Si actualmente el dinero que aporta el Estado es insuficiente, todavía lo será más cuando en años venideros no aumente esta cuantía en un sólo euro y, por el contrario, los costes de los servicios derivados de la aplicación de la Ley de la Dependencia aumenten por el lógico envejecimiento poblacional.
La conselleira de Trabajo y Bienestar lanzó ayer este mensaje públicamente, después de que este fin de semana el secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, anunciara al hilo del debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que el Gobierno tiene previsto congelar la aportación que realiza a las autonomías por su obligada participación en el pago de la dependencia.
Según detalló la conselleira en un desayuno informativo, si actualmente «todas» las autonomías atraviesan una «asfixia» económica para hacer frente a los costes reales de los servicios recogidos en la ley, esta congelación derivará en un abultado «déficit presupuestario», difícil de sortear además en el actual periodo de crisis económica.
Mato, que subrayó el espíritu «muy loable» del llamado «cuarto pilar del Estado del Bienestar», alertó de la necesidad de convocar «cuanto antes» el Consejo Territorial de la Dependencia, representado por autonomías y Estado, y en el que Galicia planteará la necesidad de «hacer un ajuste en la financiación» para que la Administración central soporte de manera efectiva el 50% del coste de los distintos servicios, ya que ahora «apenas llega al 20%».
En la actualidad, la Ley ha tasado con una cantidad fija el aporte estatal según el grado y el nivel de dependencia que se le reconozcan a las personas beneficiadas, pero sin tener en cuenta lo que en realidad cuesta prestar los servicios. Mato puso el ejemplo de un gran dependiente de grado 3, cuya plaza en residencia asciende a 2.600 euros «pero el Estado sólo paga 263 euros, por lo que el resto le corresponde pagar a la Xunta. «No es la correlación que debería existir», apuntó, por lo que a su juicio «la ley no está funcionando».
Además, mantuvo el compromiso de que antes de fin de año, los 16.000 grandes dependientes de Galicia estarán percibiendo las ayudas que les garantiza la ley, para lo que se utilizarán 28 millones de euros procedentes del plan de austeridad de la Xunta. Asimismo, informó que su departamento reformará el decreto de tramitación de las ayudas, para que desde que se presenta la solicitud hasta que se perciben no pasen más de seis meses.
Fuente: abc.es - 14 de julio
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