El secretario de Presupuestos afirma que la atención a los dependientes sigue siendo una prioridad del Gobierno
«La prioridad del Gobierno sigue siendo cubrir prestaciones sociales, más aun en la situación actual de crisis». Con estas palabras, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, rectificaba las aseveraciones realizadas por un subordinado suyo, el director general de Presupuestos, Luis Espadas, quien aseguró que el gasto en materia de dependencia iba a congelarse en el 2010.
En esta línea, fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda ratificaron ayer que el esfuerzo realizado este año para financiar la ley de dependencia, con un incremento mayor del 70% con respecto a lo gastado en el 2008, no se repetirá el año que viene, pero que eso no significa que se vaya a «congelar» el dinero destinado a ayudar a las personas incapacitadas.
Además, señalaron que en estos momentos se están elaborando los presupuestos para el 2010, y aunque no adelantaron ningún dato de lo que se invertirá en este servicio social, señalaron que se implementará la filosofía impuesta por el Gobierno de apostar por seguir manteniendo y mejorando en lo posible las prestaciones sociales.
Estas discrepancias en el seno de Hacienda con respecto al gasto en dependencia han levantado las sospechas de los partidos de la oposición. Así, la portavoz de Política Social del PP en el Congreso de los Diputados, Lourdes Méndez, ha solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para que explique la confusión que se ha creado sobre el futuro de esta importante ley.
Asimismo, calificó la posible congelación de fondos como «inadmisible».
Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano considera la posible congelación como «una mala noticia», que va a suponer «en la práctica la paralización del desarrollo de la ley». Y añadió que el problema no es «solo una mala aplicación de la ley, sino es la propia ley, que necesita una revisión a fondo, porque es imposible que se cumpla».
El Gobierno comenzó invirtiendo 400 millones en el 2007, cifra que se duplicó al año siguiente, para alcanzar los 1.558 este año. Según la ley, debería alcanzar los 2.200 millones en el 2015. Está previsto que las comunidades autónomas aporten una cantidad similar. Más de 442.000 personas reciben ya una prestación, de más de un millón que la han solicitado.
Fuente: lavozdegalicia.es - 14 de julio
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