que el Ayuntamiento de Huelva ha mantenido su partida y confía en no tener que cambiar sus cuentas.
La Diputación Provincial, que gestiona los servicios sociales de los pueblos y está elaborando sus presupuestos, también consideraba ayer "prematuro" valorar lo que es todavía un proyecto.
No obstante, el diputado de Administración y Economía, José Martín, aseguró que "desde la Diputación garantizamos que los ciudadanos van a estar atendidos y no se van a cerrar las puertas a los colectivos con necesidades", ya que "garantizamos los servicios sociales".
Y de paso, Martín aprovechó para criticar la política social del Gobierno central: "Estamos trabajando para minimizar el impacto que los recortes del PP va a tener en nuestra tierra".
UGT, en cambio, calificó de "poda drástica y dramática" las cuentas presentadas por la Junta, un recorte que, alertó, obligará al Ayuntamiento de Huelva a "dar un giro en todos sus programas de actuación en los barrios con más necesidades de la capital.
Numerosas intervenciones de emergencia social verán socavados drásticamente, o totalmente, los fondos destinados para ello".
En el caso de la Diputación Provincial esto supondría, "además de la posible pérdida de un importante número de puestos de trabajo, el desmantelamiento de las Zonas de Trabajo Social que actúan desde hace décadas en los pueblos, así como de la red de asistencia a personas que en reciben tratamientos por consumo de sustancias tóxicas", advirtió el sindicato. Unos servicios que "ya están desbordados", añadió.
Fuente : huelvainformacion.es/article/huelva
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