martes, 3 de mayo de 2011

CASTILLA Y LEÓN - EFECTOS DE LA RECESIÓN ECONÓMICA

La crisis provoca que las familias cuiden de sus mayores y se ahorren la residencia

La recesión económica elimina las listas de espera y deja vacantes el 20% de las plazas.

Realmente insólito.

Aquellas listas de espera que tanta polémica provocaron a principios de la presente década -casi tanta demanda como plazas ya ocupadas en 2004, por ejemplo- han desaparecido y ni en las gestionadas por administraciones públicas ni en las concertadas o privadas hay problema actualmente para conseguir entrar.

Es más, en las dependientes de la Junta o Diputación el equilibrio entre oferta y demanda sigue bastante ajustado; pero las residencias de pago tienen actualmente en Castilla y León un 20% de vacantes, algo más bajo no obstante que el 22% nacional, cuando hace tan solo cinco años, se movían entre el 7% y el 9%, según los datos facilitados por la asociación Acalerte que representa a buena parte de las empresas privadas del sector.

Efecto de la crisis y de la fácil solución a la dependencia que supone la ayuda económica para el cuidado en el entorno familiar.

Y es que, aunque la legislación estatal contempla tal prestación económica como excepcional; lo cierto es que se ha convertido en una opción preferente tanto en Castilla y León como en la media nacional.

El 38% de los vallisoletanos optan por ella y es la prestación preferida, a gran distancia de otras, por los beneficiarios.

La siguiente, no llega al 20% y es la vinculada al servicio, es decir la subvención para pagar una residencia o un centro de día.

Y es que esta elección permite contar cada mes con una cuantía de entre 300,90 a 520,69 euros, según el grado de discapacidad y de falta de autonomía, que sumada a la pensión supone un ingreso familiar frente al gasto.

Una residencia privada se mueve habitualmente entre los 1.500 y los 2.000 euros mensuales, la pensión contribuye a su pago, se 'pierde'.

Esto supone que la familia, a veces con miembros en paro, que rechaza la residencia y opta por cuidar a su familiar dispone de unos dos mil euros y en época de recesión económica hay muchas que no lo han dudado e, incluso, han sacado a sus ancianos de los centros geriátricos en los que residían.

Los datos lo constatan claramente, frente a los 3.274 vallisoletanos -21.649 castellanos y leoneses- que reciben ayuda económica solo 1.379 han optado por la residencia, 9.457 en toda la comunidad, según los datos, a fecha del 1 de marzo, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Y eso que no es de las peores comunidades, en Baleares es una elección que supera el 71% y es, en Madrid o Asturias, donde los cuidados residenciales ganan peso, según datos del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Además de la preferencia de las familias, la opción de la prestación económica es la más cómoda para cualquier administración autonómica, se concede y se paga sin tener que dar servicio y además resulta barata comparada con otras.

La cuestión, por otra parte, es que nadie vela por la calidad de esta atención ni la vigila y, además, destacan las mismas fuentes del sector, es una inversión a fondo perdido; no revierte en empleo, ni paga IVA ni impuestos sociales, ni mueve mercado y consumo. Un repaso por las principales residencias que se acogen a la asociación Acalerte, un centenar que suman 8.000 camas en toda la región, permite constatar un buen número de plazas vacantes, mayor que hace tan solo dos meses, con unos números que superan las 40 en la mayoría de las comunidad. De 27 en Valladolid.

Este es un sector de profesionales en la actualidad. Una nueva normativa autonómica eliminó hace años los pisos clandestinos que funcionaban sin control ni calidad, mejoró las inspecciones y las exigencias en cuanto a recursos. La crisis podría provocar el indeseable efecto del alquiler ilegal de habitaciones baratas para mayores.

Fuente : elnortedecastilla.es

1 comentario:

  1. «Nadie garantiza una atención de calidad en el domicilio»

    José María Delgado es vicepresidente de la asociación de empresarios privados de residencias Acalerte y cuenta además con las residencias Lacort en el centro de Valladolid y en Viana de Cega.

    Conoce bien este mercado y su evolución y está convencido de que la recuperación económica de este sector será más lenta y llegará más tarde que la de otros.

    Asegura que la crisis efectivamente «se ha dejado ver claramente, hay más plazas libres, no podemos subir los precios aunque a nosotros nos lo suban todo y además la Ley de Dependencia ha provocado que las familias se decidan a cuidar de sus mayores para recibir dinero y ahorrarse la residencia.

    El problema es que algunos lo harán maravillosamente, otros querrán hacerlo bien pero no pueden ni saben ni tienen fuerzas porque muchas veces es un mayor el que cuida de otro».

    Mientras «a nosotros se nos exigen médicos, personal de enfermería, fisioterapia, seguros, instalaciones adaptadas, servicios y nos someten a inspecciones, nadie controla la calidad con la que un anciano está cuidado en su casa.

    Es más, podría estar totalmente desatendido y explotado que las administraciones podrían no enterarse», añade.

    Destaca asimismo que «la prestación económica para el cuidado en el hogar es perder capital, no invertir, no ser productivo, es a fondo perdido y sin garantías».

    De ahí, el rechazo de los empresarios a este «abuso más que uso» de esta prestación. De los «casi 22.000 que la reciben en Castilla y León seguro que al menos la mitad debería estar en una residencia», añade.

    «La crisis se suma además a la renta, de las más bajas de España, y a un convenio colectivo que es una locura.

    Mientras el sector público reduce salarios el 5%, nosotros tenemos que subir el 6%, algo que hay que afrontar con beneficios y no lo puedes repercutir en el usuario por su situación económica, además paga luz, calefacción hasta finales de junio y de nuevo en septiembre, son personas mayores...».

    Es un sector que «ha generado mucho empleo, sobre todo femenino y riqueza, ahora además nos exigen que antes de 2015 la formación sea de graduados de FP2. Es difícil».

    Por todo ello «nos preocupa el excesivo uso de la ayuda económica y el olvido de la prevención de la dependencia y, ello, sin entrar en problemas colaterales como el síndrome del cuidador y la falta de desarrollo de las estancias temporales, un respiro familiar para él».

    Fuente : elnortedecastilla.es

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