GALICIA. ENTREVISTA A BEATRIZ MATO. CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR SOCIAL

«En Galicia hay 15.000 dependientes más con derecho a prestaciones»
A finales de verano la Xunta prevé tener datos que coincidan con los de Madrid, pues hay considerables diferencias que perjudican los intereses gallegos, afirma

Los recientes datos sobre la ley de dependencia facilitados por Xunta y Gobierno central difieren de forma importante. Madrid difundía que están registrados 69.032 solicitantes gallegos, y la Xunta contabiliza 79.351; y frente a los 29.153 gallegos que, según el Estado, reciben prestaciones, la Xunta indica 16.790.

Beatriz Mato, conselleira responsable de esta área, lo atribuye a que «en su momento Madrid no creó un sistema informático para tramitar la ley, sino que cada autonomía creó uno propio», y la Xunta bipartita «no transmitió a Madrid los mismos datos que tenía en su propio sistema».
Entre sus proyectos está acortar la tramitación a seis meses (ahora es un año) y contar con los ayuntamientos.

-¿Cómo se van a solucionar esas diferencias?
-Estamos comparando las dos bases de datos para ajustarlas y hablar el mismo idioma, porque son distintas. A final del verano esperamos que coincidan.

-¿Quedó alguien sin ayudas por falta de financiación?
-No, no. Pero el mayor problema que encontramos es que en Galicia hay 15.000 dependientes más con derecho a prestaciones. El actual Gobierno de la Xunta asumió el compromiso de atender a 16.000 grandes dependientes, que era la cifra que se nos había comunicado, y que consta en el Libro Blanco de la Dependencia. Pero nos han engañado, teníamos 15.000 personas más que acaban de aparecer y que tienen derecho a ser atendidas.

-¿Cómo son las cifras reales que deben asistir?
-Están atendidos unos 14.000 grandes dependientes, porque el resto de los 16.790 que perciben ayudas no tenían aún derecho a ellas, pero se aprovecharon de las condiciones del principio de la tramitación, que favorecían el orden de solicitud. Hay otras 13.462 personas con resolución de grado y nivel, pero sin derecho aún a percibir ayudas. En 13.737 casos han desistido de las ayudas, por diferentes motivos. Y las 35.362 restantes están en tramitación. De ellas, unas 2.000 pendientes de valoración.

-¿Cómo influye esa disparidad de cifras en la financiación de la dependencia?
-Nuestra previsión es recibir a final de año de Madrid 101 millones de euros, 78 por un concepto y 23 por otro. La Xunta debe aportar al menos otros 101 millones, pero entre ambas cantidades no alcanzan para cubrir las necesidades actuales. Por eso vamos a introducir 28 millones de euros a mayores en la negociación de los 144 millones del plan de austeridad sobre el que se dialoga con los agentes sociales. Para atender todas las obligaciones que impone la ley de dependencia, la Xunta reclamará del Gobierno central 440 millones de euros para el año 2010; es decir, 339 millones más que los que vamos a recibir este año.

-¿Por qué hay esa diferencia de más del cuádruple?
-La ley de dependencia trata de dar una atención pública a una necesidad y crear un nuevo pilar del bienestar. Pero tiene dos problemas serios: uno de tiempo, pues a veces se toma como referencia el sistema sanitario público cuando este es resultado de muchos años, y el sistema de dependencia se pretende tenerlo construido en el 2013, que es un plazo escaso; y, además, falla la financiación. Creo que las recientes declaraciones del secretario de Hacienda de que se van a congelar los fondos para la ley, aunque después se desmintieron, han dejado al descubierto la incapacidad financiera de Madrid para atender las exigencias de la ley de dependencia.

-¿Por qué falla la financiación?
-En Galicia tenemos la tercera población más envejecida de España, 611.774 personas mayores de 65 años, un 21,88% del total. Y es un colectivo más difícil de atender, por la dispersión poblacional: en una gran ciudad como Madrid o Valencia resulta más sencillo. Además, para atender a los grandes dependientes, del grado III nivel 2, que ya tienen derecho a prestaciones, desde Madrid abonan 263,93 euros por beneficiario al mes. Esa cantidad cubre la mitad de los 519,13 euros al mes que se pagan por un cuidador familiar. Pero por asistencia personal se abonan 831,47 euros al mes; una plaza en centro de día cuesta 1.700 euros al mes; en una residencia, 2.600 euros al mes; y, si la plaza es de una persona con discapacidad, en una residencia asciende a 3.000 euros al mes. En estos cuatro últimos casos Madrid abona lo mismo: 263,93 euros al mes; el resto lo pone la Xunta, de ahí el gran desfase; y lo mismo ocurre en los otros grados y niveles. Hay gente que caerá de la lista, pues lamentablemente morirá; pero es más alta la proporción de nuevas entradas que de salidas.

-¿Conseguirá la Xunta esos 339 millones adicionales?
-No soy ingenua y no trato de escribir una carta a los Reyes Magos. Quiero cumplir con una ley que me obliga, y para ello Galicia precisa esa financiación.


Fuente: lavozdegalicia.es - 20 de julio