"ACORDARÉ CON LAS COMUNIDADES REDUCIR EL TIEMPO DE ESPERA"

Trinidad Jiménez tiene todo un desafío por delante: impulsar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que se está implantando a distintas velocidades en las comunidades autónomas.

Aunque pueda parecer lo contrario, no está aparcado y la ley de dependencia la ha tenido «presente todos y cada uno de los días desde que soy ministra de Sanidad y Política Social», ya que afirma ser «consciente de la gran expectativa ciudadana» que ha generado este nuevo sistema de protección.

Reconoce que la alarma social causada por la gripe A, ha restado visibilidad a la dependencia. Pero entre sus cometidos figura dar un gran impulso a esta red de servicios y prestaciones a partir del próximo año.

-El próximo febrero se reunirá con las comunidades para acometer las reformas necesarias en la ley de dependencia que garanticen su viabilidad. ¿Quiere esto decir que la norma nació con deficiencias?
-Nos tenemos que reunir con las comunidades autónomas porque contamos con nuevos datos muy útiles para incorporar algunos elementos de corrección que nos permiten consolidar la ley.

-¿Que les revelan esos datos?
-La ley se aprobó en un momento de extraordinaria bonanza económica, que vamos a recuperar. Pero su completo desarrollo está previsto para 2015, con lo cual habremos tenido tiempo para recuperar lo que se haya podido perder en estos años de menores ingresos públicos. También nos hemos encontrado con que las estimaciones de las personas que iban a solicitar la ayuda son menores que las solicitudes presentadas. Se han presentado un millón de solicitudes, que ha habido que valorar y hacer un plan individualizado para cada persona. Eso ha llevado su tiempo. Ahora queremos simplificar los procedimientos para eliminar trabas burocráticas, para que una persona no esté meses pendiente de su valoración. No obstante, a final de año tendremos 500.000 personas dependientes en el sistema de protección. Por tanto, hemos alcanzado un grado de desarrollo de la ley bastante satisfactorio.

-Entonces, ¿la ayuda llegará antes para las 250.000 personas que han sido valoradas, no reciben prestación y están en lista de espera?
-Queremos llegar a un acuerdo con las comunidades para reducir el tiempo de valoración y de espera. Todas las autonomías tienen voluntad clara de avanzar. Saben que es una ley de obligado cumplimiento, que la ciudadanía lo espera y que es un derecho.

-¿Va a ofrecerles alguna propuesta?
-Trataré de llegar a un acuerdo de mínimos con ellas para que las personas sepan con cuánto tiempo cuentan para reclamar su derecho.

-La ley se está implantando a distintas velocidades según la región. ¿Va a llamar al orden a las comunidades para que la apliquen de forma igualitaria?
-Si tenemos que pedir a alguna comunidad que agilice los trámites, le vamos a brindar toda la ayuda posible. En los tres últimos meses el índice de incorporación global al sistema de dependencia ha sido de 50.000 personas cada mes, que es mucho más de lo que se ha hecho en los últimos dos años. Eso significa que hay una voluntad clara de dar un impulso más intenso a la ley. Hay regiones que por su estructura social, capacidad financiera, por los servicios sociales preexistentes, lo han podido hacer de una manera más rápida y otros han tardado más. Pero al final, cada día estamos igualando con mayor intensidad.

-Un reciente informe afirma que no todas las comunidades están realizando el mismo esfuerzo de financiación para implantar el sistema de dependencia. ¿Va a tirar de las orejas a las autonomías para que distribuyan correctamente el dinero que les llega del Estado?
-Es un informe que no se ajusta del todo a la realidad. Se hace una estimación olvidando muchas variables. Todos los indicadores que manejamos, que son muy rigurosos, nos dicen que existe un alto grado de cumplimiento por parte de las autonomías y una utilización equitativa de los recursos. Otra cosa es que tanto el Estado como las comunidades tengamos que poner un poco más. No consideramos que algunas comunidades autónomas hayan empleado menos recursos de los que el Estado les transmite.

Fuente : abc.es