El número de visitas a centros y residencias pasa de 25 a 40 para garantizar que se cumpla con la normativa · La administración incluye también ahora las inspecciones en los domicilios
La Ley de la Dependencia nació con el objetivo de cubrir las necesidades sociales de aquellas personas que necesitan una atención especializada al no poder valerse por sí mismas.
La normativa establece ayudas -sociales y económicas- destinadas a este colectivo, unas subvenciones que, aunque no sea la norma general, son utilizadas por algunas personas en beneficio propio.
Esto quiere decir que la Junta de Andalucía está detectando casos de fraude en el proceso de valoración por lo que ha incrementado las inspecciones para evitar que algunas familias deriven a otros usos el dinero percibido por atención en el hogar. La administración también está revisando que las empresas de ayuda y teleasistencia den sus servicios de forma correcta.
Para garantizar este derecho, la delegación de Igualdad de la Junta ha incrementado las inspecciones que se realizan en los centros, residencias e incluso en los domicilios. En principio, el plan contemplaba realizar 25 inspecciones por cada una de las prestaciones, pero desde este servicio se ha ampliado hasta las 40. Además, se ha sumado otra nueva modalidad, la de supervisar las prestaciones vinculadas al sistema de atención a personas con dependencia. Éste contempla 40 revisiones en domicilios de dependientes con prestación económica en el entorno familiar, 40 a casas de personas que reciben ayuda a domicilio y otras tantas para aquellos beneficiarios que tienen en sus casas el servicio de teleasistencia.
Hasta el momento se han inspeccionado 144 centros incluidos dentro del catálogo de servicios sociales de la provincia, según los datos facilitados por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social. En concreto, se han visitado 13 centros ocupacionales, 64 residencias para personas mayores, 17 residencias para discapacitados, 39 unidades de estancia diurna, siete viviendas tuteladas, dos centros de atención a la mujer y dos instituciones colaboradoras de Infancia y Familia.
Los inspectores que se trasladan hasta los centros valoran dos tipos de requisitos: materiales y funcionales.
En el primer grupo entraría todo lo relacionado con el mobiliario y la estructura como "las medidas anti-incendios, el estado de la enfermería o el número de camas por habitación", según explicó a El Día el secretario general del Servicio Provincial de Inspección, Feliciano Segura. Entre los aspectos funcionales se tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del centro o residencia que se estudia. "Que haya una ratio adecuada o que las actuaciones con los dependientes sean las correctas", explicó Segura.
También en los domicilios se ve si la teleasistencia realiza su trabajo y se revisa que la cuidadora esté atendiendo a la persona dependiente en el horario que se ha establecido e incluso en algunas ocasiones, se intenta mantener una entrevista con el dependiente para conocer su opinión.
Además, de las inspecciones que contempla la Junta, la administración autonómica puede también actuar si recibe alguna denuncia de particular. En el caso de que el Servicio de Inspección detecta alguna irregularidad se levanta un acta de infracción, que determina el inicio un procedimiento sancionador. Segura explicó que la delegada nombra entonces a un instructor del caso y se procede al análisis de todos los documentos. Entonces se le comunica al centro o residencia los aspectos denunciados y se abre un plazo de alegaciones. Tras una primera propuesta, y si el centro no subsana los errores, se dicta la resolución final que puede ir desde una multa económica incluso hasta el cierre o clausura de la residencia.
Fuente : eldiadecordoba.es
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