La implantación de la Ley de Dependencia es tan desigual por comunidades que mientras algunas avanzan a buen ritmo en otras los ciudadanos se desesperan por una ayuda. En Canarias, por ejemplo, que presenta los peores datos de España en numerosos capítulos, el 66% de las personas con derecho reconocido a una ayuda aún espera por ella. La media española es del 38%. Ahí es nada. Nosotros casi la doblamos.
Un informe elaborado por Comisiones Obreras pone de manifiesto, además, cómo se están disparando las prestaciones económicas frente a los servicios, que la ley considera prioritarios. En ese apartado tres comunidades, según este informe, muestran equilibrio en las ayudas. País Vasco, La Rioja y Extremadura.
La Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias “tienen una implantación tan escasa de la ley respecto a su población, que sus datos no alcanzan consistencia estadística”. ¿Y?, nada. Los políticos, los gestores de nuestras miserias, de nuestras enfermedades, como si oyeran llover. No digo yo que les de igual, pero perder el dueño, no lo parece.
CC.OO dice que la lista de espera de ciudadanos dependientes que tienen derecho a una ayuda “y que el Estado debe liderar la interpretación adecuada de la norma para garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a sus derechos”, no reciben respuesta.
Dios, Dios. Cuándo aparecen estos datos recordamos, ¡Oh!, que en estas islas hay vecinos que estando discapacitados no tienen quien les eche una mano; los medios de comunicación han dado buena cuenta de esos atropellos pero su publicidad solo sirve para llenar unas páginas, indignarse y poco más. Quienes tienen la obligación de dignificar esas situaciones, viven lejos de una realidad, de esa realidad que no les gusta porque afea e incomoda. No ganamos para disgusto en las islas porque si dejamos a a un lado a los discapacitados (no incluyo algunos políticos, no…), y entramos en la sanidad, en el funcionamiento del SCS es cómo, dice un amigo, para botarse a la bebida.
Veamos. Últimamente, el Gobierno de Canarias ha desarrollado una intensa campaña propagandística emplazando a los ciudadanos a insistir en el debate vital de la sanidad pública. Y nunca mejor lo de vital, ya que para muchos la situación de la sanidad canaria es hoy cuestión de vida o muerte. Esa línea la separa la medicina pública y la privada.
Deterioro sanitario evidente
Cierto. Desde hace años asistimos a un considerable deterioro de la sanidad pública para regocijo de la sanidad privada que se beneficia de conciertos que los gobiernos de CC y PP han desarrollado con diligencia. Se ha ido produciendo la descapitalización del sistema público en beneficio de los centros privados y eso no es un secreto para nadie. Las listas de espera en Canarias son las más largas del Estado español, además del escaso tiempo que los médicos de Atención Primaria (escasez de recursos y elevado número de pacientes) le dedican a los enfermos y otras lamentables condiciones de trabajo como la alta precariedad laboral.
Esta falta de recursos explica en gran parte las graves deficiencias del sistema sanitario español al que no es ajeno Canarias. Tenemos el porcentaje más bajo (30%) de población que manifiesta satisfacción con el sistema sanitario (Encuesta de salud del EUROSTAT) aunque los directivos de la sanidad en Canarias estén felices y contentos con ese pobre dato. Así son de irresponsables. Además, si hablamos de pobreza contamos con las mayores tasas de nuestro entorno en cuanto a mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias, resultado del control deficitario de la higiene alimentaria y ambiental.
Si a todo esto leemos como el Presidente del Sindicato de Médicos, Isidro Rexard, dice que el gobierno canario “no es de fiar porque no cumple” o que “los recortes presupuestarios que anuncia la consejera Roldós va contra la calidad de los servicios”, mejor será cuidarse.
Isidro Rexard saca la lengua a pasear y ha dicho asimismo que un recorte de unos 80 millones de euros en el área sanitaria, tal como anuncia Roldós y los suyos, supone que se van a perjudicar los servicios esenciales, la congelación salarial y desaparecerán las ayudas sociales de los trabajadores.
Marisol Ayala
Fuente : teideactualidad.com
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