Según el avance del informe del Consejo Económico y Social, Canarias -en función de su demografía y del número de casos- debería contar con un mayor número de solicitudes, dictámenes y prestaciones a estas alturas, y alerta de que el Archipiélago está a la cola de las autonomías en número de dictámenes emitidos.
De nuevo un informe oficial pone en tela de juicio la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias, puesto que esta vez es el Consejo Económico y Social de Canarias (CES) el que asegura que "la baja intensidad del proceso de solicitudes, de su valoración y de la prestación de servicios no se puede explicar por la baja prevalencia de la dependencia.
Aunque la población canaria cuenta con un menor porcentaje de personas en edades avanzadas y las tasas de prevalencia según edad y sexo se encuentran ligeramente por debajo de las medias nacionales, gran parte de la menor intensidad y velocidad de la implantación de la ley debe contar con otros factores explicativos. Bajo las actuales condiciones demográficas y de prevalencia de la dependencia, Canarias debería contar con un mayor número de solicitudes, dictámenes y prestaciones".
Este informe se une al del Diputado del Común en el que aludía a la falta de la integración jurídica entre la red de servicios sociales y los servicios para las personas dependientes, lo que se traduce en un retraso causado por la superposición de los sistemas nacional y canario, "cuando tendrían que integrarse", según recoge el citado documento.
Sin embargo, el CES también se hace eco de los estudios publicados por el Observatorio de la Dependencia y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y señala que Canarias es la cuarta comunidad autónoma en lo que a número de solicitudes y dictámenes con respecto a la población total se refiere.
"Canarias ocupa posiciones poco favorables en este punto, ya que sólo cuenta con 0,96 solicitudes por cada 100 habitantes, frente a la media estatal de 1,62.
Aunque en la demanda de las solicitudes incide la estructura demográfica (menor grado de envejecimiento de la población canaria) y las tasas de prevalencia de la dependencia (algo inferiores en Canarias en comparación con la media española), estas grandes diferencias en el proceso de solicitación de las ayudas sorprenden", recalca el informe que además añade que "los dictámenes, a 1 de febrero de 2009 Canarias ocupa el último lugar en el ránking de las comunidades autónomas, con 0,4 dictámenes por cada 100 habitantes, posición muy alejada de la media española de 1,4 dictámenes.
En este sentido, si la propensión a las solicitudes sólo alcanza el 59% de la intensidad media nacional, en el caso de los dictámenes este porcentaje se reduce al 29%.
El Gobierno, a través de la Consejería de Bienestar Social, ha reconocido y explicado estos hechos en múltiples ocasiones, si bien alude a que con anterioridad a esta ley, en las Islas ya existía una red propia de atención a las personas dependientes más avanzada y completa que la nacional, lo que a su juicio ha dificultado la entrada en funcionamiento de la norma estatal que, en algunos casos, se queda corta en reconocimientos y servicios a los que tienen derechos las personas dependientes.
La ley no se ha desarrollado
Los sindicatos y patronal mayoritarios del sector de la dependencia alertaron ayer de que el escaso desarrollo normativo de la Ley de Dependencia está afectando a la formación de los profesionales y a las previsiones de creación de empleo.
Tras una reunión del Observatorio del V Convenio Marco Estatal de Atención a las Personas Dependientes, sus integrantes, CCOO, FED y LARES, han lamentado que las administraciones estén otorgando de forma mayoritaria prestaciones económicas de cuidador informal, cuando según la ley deberían ser excepcionales.
"El abuso de la figura del cuidador familiar, no profesional" está influyendo en el empleo, porque no se crearán los 115.000 puestos de trabajo previstos, ha alertado el presidente de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores (LARES), José Ignacio Santaolalla.
Hasta el momento, del total de las prestaciones concedidas, el 32 por ciento han sido económicas de cuidado familiar y el 37 por ciento están pendientes de identificar, "por lo que en torno al 70 por ciento ha sido para cuidados del entorno familiar no profesionales", manifestó antes de incidir en la morosidad de las administraciones públicas con los prestadores de servicios.
Fuente: eldia.es canarias - 18 de julio
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