Las ayudas para la dependencia se tramitan en un plazo de nueve meses
La Xunta asegura que están atendidos dos tercios de las personas con derecho, lo que significa más de 32.000
La Consellería de Traballo e Benestar ha inyectado 67 millones de euros para pagar los atrasos a 8.857 dependientes gallegos que tenían las ayudas aprobadas. Este colectivo se irá incorporando paulatinamente al sistema de la dependencia para seguir cobrando mensualmente los fondos.
Con esta cifra el número total de dependientes atendidos supera los 32.000, lo que significa que dos tercios de los que tienen derecho en Galicia ya reciben las ayudas. Beatriz Mato, conselleira de este departamento, indicó que cuando llegaron al Gobierno, dos de cada tres dependientes aguardaban por la ayuda, mientras que ahora solo lo hace uno de cada tres.
Otra de las mejoras que se han producido, según Mato, es el período de tramitación, que con el Gobierno bipartito se extendía a 18 meses de media, y a fecha diciembre del 2009 se había reducido a la mitad, nueve meses. Con el nuevo decreto que regula el derecho a esta atención y que acaba de aprobar la Xunta -y en el que se recoge el derecho a que cobren las familias de los dependientes que fallecen durante el proceso-, el plazo se reducirá a seis.
De los más de 32.000 beneficiarios de la ley de dependencia, más del 50% optan por la ayuda económica en lo que se denomina libranza del cuidador. Aunque en la ley esta aparece como una opción extraordinaria, Mato justificó su extensión en el hecho de que las familias prefieren tener al dependiente en casa -la otra opción es un centro de día o una residencia- y en la propia crisis, ya que el dinero va directamente a las familias.
No obstante, la conselleira de Benestar aclaró que la Xunta apuesta por los servicios de calidad, algo que se puede garantizar si se opta por la opción de una plaza de residencia. Lo que sí recordó es que económicamente resulta más barata la prestación al familiar.
Beatriz Mato criticó la postura del Gobierno central al ahogar a las comunidades y no cumplir con el compromiso de aportar el 50% del coste de la dependencia. En el caso de la ayuda al cuidador sí se cumple este 50-50 (el Estado aporta 266 euros y la ayuda supera los 500), pero en el caso de una residencia, por ejemplo, el ministerio aporta lo mismo y la plaza cuesta entre 2.000 y 2.300 euros mensuales.
Desde que el PP llegó al Gobierno aportó a mayores de lo presupuestado, más de cien millones para la aplicación de esta ley, los 67 que acaba de inyectar para atrasos; 27,7 millones incluidos en un plan de choque; y por otro lado los fondos destinados a reforzar en 60 personas los equipos de Benestar.
Fuente : lavozdegalicia.es
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