El Principado supera la barrera de los 11.000 beneficiarios de la Ley de la Dependencia tras cuadruplicar los dictámenes en un mes
Uno de cada cien asturianos vive sin autonomía personal.
Se trata de 10.000 personas que necesitan ayuda para realizar todas las tareas básicas de la vida diaria, como levantarse de la cama, asearse o, simplemente, comer y beber.
El último balance de la aplicación de la Ley de la Dependencia realizado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) -que aporta cifras a 1 de marzo- evidencia que el 1% de la población del Principado tiene en su poder el dictamen oficial que certifica que sufre el mayor grado de dependencia, un porcentaje que coloca a la región a la cabeza de la dependencia a nivel nacional.
A esos 10.000 se suman otros 5.601 que también tienen falta de autonomía, en el denominado grado II de la dependencia, tanto en su nivel 1 como en el 2. Es decir, que son ya 15.601 asturianos los que tienen derecho a recibir una prestación o un servicio con cargo a la Ley de la Dependencia.
Sin embargo, las estadísticas siguen reflejando que no todos los que tienen derecho a una prestación realmente disfrutan de ella. En este último balance, la diferencia entre quienes tienen derecho y quienes disfrutan de él aún sigue siendo negativo, puesto que frente a los 15.601 con derecho reconocido, sólo hay 11.158 con derecho efectivo.
Es decir, que a pesar de haber roto la barrera de los 11.000 asturianos con prestación, aún quedan otros 4.443 en lo que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales han dado en llamar «el limbo». Esas 4.443 personas todavía no han firmado con el Principado su Plan Individual de Actuación (PIA), el documento en el que se refleja no sólo su grado y nivel de dependencia, sino qué servicios (residencia, centro de día, ayuda a domicilio...) o prestaciones (paga a un familiar, subvención para costearse un servicio en la red privada o para contar con un asistente personal) prefieren.
De 182 a 769 informes
Con ser abultada, lo cierto es que la cifra de PIAs pendientes es la más baja registrada hasta ahora, quizás porque sólo en un mes, entre febrero y marzo, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda cuadruplicó los dictámenes, pasando de una media mensual de 182 a los 769 que se realizaron el mes pasado, hasta alcanzar la cifra de 23.301 asturianos con plan de actuación.
En ese grupo se incluyen también los dictámenes realizados a los casi 5.000 asturianos con dependencia, de grado I y niveles 2 y 1, que aún no tienen amparo en la ley -no lo hará hasta el 1 de enero de 2011-, así como 2.700 que solicitaron ser valorados como dependientes, pero que el estudio demostró que no tienen ningún problema para su autonomía personal.
De hecho, desde la Consejería de Bienestar Social y Vivienda siempre se han achacado los retrasos en la aplicación de la ley al alto volumen de solicitudes presentadas, casi 30.000, que requieren un examen completo, aunque el solicitante, al final, no sea dependiente.
En la misma línea, el Principado sigue reivindicando más financiación al Ministerio de Sanidad y Política Social, puesto que en los tres años de aplicación de la ley, sólo ha transferido a la región 78 millones, una cifra «que no llega al 50% del coste público de los servicios prioritarios, públicos y profesionales que reciben las personas con dependencia». Sólo en 2009, el Gobierno regional aportó 230 millones.
Fuente : elpais.com
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