Las residencias para ancianos han perdido hasta un 30% de su clientela
La crisis, las ayudas de la Ley de Dependencia y la "explotación" de inmigrantes están provocando el cierre de establecimientos, según denuncia la asociación que agrupa a las empresas del sector
En apenas dos años las residencias para personas mayores de Balears han perdido entre un 20% y un 30% de su clientela, lo que ha provocado ya el cierre de media docena de establecimientos, según lamenta la presidenta de la asociación que agrupa a estas empresas, Tita Pomar.
Tres son las causas básicas: La crisis y la caída de los ingresos que han hecho que muchas familias ya no puedan asumir el coste de mantener a un anciano en estos centros, las ayudas que la Ley de Dependencia ofrece para ocupar una plaza pública o seguir en el hogar, y la "competencia desleal" que está generando la contratación "en régimen de explotación" de inmigrantes para el cuidado de los abuelos.
El primer impacto en la línea de flotación de estas residencias procede de la Ley de Dependencia, que fija el derecho a obtener una plaza en un centro público o a recibir una ayuda económica si el anciano convive con la familia, lo que ha reducido sustancialmente la demanda de las primeras.
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, no oculta que esas afirmaciones son ciertas. La entrada en un centro público o concertado supone el desembolso de alrededor de un 85% de la pensión que recibe el anciano, lo que puede suponer en muchos casos unos 600 o 700 euros mensuales, cuando el coste de un centro privado va de los 1.200 a los 1.600 o incluso cantidades superiores, dependiendo del grado de invalidez o si se opta por una habitación individual o compartida.
Pero la consellera destaca que la crisis está dando pie a otro fenómeno: el de las familias que prefieren mantener al abuelo en casa en lugar de llevarlo a una residencia por las ventajas económicas de la primera opción.
Ingreso extra
Fina Santiago recuerda que el paro está haciendo que en muchos matrimonios en los que los dos cónyuges trabajaban, al menos uno permanezca ahora sin ocupación, lo que le permite hacerse cargo del anciano.
Eso supone reforzar la precaria economía familiar con la pensión íntegra de esa persona mayor, a lo que se suma la ayuda que se prevé en la Ley de Dependencia, de unos 380 euros al mes. El resultado de la suma de ambos factores es un ingreso adicional de 1.000 a 1.200 euros, algo nada desdeñable en los tiempos que corren.
Tita Pomar afirma que no se trata sólo de que se haya reducido la entrada de personas mayores en los centros privados, sino que también se dan casos de familias que acuden a llevárselos por no poder seguir asumiendo ese gasto. Esta última situación "es la que mejor comprendo, porque hay gente que lo está pasando muy mal", reconoce la presidenta de la asociación balear.
Pero a estos factores hay que sumar un tercero: la "explotación" que se da de inmigrantes, según lamenta Pomar, que "a cambio de cama, comida y 600 euros al mes tienen que estar las 24 horas del día a cargo de la persona mayor".
El secretario de Acción de UGT-Balears, Manuel Pelarda, reconoce la existencia de este último problema y lamenta que "sigue siendo un tema tabú, que todo el mundo conoce pero del que nadie quiere hablar, porque así el anciano está cuidado".
Y añade otro caso similar: el de las mujeres que son contratadas como empleadas de hogar pero a las que se hace estar al cuidado de mayores y niños.
Fuente : diariodemallorca.es/mallorca
No hay comentarios:
Publicar un comentario