Sus servicios jurídicos tramitan los expedientes con una normativa caducada hace 18 meses
Si es usted dependiente y quiere informarse de las ayudas a las que tiene derecho, tenga mucho cuidado al escoger quién le asesora, podrían engañarle.
La Comunidad de Madrid es la administración responsable de tramitar las ayudas del Estado, y para ello cuenta con varias oficinas de información y un teléfono (012) para atender las peticiones; sin embargo en el último tiempo se han creado otros mecanismos muy poco fiables.
Son los que ha puesto en marcha el Partido Socialista de Madrid (PSM) que, en teoría, ofrecen un servicio gratuito de asistencia jurídica para tramitar las ayudas a las personas dependientes e incluso se presta a emprender acciones legales si es necesario.
Pero en la práctica supone un engaño.
Lo hace a través de las llamadas «plataformas ciudadanas de defensa de los derechos de las personas dependientes», hay 38 creadas en diferentes distritos y municipios de la región pero, lejos de ser asociaciones independientes, son centros promovidos e impulsado por el PSOE de Madrid, que está detrás de servicios jurídicos que ofrecen .
El trabajo que hace la asesoría legal de los socialistas madrileños para estas plataformas podría ser una ayuda para la Administración regional en la tramitación de los expedientes si no fuera porque se basan en una normativa caducada hace más de un año.
La contradicción está en que sea Tomás Gómez, líder del PSM, que ha tomado como ariete contra Esperanza Aguirre la Ley de Dependencia y acusa cada día a la presidenta de la Comunidad de obstaculizar las ayudas que da el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para los dependientes, el que se haya convertido en el peor enemigo de las personas que necesitan estas subvenciones .
Y es que los servicios jurídicos de Gómez lejos de informar, confunden, y en vez de agilizar, están retrasando la tramitación de los expedientes de los dependientes y generando falsas expectativas a las personas que acuden a ellos a través de las plataformas ciudadanas que su partido impulsa, apoya y asesora.
Falsas expectativas
Según pudo saber este periódico y confirmar con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales del Gobierno regional, este departamento ha empezado a recibir recursos de dependientes para agilizar sus expedientes, remitidos por «Servicios jurídicos PSM-PSOE» que se basan en una normativa que está derogada desde hace más de 18 meses.
Esta falta de conocimiento de la normativa que regula la Ley de Dependencia y de rigor en el asesoramiento por parte del PSM, el partido «abanderado» de la Dependencia, confunde a los dependientes sobre la cuantía y los plazos a la que tienen derecho. Además provoca que sus reclamaciones sean directamente desestimadas «conforme a derecho».
Todos los recursos remitidos a la Consejería de Asuntos Sociales son atendidos por un profesional de la materia, recursos que, si son erróneos, como los que remite el PSM, sólo provocan que los funcionarios pierdan el tiempo.
Según explicó el director general de Coordinación de la Dependencia, Miguel Ángel García Martín, «la Consejería va a tramitar todas las ayudas, al margen de que hayan presentado recursos erróneos». «Lo que sí nos preocupa es la utilización de la aplicación de la Ley de Dependencia que está siendo utilizada por el PSM como un instrumento de confrontación política y de desinformación a los madrileños», lamentó García Martín.
Normativa caduca
Y es que, los recursos que el PSM está enviando a la Dirección General de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad para solicitar la ayuda que le corresponde al dependiente que ha acudido a ellos son reclamaciones que se apoyan en dos normativas derogadas hace un año y medio.
En concreto, el PSM basa sus reclamaciones en las orden 1387/2008, de 11 de junio; y en la 2176/2007, de 6 de noviembre, derogadas hace 18 meses, y no en la normativa en vigor para la tramitación de la Ley de Dependencia: la orden 2386/2008; la resolución del 3 de marzo de 2009, la ley 39/2006, de 14 de diciembre; la ley 11/2003, el real decreto 504/2007, el real decreto 615/2007, y el real decreto 727/2007.
Esta misma semana el líder del PSM aseguró, incluso, que «algunas personas ya han comenzado a cobrar como consecuencia de las reclamaciones interpuestas por el servicio jurídico». «Nada más lejos de la realidad. Si los dependientes están cobrando es porque la Comunidad está haciendo un esfuerzo extraordinario en este sentido», aseguró el director general de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid.
García Martín explicó a este periódico que el Gobierno regional acaba de incorporar 50 nuevos valoradores de la situación de dependencia para agilizar la tramitación de los expedientes. Además, en las próximas semanas el Gobierno regional inaugurará una nueva oficina de información de la dependencia en Madrid con diez puestos de asesoramiento. Finalmente, a partir del 15 de marzo se reforzará el teléfono 012 dependencia, con más profesionales para atender las peticiones de información.
Los ayuntamientos del PSOE, también bajo sospecha
La precaución de los dependientes para no caer en los servicios de «desinformación» del PSM ha de ser absoluta, ya que se han dado casos, como en Leganés, cuyo Ayuntamiento (gobernado por el socialista Rafael Gómez Montoya) ordenó en enero a los funcionarios de sus servicios sociales derivar a los dependientes a los servicios jurídicos del PSM.
En concreto, los funcionarios de Leganés recibieron órdenes por e-mail para que enviaran a los dependientes a las llamadas «plataformas ciudadanas de ayuda a los dependientes».
Estas plataformas, a su vez, remiten los casos a los «desinformados» servicios jurídicos del PSM. Una fórmula con la que Gómez pretendía dejar en evidencia a la Comunidad de Madrid y con la que finalmente ha acabado tirándose piedras sobre su propio tejado.
Fuente : larazón.es
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