ENTRE LA DEPENDENCIA "LOW COST" Y LA HIDALGUÍA ESPAÑOLA

Entre la dependencia “Low Cost” y la hidalguía española
Josep de Martí, director de Inforesidencias

Que la aplicación de la Ley de Dependencia está siendo “claramente mejorable” es algo que ya casi nadie discute. En el último congreso de Edad y Vida, las mesas en las que participaban las asociaciones de mayores y las patronales parecían la sala de los lamentos. Cuando intervinieron los políticos, a los lamentos se añadieron las acusaciones. De forma diferente, todos dijeron lo mismo: “no se está haciendo bien”.

A mí me gusta ir un poco más lejos y decir que es la propia Ley la que es mala y no su aplicación. Y lo que hace que la Ley sea mala es que dice una cosa y la contraria.

Así, un artículo dice que hay que intentar que el dependiente se quede en su casa, otro, que hay que redactar el PIA con la participación del usuario, uno más que se preferirán las prestaciones de servicios a las económicas y, aun otro, que sólo en casos excepcionales se dará dinero para que el dependiente sea cuidado en su casa.

La realidad es que la mayor parte de beneficiarios de la Ley reciben una prestación económica para ser cuidado por familiares en su casa, y que, para añadir contradicciones, la norma que especifica esta ayuda permite que el que cuida no sea un familiar y que el mayor no viva en su casa sino en varias casas por turnos.

Otro lugar de la Ley dice que habrá criterios comunes de acreditación de servicios y copago, pero en ningún lugar se dice qué se debe hacer si las comunidades “pasan” de establecer esos criterios comunes. También se establece un sistema único de valoración de la dependencia pero no se crean sistemas para garantizar que au aplicación dé resultados parecidos en las diferentes comunidades.

Además, la Ley basa su financiación en que el Estado y cada comunidad autónoma pacten “de tú a tú” la financiación mediante convenios, lo que lleva a que la lucha partidista entre hasta la médula del sistema y lo infecte de desigualdad y deslealtad institucional.

A lomos de esta deficiente Ley se ha instalado la pesadísima carga de la crisis económica con la consecuente restricción presupuestaria y de crédito que obliga a las comunidades autónomas a racionalizar, cada una por su cuenta.

El resultado está a la vista. Existen tantos sistemas de dependencia como comunidades autónomas, todas dicen que ellas son las mejores y cada una ha encontrado a su “culpable favorito” para no asumir responsabilidades por cualquier fallo que se le pueda atribuir.

Quien está pagando la situación es, en primer lugar el ciudadano dependiente y en segundo, las empresas que han invertido cantidades ingentes de dinero y que claman por un marco claro y estable de relación con las administraciones.

Hace poco he leído que se acusa a una comunidad que quiere potenciar la prestación económica vinculada de ofrecer “dependencia low cost”.

La verdad es que me entró la risa ya que, cada vez que oigo a un consejero autonómico alardear de cómo están aplicando ellos la Ley de Dependencia me viene a la cabeza un fragmento de la Vida del Buscón de Quevedo en el que un amigo del protagonista que no ha comido en varios días sacó unas migajas de pan que traía para el efecto siempre en una cajuela, y derramóselas por la barba y vestido, de suerte que parecía haber comido.

Durante muchos años en España algunos hidalgos y nobles de bajo rango han pasado hambre, porque su condición no les permitía trabajar y la Ley les impedía vender sus bienes.

Esos hidalgos hambrientos tampoco podían mendigar por lo que malvivían intentando aparentar prosperidad en lúgubres casones conviviendo con el hambre y el frío.

Hoy nos está pasando algo parecido. Nuestros gobernantes se niegan a aceptar que esta Ley de Dependencia ha sido un error y se conforman con derramarse por la barba las migajas de las estadísticas sin aceptar que lo que se aplica no es lo que la Ley dice.

Encima saben que las perspectivas económicas a corto plazo son negativas, pero se niegan a hacer cambios en la Ley de Dependencia por miedo a ser tildados de “poco sociales”.

El sector de la atención a mayores ha gozado durante años de un atractivo especial que ha hecho que muchos empresarios de diferente tamaño y estructura hayan decidido invertir en el mismo. Quizás ha llegado el momento de escucharles.

Estos empresarios están pidiendo principalmente dos cosas: unas reglas de juego comunes y estables en el tiempo que permitan planificar la toma de decisiones y las inversiones a realizar.

Una financiación suficiente que permita tener un retorno razonable. Lo que ofrecen a cambio no es baladí: realizar las inversiones para que se garanticen servicios de calidad y una importante cantidad de empleo.

Es cierto que la financiación supone un problema, pero ¿y las reglas del juego estables? Su ausencia no puede ser excusada de ninguna manera.

En poco tiempo estarán constituidos los nuevos gobiernos municipales y autonómicos después de las elecciones.

Son esos nuevos gobiernos, en gran medida los que tienen que afrontar la apuesta de armonizar requisitos de acreditación y copago y será el gobierno que salga de las próximas elecciones generales el que deberá decidir si da por muerta la Ley planteándose un nuevo modelo o decide convertirla definitivamente en una sombra de lo que se pretendió hacer.

Fuente : alimarket.es/noticia