La secretaria de Política Social de UGT-Madrid, Ana Sánchez, ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha anulado la Orden del Gobierno regional que permitía no responder a quien pedía una ayuda prevista en la Ley de Dependencia mediante el llamado silencio negativo.
Esto suponía que "si el ciudadano que iniciaba los trámites para recibir una ayuda no obtenía respuesta en seis meses sólo le quedaba acudir a los tribunales, pero no era beneficiario de nada".
Desde que se aprobó la Ley de Dependencia, UGT ha denunciado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no la ha dotado "ni de presupuesto ni de recursos humanos" y la ha ido "enmascarando con los servicios que había antes".
En opinión de Sánchez, la sentencia puede servir para encarrilar el desarrollo de la Ley de Dependencia.
UGT denunció el mes pasado que en Madrid hay 17.883 personas reconocidas como dependientes que no reciben ni las ayudas ni las prestaciones establecidas en la Ley de Dependencia porque aún carecen de un Programa de Atención Individual (PIA) que tiene que realizar la Administración Autonómica.
Según el sindicato, figuraban en el mes de octubre en esta "elevada lista de espera de la dependencia para recibir ayudas" el 49 por ciento del total de dependientes valorados, que son 36.471 personas.
Por eso, UGT exigió al Gobierno regional que "agilice los trámites y que favorezca la atención de estas personas, muchas de las cuales no disfrutan de este derecho aún a pesar de encontrarse en situaciones de máxima necesidad".
Además, aboga por la creación en Madrid de un Comité Consultivo Regional que permita conocer el grado de cumplimiento de la Ley de Dependencia en la región.
Fuente : adn.es
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