COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL PIERDE 60 MILLONES DE EUROS

El Consell pierde 60 millones de euros del Estado por «frenar» las ayudas de la dependencia

El retraso de Bienestar Social en la evaluación de las peticiones relega a la Comunidad a 5 puntos de la media y muy por detrás de Andalucía y Cataluña

Pere Rostoll o toda la culpa de que la Comunidad continúe a la cola en el reparto de la tarta de la financiación autonómica la tiene el Gobierno.

También la Generalitat tiene su porción, obviamente, de responsabilidad.

El bloqueo del Consell a la Ley de Dependencia, decisión que le ha convertido en una de las autonomías en la que menos casos se han evaluado, le ha costado a la administración autonómica dejar de ingresar unos 60 millones de euros del nuevo modelo de financiación, según estimaciones de fuentes conocedoras del sistema.

El retraso a la hora de resolver las peticiones ha dejado a la Comunidad cinco puntos por debajo de la media que corresponde a su nivel de población y muy por detrás de Andalucía y Cataluña, las dos comunidades que liderarán el reparto de este fondo incluido en el nuevo modelo de financiación y que será efectivo a lo largo del próximo año.

De acuerdo con la letra del sistema aprobado el miércoles por el Consejo de Política Fiscal y Financiera -un farragoso documento de 76 páginas-, el Gobierno prevé un fondo extraordinario de 1.200 millones "repartidos" entre las autonomías de "régimen común, en atención al peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación".

Es decir, sin ambages, que aquellas comunidades que hayan sido más diligentes a la hora de resolver las peticiones de las ayudas para los ciudadanos con problemas de dependencia recibirán más dinero conforme al nuevo modelo de distribución.

La Comunidad ha mantenido un duro pulso con el Gobierno en este asunto.
Ha bloqueado durante meses la validación de las peticiones entre quejas y denuncias por no disponer de fondos para atender las reclamaciones de los ciudadanos.

El documento en el que se basa la distribución de la nueva financiación autonómica, más allá de determinar cuánto dinero le corresponde a cada región, deja al descubierto las autonomías que sí han aplicado la nueva ley del Gobierno de Zapatero y las que han optado por ralentizar la resolución de las solicitudes.

Así, por ejemplo, Andalucía y Cataluña lideran la validación de ayudas a la Ley de la Dependencia con un 28% y un 18% de los dependientes de toda España, muy por encima de la media que marca su peso poblacional. Entre ambas, de hecho, suman casi la mitad de las subvenciones concedidas a dependientes en el Estado.

Por contra, en el extremo opuesto, los grandes bastiones del PP como la Comunidad Valenciana o Madrid están por debajo de la media y muy por detrás de otras autonomías con menor población como Galicia y Castilla-León -comunidades del PP que sí recibirán fondos por encima de la media- o Castilla-La Mancha.

De haber aplicado correctamente la Ley de la Dependencia, el Consell podría haber conseguido a través de este fondo más de 130,5 millones de euros, teniendo en cuenta el reparto que establece el documento del nuevo sistema de financiación autonómica.

Por contra, apenas percibirá unos 68,5. Con todo eso, dejará de embolsarse alrededor de 60 millones de euros, unos 10.000 millones de las antiguas pesetas, una decisión que tendrá una incidencia directa en las solicitudes de personas dependientes.

El conseller Gerardo Camps acusó ayer al Gobierno de ejercer de "trilero" y denunció, en este sentido, que el Ejecutivo de Zapatero ha cambiado la normativa de reparto de las cantidades incluidas en ese fondo.
El responsable económico del Consell echó en cara a Madrid que se utilicen los datos de evaluaciones realizadas a 1 de abril de 2009 cuando el dinero no empezará a llegar hasta 2010. Gerardo Camps abogó, de hecho, por repartir las cantidades de este fondo de 1.200 millones de euros con los datos cerrados el próximo 31 de diciembre. La petición del conseller de Economía no es baladí.

Todo lo contrario. Eso daría unos meses de margen al Conssell para intentar dar luz verde a peticiones de depedientes. También reclamó que se tenga en cuenta la variable de la tasa de inmigrantes de cada autonomía y que se reconozca el gasto que supone la tención a los desplazados. "Nuestra pretensión es y seguirá siendo mayor, porque los valencianos no pueden ser menos que los de cualquier otra comunidad", subrayó un Gerardo Camps inconformista con el reparto de la financiación.

Fuente: informacion.es - 17 de julio