NECESIDAD DE ESPECIALIZACIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

Destacan la necesidad de la especialización jurídica en materia de discapacidad

La magistrada del Consejo General del Poder Judicial y Secretaria del Foro Justicia y Discapacidad, Rocío Pérez-Puig González; el fiscal de la Fiscalía General del Estado, Carlos Ganzenmüller; el decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Luis Nieto Guzmán de Lázaro; y el asesor jurídico del CERMI, Óscar Moral han coincidido en destacar la necesidad de la especialización jurídica en materia de discapacidad.

Así lo han expresado durante la celebración de la mesa redonda "Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad" en la III Jornada de la Defensa Legal de la Discapacidad, organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Defensa Legal de la Discapacidad (DLD) y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Por su parte, la magistrada del consejo General del Poder Judicial y Secretaria del Foro de Justicia y Discapacidad, Rocío Pérez-Puig, ha destacado que la principal preocupación del Foro al que representa ha sido la creación de juzgados especializados en materia de discapacidad. Asimismo, ha subrayado que actualmente en España hay 19 juzgados de este ámbito.

En este sentido, ha señalado que "es fundamental" promover la dignificación de juzgados especializados y potenciar la formación de jueces especializados en esta materia.

El fiscal de la Fiscalía General del Estado, Carlos Ganzenmüller, ha resaltado que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supuso "una convulsión en el ordenamiento jurídico español", al mismo tiempo que ha denunciado que "actualmente no hay una ley específica sobre cómo regular los mecanismos recogidos en la Convención".

El decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Luis Nieto, ha señalado un incremento en el uso del turno de oficio de la justicia gratuito entre las personas con discapacidad, pero ha indicado la necesidad de fomentar el turno de oficio especializado en este ámbito. Además, ha destacado la importancia de que la administración, tanto estatal como autonómica, se implique en esta labor.

Por último, el asesor jurídico del CERMI, Óscar Moral, ha asegurado que es el momento de dar un paso hacia delante para el cumplimiento de las normas relativas a la discapacidad. También ha afirmado que la utilización del beneficio de justicia gratuita "no se está usando con la intensidad que se debiera".

"Es imprescindible poner en marcha un servicio de oficio especializado y juzgados especializados en esta materia, ya que el derecho a la accesibilidad a la justicia está reconocida, pero no garantizado", ha añadido. Según Moral, "un ciudadano con discapacidad no está en igualdad de condiciones cuando acude a la administración de Justicia".

Resultados de la defensa jurídica acerca de la sentencia sobre el acuerdo de copago
Óscar Moral también ha ofrecido los resultados de la defensa jurídica acerca de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el acuerdo de copago del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).

Por ello, ha recordado que en 2008 se aprobaron dos acuerdos, sobre la determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía de copago y de reconocimiento de centros.

Ambos acuerdos fueron aprobados en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, los cuales eran "necesarios" para la Ley de Autonomía Personal, "una norma básica para las personas con discapacidad".

En este sentido, también ha hecho referencia a cómo el CERMI recurrió ante la Audiencia Nacional en el mes de noviembre de 2009 ambos acuerdos por considerar que el Consejo Territorial pretendía usurpar cuestiones que corresponden al Gobierno y que requieren normas reglamentarias.

Según Moral, "en el acuerdo de Consejo se vulneran principios de igualdad y de falta de proporcionalidad a la hora de establecer los requisitos económicos del beneficiario".

Óscar Moral ha mostrado la esperanza del CERMI de que se sustente en firme esta sentencia que el Gobierno ha recurrido en casación. Al mismo tiempo, se ha mostrado satisfecho con la sentencia, ya que ésta asegura que para la determinación de la capacidad económica de la Ley, el Consejo Territorial "sólo propone, no aprueba".

"Se trata de meras orientaciones que las administraciones autonómicas tienen que desarrollar", ha comentado.

Fuente : cocemfe.es/noticias