ASTURIAS - PRESTACIÓN CUIDADOS FAMILIARES SE ENDURECE

La paga al familiar cuidador se endurece

El Principado pone coto a la paga al cuidador familiar de personas dependientes.

Todas las comunidades autónomas acuerdan un nuevo sistema de valoración, que obliga a un nuevo curso de formación de 60 horas para los valoradores

El Principado no permitirá cobrar esa prestación cuando el dependiente ya utilice algún servicio

No podrán acceder a ella los parientes de quienes, en el momento de ser valorados, estén utilizando ya un servicio, ya sea de residencia, de centro de día o de cualquier otra variante asistencial.

La Consejería de Bienestar Social y Vivienda ha encontrado el apoyo del resto de comunidades a su ya conocida petición de frenar la concesión de esta prestación, que la Ley de la Dependencia considera 'excepcional', pero que en los tres primeros años de vigor de la norma se ha convertido en la práctica más habitual, hasta el punto de que en Asturias estas pagas son la mitad de todas las prestaciones concedidas.

A pesar de lo abultado del porcentaje, que supone más de 5.000 de estos nuevos salarios, Asturias es una de las comunidades con la más baja preferencia por esta prestación, que ahora será de más difícil acceso.

Porque, en el último Consejo Interterritorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el Ministerio de Sanidad y Política Social decidió prohibir que pueda convertirse en cuidador familiar el pariente de un usuario de un servicio, además de limitar a familiares hasta en tercer grado los posibles candidatos a ejercer como trabajadores.

Sólo se hace excepción al parentesco en el caso de zonas rurales de difícil acceso, en el que los cuidadores habituales pueden ser personas que, de forma voluntaria, lleven ya años realizando esa tarea.

Cien PIAs paralizados
Además, se rechaza la posibilidad de que un dependiente sea cuidador familiar de otro y se endurecen más las condiciones de la vivienda, que tiene que cumplir, en la práctica, casi con el modelo residencial.

Para poder aceptar que el dependiente siga en su casa al cuidado de un familiar, éste tendrá que demostrar que el domicilio no sólo está en perfectas condiciones, sino que cumple con todas las normas de accesibilidad.

Con este respaldo oficial, que verá reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Principado tiene más argumentos en su batalla legal contra un centenar de familias, que tienen paralizado el Plan Individual de Atención de su pariente al pretender sacarle de un centro de atención para que viva en casa a su cuidado.

No obstante, en los últimos meses, desde Bienestar Social ya se había apreciado un cambio de tendencia en el comportamiento de los beneficiarios, hasta el punto de que 35 decidieron dar marcha atrás en su PIA. Donde antes pedían cuidador familiar, ahora solicitan ayuda a domicilio o centro de día. O ambos, puesto que, desde el 1 de enero pasado, en Asturias se pueden compatibilizar dos prestaciones asistenciales.

Baremo rígido
En la reunión celebrada ayer, en la que estuvo presente el director general de Prestaciones y Servicios Sociales, Pedro Rodríguez, también se analizó la aplicación del baremo, ya que todas las comunidades han coincidido en que debe ser único y común en todo el país.

De hecho, desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ya se había señalado entre los 'debe' de Asturias «un excesivo número de solicitantes de la Ley de la Dependencia que no llegan al grado y nivel requerido en este momento», es decir, los grados I y II en sus niveles 1 y 2. Esta circunstancia es, para la citada entidad, muestra de que «se puede hablar de cierta 'dureza' en la aplicación del baremo».

Aunque desde Bienestar Social se ha negado esa «dureza», ya que «aplicamos el baremo que ha sido aprobado para todos», ahora se han vuelto a perfilar los detalles del análisis al que debe ser sometido el usuario, así como la capacitación de los valoradores.

Todos ellos deberán hacer un curso de 60 horas, 45 lectivas y 15 de prácticas, de las que 20 estarán dedicadas a la aplicación del baremo en colectivos específicos por condiciones de salud y 12 a las prácticas in situ. Los primeros resultados, antes de seis meses.

Fuente: elcomerciodigital.com