La crisis y la ley de la dependencia vacían los geriátricos de Castellón
La mayoría de los que piden la ayuda del Gobierno prefiere la paga al familiar porque son ingresos extra.
El 40% de las 3.500 plazas que ofertan las residencias de la provincia están vacías, el peor número en años.
Hace unos años se decía que uno de los negocios más seguros y con más futuro era el de las residencias de ancianos.
Nadie contaba entonces con dos circunstancias que han resultado determinantes: la crisis económica y la mala aplicación de la ley de dependencia.
Esos dos factores han provocado que los geriátricos de Castellón tengan hoy la peor ocupación de los últimos años y, como media, el 40% de las habitaciones están vacías.
Residencias que hace años tenían largas listas de espera ahora están vacantes.
Las abultadas cifras del paro han obligado a muchas familias de la provincia a sacar a los ancianos del geriátrico y buscar a mujeres (muchas inmigrantes) que les cuiden por un precio más económico.
Se evitan así un gasto y, además, pueden contar con la paga del abuelo. Por otro lado están los que se plantearon enviar a sus padres a una residencia, pero que han acabado descartando la idea para evitar hacer más daño a la economía familiar.
Pero la crisis no es la única culpable de la difícil situación por la que atraviesa este sector sociosanitario.
La otra se llama ley de dependencia.
El texto de la normativa dice muy claramente que la prioridad son los recursos profesionales y la excepción la paga al cuidador familiar.
La realidad, más de tres años después, es justo la contraria: a la mayoría de los dependientes de Castellón se les ha asignado una ayuda familiar que oscila entre los 400 y los 600 euros al mes.
“La ley se está aplicando de una forma incorrecta y lo que reivindicamos es un acuerdo entre las administraciones para tratar de cubrir esas 4.000 plazas vacías que existen en la Comunitat”, cuentan desde la Asociación de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), un colectivo que representa a 180 residencias privadas repartidas por las tres provincias valencianas.
Francesc Artola, director de la residencia Azahar del Mediterráneo de Castellón, defiende que con una buena aplicación de la normativa, muchos de los centros, ahora vacíos, podrían recuperar los niveles de ocupación.
“Para la Administración también se generarían beneficios, ya que se crearían puestos de trabajo. Además, la persona dependiente recibiría una atención profesional, cumpliendo fielmente lo que establece la ley”, argumenta.
Lo peor es que a las Administraciones el problema tampoco les pilla en un buen momento. Dinero hay el justo y costear una plaza en un geriátrico es muchísimo más caro que conceder una ayuda familiar. La primera opción cuesta 1.800 euros al mes.
La segunda, tan solo 500 euros.
Fuente : elperiodicomediterraneo.com/noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario