La diputada del Partido Socialista (PSC-PSOE), Francisca Luengo, anunció ayer lunes que su partido repartirá en todas las agrupaciones locales socialistas en Cabildos y Ayuntamientos un modelo de reclamación por responsabilidad patrimonial de daños y perjuicios, que se podrá presentar una vez rellenado ante la Dirección General de Bienestar social con el fin de “forzar” al Gobierno de Canarias a que aplique la Ley de Dependencia, aprobada en 2007. De este modo, se pretende evitar “el boicot” que, a su juicio, la comunidad autónoma lleva a cabo de la norma.
Luengo, que se mostró muy crítica, aseguró que esta ley “se trata de un derecho que no se puede oscurecer”, por lo que lamentó que Canarias “esté a la cola” del Estado en su aplicación. Según lo datos aportados por la diputada durante una rueda de prensa hoy en la capital grancanaria, de las 25.787 solicitudes presentadas a 1 de noviembre de 2009, se habían efectuado dictámenes sobre 18.383 casos, de las que se determinó que 15.313 tenían derecho a prestación. De todos ellos, 5.118 –un 0’96% del total- la reciben actualmente.
La diputada socialista recordó que no aprovechando los beneficios de esta ley “no se daña al Gobierno de España, sino que se está dañando a los ciudadanos”, por lo que criticó duramente a los responsables del departamento de Bienestar Social, de los que dijo, “su incapacidad está demostrada”. En este sentido apuntó directamente a la titular del área, Inés Rojas, y especialmente al presidente y al vicepresidente del Gobierno canario, Paulino Rivero y José Manuel Soria, de los que dijo que “para ellos este problema por no ser visible, no existe”.
Asimismo exigió saber “dónde se están desviando el dinero de la Ley de Dependencia”, según indicó, después de que Canarias durante 2009 haya sido una de las comunidades que más dinero ha recibido en este concepto. Según dijo, en 2009 Canarias percibió en virtud de la ley 11.510 euros por persona –cuando el coste total calculado por dependiente y año es de 9.256 euros.
Además lamentó que no se estén creando servicios nuevos de atención –como la teleasistencia- y sí se desvíen estos fondos a centros sociosanitarios “que ya contaban con fuentes propias de financiación al margen de esta ley” y que “sólo atienden a personas mayores de 65 años”, dejando fuera a numerosas personas que siendo dependientes no están dentro de ese margen de edad.“
La media de tramitación de solicitudes en Canarias es de 22 meses”, afirmó, algo que tachó de “insulto” para las personas que necesitan este tipo de ayudas, de las que afirmó que 1.500 “se han quedado ya en el camino” a la espera de que sus instancias hayan sido tramitadas. Asimismo, insistió en solicitar a la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, “en que modifique el sistema centralizado y lo cambie para transferir recursos a los Cabildos y Ayuntamientos que son las administraciones más próximas a los ciudadanos”, finalizó.
Fuente : canariasaldia.com
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