ASTURIAS. EN PELIGRO EL PLAN DE CHOQUE DE LA DEPENDENCIA

La falta de financiación pone en peligro el plan de choque de la dependencia

«Si no hay un buen acuerdo con las autonomías se abrirá una brecha social», alerta el Principado

5.888 dependientes esperan por una ayuda ya reconocida
El final de la espera para casi 6.000 asturianos con una ayuda reconocida tiene fecha. El colapso que han generado en el Principado las solicitudes de aquellas personas que aspiran a conseguir una prestación con cargo a la Ley de Dependencia concluirá a final de año, según aseguró ayer el máximo responsable de la aplicación de la ley en Asturias, Pedro Rodríguez.

La estrategia de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se centra en el «plan de choque» anunciado a mediados de junio en la Junta General por la consejera, Noemí Martín, quien avanzó que, con el fin de descongestionar el atasco generado hasta este momento, contratarían a 55 personas.

De ellas, una treintena reforzará la plantilla de los servicios sociales municipales, mientras que las 25 restantes se incorporarán a los equipos territoriales, aquellos que gestionan la ley en todo el territorio asturiano, de los cuales 15 actuarán sobre el terreno y 10 más se dedicarán a mecanizar los datos: tanto las peticiones como las valoraciones y las notificaciones.

El objetivo es, explicó Rodríguez, que en un plazo de seis meses «se acabe con los retrasos», para que Asturias empiece a cumplir la ley «de facto» y todas las personas que sean consideradas dependientes por los equipos de valoración reciban la prestación o el servicio a los que tienen derecho.

Así las cosas, el problema al que se enfrenta ahora la consejería pasa por la financiación, como advirtió además el director general de Servicios y Prestaciones Sociales, quien precisó que, «lejos del compromiso de financiar la ley al 50%, sólo tres de cada diez euros que cuesta la atención a una persona dependiente en Asturias procede del Gobierno central».

Una prueba patente es que, a falta de cerrar los datos del presente ejercicio, el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales únicamente aportó el año pasado el 22,3% de los 130 millones de euros que al Principado le costó dar respuesta a las personas con discapacidad.

«Papel mojado»
En Bienestar preocupa especialmente la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica: «Si no hay un buen acuerdo de financiación», alertó Pedro Rodríguez, «se abrirá una brecha social entre comunidades autónomas y la revolución anunciada en su momento por el ex ministro Caldera quedará en papel mojado».
A 1 de julio, 8.994 asturianos recibían servicios y prestaciones con cargo a la ley. Casi 6.000 (5.888) aguardaban su Plan Individualizado de Atención (PIA) y 4.797 aún estaban pendientes de valoración.

Fuente: lavozdeaviles.es - 9 de julio