El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo denunció hoy los "más de 10.000" informes de valoración de la dependencia de ciudadanos de la capital que han "desaparecido, se han perdido o que no han llegado" al Gobierno regional, motivo por el que criticó la "complicidad" entre Consistorio y Comunidad en el "boicoteo" de la ley.
Las críticas del socialista se produjeron después de que la delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, confirmara hoy en la comisión del ramo que, a fecha de 11 de noviembre, el número de solicitudes de valoración recibidas en el Ayuntamiento era de 58.651, de las que 55.919, esto es, más del 95 por ciento, "ya han sido remitidas a la Comunidad de Madrid", con sus correspondientes informes sociales de entorno.
Para Zerolo, esta cifra no es más que "escándalo" ya que el propio Ejecutivo autonómico reconoció el pasado 1 de noviembre, haber recibido 44.481 informes de valoración, supuestamente de los 179 municipios que integran la región.
El socialista calculó que más o menos la mitad de los informes de valoración podrían proceder de la capital, por lo que "a día de hoy se podría hablar de la desaparición de casi 20.000 expedientes de familias madrileñas que no han llegado a donde deberían llegar".
"Ustedes creen que el Ayuntamiento es un buzón y no tiene competencia alguna, que sólo las tiene la Comunidad pero, si no tienen más, pídanlas", reclamó el edil después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara un artículo de la Orden del 17 de diciembre.
En definitiva, y siempre según los socialistas, lo que el TSJM dice es que todas las personas que han solicitado el reconocimiento del grado y nivel de dependencia y que no han recibido respuesta en seis meses tienen derecho a ser atendidos. Para Zerolo el hecho de que la Comunidad no haya recurrido implica el reconocimiento de que habían legislado "de manera inadecuada", algo que tratan de enmendar ahora con una ley que incluye el silencio administrativo negativo.
Dancausa matizó que la sentencia establece que si la Comunidad quiere establecer el silencio administrativo negativo no puede regularlo por una Orden, sino a través de una norma con rango de ley, de ahí que el Gobierno regional "haya anunciado su intención de iniciar una reforma normativa en este sentido, igual que también aseguró que nadie se verá privado de la ayuda".
La edil aseveró que el Ayuntamiento de Madrid está plenamente preparado para atender los casos de dependientes que se le presenten gracias, entre otras cuestiones, a la creación de la Subdirección de Atención a la Dependencia, con 33 nuevos puestos de trabajo, a la incorporación de 102 nuevos trabajadores sociales o la aprobación de una nueva ordenanza que regula el acceso a la ayuda a domicilio y a los centros de día.
Además, la responsable de Familia manifestó que las funciones que tienen los ayuntamientos en la aplicación de la Ley de la Dependencia son "muy limitadas". Por ello instó a los socialistas a preocuparse por la regulación, aún pendiente, del copago, en manos del Gobierno central, o por el desarrollo del sistema informático para conocer la realidad de la aplicación de la Ley en cada Comunidad Autónoma.
"Mientras tanto, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestras competencias, y con algunas más, para garantizar que ningún madrileño esté desatendido", concluyó la delegada tras recordar que la ordenanza recientemente aprobado incluye el silencio administrativo positivo.
Fuente : europapress.es
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