17.000 discapacitados tendrán que esperar hasta cuatro años para recibir sus ayudas
La mitad de los dependientes atendidos recibe apoyo económico, pese a ser una medida que la ley tilda de excepcional
La ley de Dependencia afronta su cuarto ejercicio en vigor con varios retos pendientes, principalmente, agilizar los plazos en la recepción de las ayudas (no más de seis meses) y cuadrar las dificultades financieras que alegan las comunidades autónomas.
En el caso de la Comunitat, con las cifras del Imserso, existen personas que ya deberían estar recibiendo las ayudas. Y el dato asciende a más de 30.000 en la región. La situación de otros 17.000 dependientes, valorados con un grado de dependencia moderada, es diferente. También tienen el derecho reconocido, pero deberán esperar hasta cuatro años para beneficiarse. Así lo establece la norma.
La ley de Dependencia nació con un calendario de aplicación asociado. Se priorizó la atención de aquellos más necesitados, los llamados grandes dependientes, que entraron en el sistema de ayudas en 2007.
En la actualidad se atiende a los severos, mientras que entre 2011 y 2014 se hará lo propio con los moderados, que mientras deben esperar. Se trata de personas que necesitan ayuda para realizar actividades básicas al menos una vez al día, o que tienen necesidades de apoyo intermitente para su autonomía personal.
Estos dependientes moderados presentaron su correspondiente solicitud y saben que serán beneficiados de las diferentes ayudas que contempla la ley. Eso sí, no están concretadas, y no se conocerán hasta que les llegue la fecha de ingreso en el sistema de la dependencia.
El proceso para acogerse a la ley de Dependencia es largo. En primer lugar, hay que superar una valoración, donde a través de una baremación por puntos se determina el grado de dependencia. Una vez conocido, comienza la elaboración del plan individualizado de atención, donde se incluirán aquellos servicios que mejor se adecúen a la persona discapacitada, un proceso donde también participa el usuario o sus representantes.
Según explican desde la Conselleria de Bienestar Social, el número de solicitudes tramitadas y con su correspondiente grado de dependencia supera el 90%, mientras que las que ya tienen la ayuda correspondiente llega al 50%. «La realidad es que 30.000 personas de la Comunitat ya se están beneficiando de las ayudas.
Sólo con estos datos ya se puede afirmar que la ley ha sido bienvenida y acertada, pero es necesario dejar un tiempo para ver cómo funciona y detectar carencias», señalaron. Respecto a la cantidad de dependientes a la espera de subvención (alrededor de 30.000), alegan que en muchos casos el programa de atención está ultimándose.
Desde la Plataforma por la ley de Dependencia de la Comunitat apuntan que más de medio millar de dependientes pidieron la ayuda en 2007 y todavía no tienen la resolución, según estima el coordinador de la agrupación, Jaime Esteban García. Esta situación afecta, sobre todo, a los grandes dependientes. «Se priorizaban los casos más severos. Por eso ellos iban a ser los primeros beneficiarios. Pero estamos en 2010 y muchos siguen sin lo que les toca por ley», sentencia.
Otra de las disfunciones detectadas han sido las diferencias existentes entre las previsiones de la normativa y la realidad. Es el caso de las ayudas incluidas que deben tener un carácter excepcional, y sólo se deben prestar en caso de no poder ofrecer al beneficiado los otros servicios.
Se trata de las prestaciones económicas (una subvención), por servicio, asistente personal o cuidados familiares. Y se da el caso de que este último recurso es el más solicitado en toda España, llegando en la Comunitat a 14.057 personas, el 48,2% de los que reciben ayudas. La explicación es sencilla. El beneficiario, si puede, prefiere ser atendido en un ambiente familiar.
Fuente : lasprovincias.es
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